Anticorrupción rechaza los argumentos de Mallada en el Caso Hulla

La Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido seguir el procedimiento judicial abierto contra toda la corporación de Aller que cedió los terrenos para construir el geriátrico de Felechosa, incluida la actual portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, considera que el argumento de la diputada popular para explicar su voto favorable «carece de justificación jurídica».

La construcción de ese equipamiento con cargo a los fondos mineros está en el foco de la investigación abierta en el denominado caso Hulla para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el ex secretario general del sindicato SOMA-UGT y ex dirigente del PSOE José Ángel Fernández Villa, y José Antonio Postigo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que lleva la causa había solicitado la formación de una pieza separada del caso Hulla dada la condición de aforada de Mallada, que el pasado lunes prestó declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La Fiscalía, que atribuye a Mallada y al resto de los investigados los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística, considera que su conducta fue «indiciariamente arbitraria y carece de la menor justificación jurídica» y se opone a la petición de la diputada popular para el sobreseimiento y archivo de las diligencias seguidas contra ella.

En un escrito remitido al TSJA al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción señala que las afirmaciones de la portavoz popular de que basaba su voto en la «oportunidad política y de índole social» que suponía la construcción del geriátrico «en nada puede servir de fundamento».

Según la Fiscalía, Mallada no aportó justificación alguna para «el inmotivado levantamiento» de los reparos de los técnicos sin que legitime su actuación el hecho que esa fuera una dinámica habitual en el Ayuntamiento, donde era portavoz del PP, que se encontraba en la oposición en una corporación gobernaba por el PSOE, ambos con 7 concejales y donde IU tenía tres.

El escrito señala que, a pesar de las advertencias de los técnicos, Mallada no ha justificado las razones para que el Ayuntamiento ejerciera de intermediario con la finca y no supo dar razón «de por qué votó a favor» cuando ni siquiera se incoaron los expedientes administrativos pertinentes ni se incorporaron los informes preceptivos como habían informado los técnicos municipales.

La Fiscalía señala que la actual diputada del PP y candidata en las elecciones autonómicas se apoya para validar su actuación en un informe externo del Montepío «que nadie en este procedimiento ha visto» y que pudiera estar «en entredicho» ante el conflicto de intereses existente.

Además, incide en que, al final de su declaración, Mallada señaló que, si bien lo prudente hubiera sido abstenerse, no podía dejar de hacerlo si era beneficioso para el municipio y que contaba, «doce años después de los hechos», con un dictamen jurídico de un catedrático que amparaba su actuación y que, sobre esa base, hoy volvería a votar a favor.

Con su declaración, asegura la Fiscalía, Mallada corroboró que su voto favorable «respondía a motivos de oportunidad política, como la totalidad de los investigados» y añade que, por muy beneficioso que pudiera ser el proyecto para los vecinos, se hizo al margen de la legalidad, una conducta «tan indiciariamente arbitraria que carece de la menor justificación jurídica».

Postigo como inductor

Así; la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior Justicia de Asturias (TSJA) que continúe con el procedimiento judicial abierto contra la corporación municipal de Aller entre 2008 y 2010, de la que formaba parte la portavoz del PP en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, por la cesión gratuita de los terrenos para construir una residencia geriátrica.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía atribuye los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística a los 17 concejales de la corporación y, como inductor, a José Antonio Postigo, entonces presidente del Montepío de la Minería que ejecutó las obras de construcción del geriátrico con fondos públicos.

La construcción de ese equipamiento con cargo a los fondos mineros está en el foco de la investigación abierta en el denominado caso Hulla para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el ex secretario general del sindicato SOMA-UGT y ex dirigente del PSOE José Ángel Fernández Villa, y José Antonio Postigo.

Según la Fiscalía, los miembros de la corporación -gobernada por el PSOE con siete concejales, los mismos que el PP y en la que IU tenía tres ediles- llevaron a cabo la compra al Ayuntamiento de MIeres de los terrenos situados en Felechosa y su posterior cesión al Montepío, así como la remoción de los obstáculos urbanísticos que impedían la ejecución del proyecto.

Además, los considera responsables de las irregularidades administrativas que ampararon la construcción del inmueble sin licencia urbanística y del otorgamiento de las licencias municipales de obra y actividad y de bonificaciones fiscales en el momento de su concesión.

Para la Fiscalía, desde finales de 2007 Postigo tenía la plena seguridad de que el proyecto se iba a financiar con fondos mineros y de que desde el Ayuntamiento de Aller no se pondría obstáculo alguno pese que a que los terrenos no pertenecían al Montepío y que la normativa urbanística no los hacía aptos para albergar dicha construcción al ser suelo no urbanizable.

La compra de los terrenos contó ya con los informes desfavorables de la Secretaría General y de la Intervención municipal por los numerosos incumplimientos de la normativa administrativa, reparos que fueron levantados por unanimidad por el pleno «sin motivación alguna».

Posteriormente, y pese a contar también con los informes desfavorables de Secretaría e Intervención, se aprobó también por unanimidad la cesión de los terrenos al Montepío, que el 20 de febrero de 2009 pidió licencia para movimientos de tierras, estudios geotécnicos y colocación de grúas, que fueron informados desfavorablemente por los servicios técnicos y jurídicos al haberse acordado la suspensión de licencias mientras se revisaba el plan urbanístico.

Pese a ello, según la Fiscalía, las obras se iniciaron en mayo cuando no se había aprobado ningún instrumento de planeamiento que diera cobertura a dicha construcción dado que contaban con la autorización verbal del alcalde, Gabriel Villalta, y del concejal de Urbanismo, David Moreno, pese a que conocían la ilegalidad de la ejecución y sin adoptar ninguna medida para paralizarlas.

En septiembre de 2010, nueve meses después de que se aprobara la revisión del plan urbanístico, la Junta de Gobierno concedió licencia de obra mayor para autorizar el proyecto «a sabiendas de que la obra ya estaba muy avanzada» y se habían emitido ya 17 certificaciones de obra para ir cobrando la subvención que aportaba el Instituto para la Reestructuración de la Minería.

La licencia de obras fue concedida según el proyecto de Manuel Sastre Fernández fechado el 10 de febrero de 2008 «fecha anterior al contrato con dicho arquitecto y a todos los actos descritos» y el técnico municipal fijó una tasa de 212.100 euros dado que el presupuesto se cifraba en 10 millones de euros pese a conocer que el coste del proyecto era de 31 millones.

En mayo de 2012 se concedió la licencia de apertura por el alcalde que, tres meses antes dictó una resolución en la que accedía al cambio de las sucesivas actuaciones a nombre de la mercantil «Residencia de Mayores La Minería S.L.», una sociedad con ánimo de lucro constituida 'ad hoc' por el Montepío antes de solicitar la subvención con cargo a los fondos mineros.

Según la Fiscalía, el proyecto lo habrían llevado al Ayuntamiento el alcalde, el concejal de obras y la edil de turismo, «ésta por amistad directa con el presidente del Montepío» según afirmaron otros dos ediles del PSOE, y, al menos el presidente de la corporación, influyó decisivamente en todos los integrantes del pleno para que lo aprobaran.