Dos pasos para la llingua: el uso en el parlamento y el Conseyu Asesor en septiembre

La «nueva normalidad» también llega al ámbito político y la actividad del Ejecutivo asturiano comenzará a dar pasos para avanzar en el terreno perdido por la pandemia en los últimos meses; son varias las cuestiones que habían quedado demoradas y, entre ellas, algunas iniciativas relacionadas con el fomento de la lengua asturiana. Para este mismo mes de julio ya estaba pensado el arranque del Conseyo Asesor de Política Llingüística, pero finalmente se constituirá en septiembre. El consejo, que forma parte del organigrama de la Consejería de Cultura, deberá evaluar antes de que termine el año los primeros trabajos sobre el posible coste de implementar la oficialidad del asturiano con un modelo propio para la comunidad. Por otra parte, en el pleno de la Junta General que empezará este martes se debatirá la reforma del reglamento de la cámara para permitir el uso del asturiano por parte de miembros del Gobierno después de que fuera vetado, al comienzo de esta legislatura por diputados de PP y Vox.

Tal y como la semana pasada se puso en marcha la Mesa del Horru; la Consejería de Cultura ya ha iniciado los primeros contactos para constitur el Conseyu Asesor de Política Llngüística, del que, según ha podido saber La Voz de Asturias, formarán parte como miembros natos tres instituciones: La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), la Universidad de Oviedo, y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Otros de los miembros de este consejo serán personas de reconocido prestigio en el ámbito académico y cultural que también prestarán labores de asesoramiento y podrían completar el organismo representantes de algunos de los principales colectivos y asociaciones históricas en defensa de la llingua asturiana. Cultura ha marcado en el calendario el mes de septiembre para la formación definitiva del nuevo organismo.

A finales de año debería estar entregado uno de los trabajos que formará parte de las deeliberaciones iniciales del consejo, un estudio para evaluar el coste de la oficialidad de la lengua asturiana según un modelo propio del Principado. En principio, y aunque formaciones de extrema derecha han difundido estudios sin base real que magnifican de forma desproporcionada el coste del reconocimiento legal pleno de la llingua, el Principado apuesta por un diseño moderado que desde la ALLA se ha estimado en alrededor de 20 millones de euros anuales.

Desde el PSOE se ha destacado que su apuesta pasa por un modelo de «oficialidad amable» en el que ninguno de sus detractores pueda aducir que sufre imposición de una lengua; como una materia troncal en el ámbito educativo y una presencia del 50% en los medios públicos. Con la legislación actual, con la Ley de Uso vigente de los años 90, cualquier ciudadano en Asturias puede dirigirse a la administración en lengua asturiana pero, al no ser oficial, la administración no tiene obligación de responder en ella. En realidad este es el cambio principal de un cambio legal que, en todo caso, tampoco sería muy cercano: se precisa una reforma del Estatuto de Autonomía que a su vez requiere tres quintas partes de la cámara: es decir 27 escaños. En esta legislatura apoyan explícitamente en sus programas electores los grupos de PSOE, Podemos e IU, que suman 26 escaños.

La reforma del reglamento

Pero del papel a la realidad hay un trecho y precisamente por eso de va a debatir la reforma del reglamento de parlamento autonómico en el pleno que comienza este martes para permitir el uso del asturiano. La propuesta de Izquierda Unida quiere que se garantice el derecho de los miembros del Ejecutivo a usar la llingua en sus comparecencias después de que a comienzos de la legislatura PP y Vox negaran que pudiera hacerlo la consejera de Cultura Berta Piñán.

Desde hace años no resulta infrecuente que los diputados se dirijan en asturiano al pleno si lo consideran conveniente y nunca se había registrado ninguna protesta. Pero el pasado mes de octubre, al hacerlo en una comisión la consejera de Cultura se lanzó una doble reclamación por parte de la diputada popular María Gloria García, que exigió «traducción simultánea» y también por parte del portavoz de Vox, Ignacio Blanco que directamente solicitó que no se permitiera hablar en asturiano. Tras consultar a los letrados de la cámara, los servicios jurídicos llegaron a la conclusión, ciñéndose a la más estricta literalidad de la normativa, de que este derecho sólo servía para los diputados elegidos en los comicios, a los cargos electos, mientras que los miembros del gobierno, designados por el presidente, no podían ampararse en él. 

La reforma que se debatirá esta semana pretende garantizar el derecho de cualquier persona a hablar en asturiano ante la cámara, algo que, en rigor, ya recoge la Ley de Uso. Queda sin embargo la duda de que si los diputados detractores del asturiano reclamarán que se llame a un traductor simultáneo, aduciendo que no comprenden lo que se dice y que se vulnera su derecho constitucional a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Carta Magna) y, de paso, hacer ver que el uso del asturiano supone un gasto adicional.

Se da la circunstancia de que la diputada popular exigió que Berta Piñán no pudiera hablar en asturiano y que pidió ese traductor en octubre, había leído un texto en asturiano de la propia Piñán la anterior legislatura en el hemiciclo durante la celebración del Día de les Lletres Asturianes.