Asturias registra un aumento de delitos de acoso sexual

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, ha advertido este viernes del aumento de delitos de acoso sexual y distribución o tenencia de material pornográfico. Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias relativos al año 2019, Fernández ha señalado que disminuyeron un 13,3% los delitos contra la libertad sexual, registrándose 272 frente a los 314 de 2018, cuando se registró en Asturias la cifra más alta de delitos contra la libertad sexual de los últimos años.

No obstante, aumentaron los delitos de acoso sexual y distribución o tenencia de material pornográfico. Sobre este grupo de delitos, que representa el 0,79% del total, se realizaron 83 escritos de acusación y se registraron 67 condenas (21 más que durante 2018). Al respecto, Fernández ha incidido en lo «tremendamente peligrosos y dañinos» que son los acosos por redes sociales al conjugarse el anonimato de los acosadores con la elevada capacidad de repercusión de estas plataformas de difusión. Por ello, ha apelado a la «educación» en el uso de las nuevas tecnologías.

Además, en la memoria de 2019 se apunta que ocho de cada diez acusaciones por delitos contra la libertad sexual rematan con sentencia condenatoria. «Este importante porcentaje de condenas se debe básicamente a la posibilidad de identificar al autor del hecho debido, sobre todo, a los avances científicos», explican desde la Fiscalía.

Igualmente, apunta que se mantiene «un importante número de delitos contra la libertad sexual contra menores». «Destaca el importante número de causas registradas con víctimas menores de edad con las que el investigado mantiene conversaciones de contenido sexual a través de WhatsApp y les pide fotografías de carácter erótico o pornográfico».

«Son pocos los casos en los que el agresor no conoce a su víctima o la elige al azar», resaltan desde la Fiscalía, añadiendo que en 2019 también se han registrado en Asturias supuestos de agresiones sexuales a personas con sus capacidades anuladas o disminuidas por la previa ingesta de alcohol o drogas, según informa Europa Press, o contra persona que padecían algún tipo de discapacidad.