Una jueza asturiana actúa de oficio por primera vez en una fosa de víctimas del franquismo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuando procede a la exhumación de una fosa de víctimas del franquismo y encuentra restos humanos, pone una denuncia. Sin embargo, en su última intervención en Asturias, en una finca de Grado que podría ser la tumba de más de medio centenar de asturianos fusilados en varias fechas entre 1936 y 1938, no les dio tiempo.

El primer día, el pasado 14 de julio, de prospecciones ya encontraron restos de al menos tres personas y 19 casquillos en una zona muy concreta cuya posición apunta a que allí mismo se formaba el pelotón de fusilamiento. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, agentes del laboratorio de criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo se habían desplegado en el lugar de las prospecciones por orden de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Grado, que aplicó el mismo protocolo judicial y policial que se establece en la investigación de un delito violento.

Los agentes, además de tomar declaración a varias personas que habían participado en la exhumación, recogieron restos óseos y de balística. Los restos humanos se llevaron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Oviedo para ser analizados y la jueza ordenó que se detuviera la exhumación al menos mientras dure la investigación policial de todo lo recabado. «Estamos a la espera de que decida si sigue con la investigación o la archiva», explica el historiador David Fernández, de la ARMH, que señala que lo habitual es que el caso se archive en base a la Ley de Amnistía, que considera que los crímenes de la represión franquista han prescrito. Fuera de España, estarían considerados crímenes de lesa humanidad, los delitos de derecho internacional más graves.

Realmente es una incógnita en qué acabará este proceso judicial. Pero, en todo caso, si la jueza decidiera archivarlo, las labores de exhumación continuarían en esta finca, que el Ayuntamiento de Grado (gobernado por IU) compró en 2018 por unos 65.000 euros para proteger la fosa y dignificar el lugar en el que se desconoce cuántos soldados republicanos y civiles fueron asesinados y/o enterrados. Siempre se habló de cientos.

La investigación del equipo de la Universidad de Oviedo que elaboró el mapa de las fosas comunes de Asturias consiguió identificar a 25 con nombre y apellidos: siete mujeres y 18 hombres. El más joven tenía 13 años cuando se le dio por muerto el 12 de octubre de 1936. Se llamaba Jesús García Fernández y vivía en La Mata, de donde también era vecina la mujer más mayor de ese listado. Manuela Fernández González tenía 80 años y su fallecimiento consta en la misma fecha. Ese 12 de octubre fueron ocho las personas que, según el listado de los investigadores de la Universidad de Oviedo, fueron enterradas en esta fosa.

En Grado, un concejo en el que hay al menos 14 fosas comunes de víctimas del franquismo, la guerra se vivió desde 1936 hasta octubre de 1937. La primera fecha que consta en ese listado de fallecidos de esta fosa data del 5 de octubre de 1936 y, la última, del 20 de diciembre de 1938. El modus operandi de los asesinatos, al menos para quienes vivían en Grado, era casi siempre el mismo.

Los vecinos represaliados, incluido otro chaval de 15 años que se llamaba Ángel Álvarez Flórez y vivía en Bayo, eran capturados, les metían en el centro de detención en que habían convertido el chalé de Patallo y, casi siempre de la noche a la mañana, no se volvía a saber de ellos. El chalé de Patallo, en donde constan terribles interrogatorios con torturas y asesinatos, fue cárcel por lo menos entre octubre de 1937 y abril de 1938. También consta el terror que provocaba escuchar los disparos en la finca, situada a orillas del río Cubia, en la que se encuentra esta fosa de Grado, una de las mayores de Asturias. La casa Patallo está a cinco minutos de la finca, situada entre Llantrales y El Rellán.

A esa finca se la conoce por muchos nombres. Por el de estos dos pueblos, Llantranes y el Rellán, y por La Chabola. Por La Mata. Y también como El Bailache o La Gochera. Este último nombre se debe a que, en los años 50, se construyó una granja de cerdos que hoy está abandonada. Un agravio tan simbólico como el hecho de que en 2016, en Grado, se avanzara en la reparación de la memoria histórica del concejo inaugurando el parque de la Memoria Histórica con un monumento que se llama Memoria herida.

La finca, que había sido trinchera antes de convertirse en la última parada de aquellos camiones que llevaban a los condenados a muerte sin juicio alguno, hasta los años 60 tuvo una zona dedicada a un baile de salón y de ahí lo de El Bailache. «Siempre se supo lo que había pasado en esa finca y siempre estuvo mal visto lo de la granja de cerdos», indica David Fernández, que explica que, desde que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica empezó a investigar y a recopilar testimonios sobre lo ocurrido en esa finca, «las reacciones siempre han sido positivas y todo han sido muestras de apoyo».

En Asturias, no se sabe exactamente cuántas personas fueron represaliadas por defender la legalidad republicana, pero se calcula que al menos una de cada tres familias asturianas lo fue. «Como la fosa es tan grande, muchas familias se han puesto en contacto interesándose», dice Fernández, que explica que la ARMH hizo un llamamiento, y lo sigue haciendo, para encontrar a posibles familiares de las víctimas enterradas en esa finca. Al menos una docena de los que se han puesto en contacto lo son de las 25 personas identificadas con nombre y apellidos. Otros, aunque sus familiares no estén en ese listado, saben que los cadáveres fueron enterrados en la finca. Y otros piensan que pueden haber sido enterrados en ella.

La ARMH, mientras espera la decisión de la jueza de Grado, está realizando prospecciones en Teverga, en otra finca en la que buscan a uno de los más de 20.000 asturianos represaliados -que se sepa- durante la Guerra Civil y la dictadura. En la de Grado, dan por hecho que una vez que retomen los trabajos encontrarán más de una fosa. Lo que no tienen tan claro es que acabará esta actuación judicial que, tras tantos años sin verdad, justicia ni reparación, cuando menos es atípica.