La fiscal descarta irregularidades en las residencias de Asturias durante la pandemia
Asturias
María Esther Fernández señala que sólo mantiene abiertas diligencias de investigación sobre el Instituto Gerontológico Astur, en Gijón
04 Sep 2020. Actualizado a las 13:50 h.
La fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, ha asegurado este viernes que no ha detectado irregularidades en la gestión de la pandemia en las inspecciones realizadas en las residencias geriátricas en el Principado y tan sólo mantiene abiertas diligencias de investigación sobre el Instituto Gerontológico Astur -antigua residencia El Carmen-, en Gijón.
Fernández, que ha presentado hoy la memoria de actividades de 2019, ha destacado que el seguimiento de la Fiscalía sobre la actuación de las residencias geriátricas, tanto públicas como privadas, por su gestión de la crisis sanitaria es «exhaustivo».
Ha recordado que el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, incoó un expediente gubernativo para dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscalía General del Estado para conocer de primera mano el control que las residencias realizaban sobre los fallecimientos de residentes y en qué condiciones se producían.
La Fiscalía conoce «al minuto» y la transparencia sobre la actuación de las residencias es «absoluta» a través de los informes que diariamente reciben para acceder a los datos de casos activos y medidas adoptadas para su control, según ha recalcado su máxima responsable.
En las inspecciones realizadas, según ha explicado, no se ha detectado ninguna irregularidad y sólo se recibieron dos denuncias, una de Vox y otra de un residente de Avilés que, tras un ingreso hospitalario, regresó al centro de mayores sin haber sido sometido a la prueba del coronavirus y en ambos casos fueron archivadas.
Fernández también se ha referido a las advertencias de las plataformas de familias sobre el posible absentismo escolar al que podrían recurrir si no se dieran las condiciones higiénico-sanitarias en los centros.
En este sentido, ha explicado que se analizará «caso por caso» las razones del alumnado que no acuda al colegio y, si de este examen se deduce que no hay argumentos que justifiquen el absentismo y sólo se debe a un posicionamiento personal, «se actuará en consecuencia».
La Fiscalía en ese supuesto incoaría diligencias de tipo civil, ha manifestado la fiscal, que ha puntualizado que también se podría recurrir a la aplicación del artículo 226 del Código Penal que lleva aparejada una multa, pero también se podría motivadamente solicitar la inhabilitación para el ejercicio del derecho a la patria potestad; según informó EFE.