Asturias se prepara para la gran reordenación de recursos y personal postpandemia

La pandemia no ha sido vencida y, a pesar de la apertura de la economía y la vida social, el balance en Asturias es terrible: más de 300 muertos víctimas de la enfermedad y un agujero en las cuentas públicas que supera los 200 millones de euros, al menos, por la suma del aumento del gasto sanitario y la caída de ingresos. Ante este panorama, el Ejecutivo autonómico se dispone a emprender una amplia reforma de recursos y personal, en ambos sentidos aunque a ritmo diferente y que no será sencilla sino que en varios aspectos será como tratar de encajar un pieza cuadrada en un agujero redondo. Ya está habilitada desde hace semanas la Consejería de Hacienda para reclamar al resto de departamentos una reordenación de sus fondos que permita afrontar mejor los gastos provocados por el coronavirus y este lunes el Principado lanzó el primer globo sonda sobre una reforma de la administración pública que busca convertirse en más ágil y también reforzar el personal sanitario.

Pero los recursos son finitos y para ampliar en un lugar será preciso menguar en otro lo que ha despertado no pocas suspicacias especialmente en los sindicatos a falta de que el Gobierno concrete sus planes para modificar la actual plantilla de funcionarios. En el terreno de los números, en lo que atañe a la reordenación de las cuentas, buena parte de los resultados dependerán de lo que se decida en el Congreso de lo Diputados sobre los criterios finales del Fondo de Compensación autonómica por la pandemia ya que debe concretarse lo que pasará con el tramo destinado a Educación. 

Según reconoció el presidente Adrián Barbón, Asturias espera recibir alrededor de 280 millones de euros de los 16.000 habilitados por el Ejecutivo central dentro del fondo de compensaciones no reembolsable por el coronavirus. Se trata de una ayuda importante por parte del Estado con la ventaja de que no debe ser devuelta y que se ha dividido en apartados distintos como sanidad, educación o caída de ingresos. En el primer punto se acogió la demanda de Asturias de tener en cuenta la población protegida, de manera que se valora el envejecimiento, pero por el lado de la Educación Asturias cuenta con una población escolar minúscula en comparación con otras comunidades con lo que no saldrá beneficiada. Barbón había incidido en que el reparto entre territorios debería tener en cuenta la fiscalidad e inversión pública de cada comunidad, dado que Asturias cuenta con una partida dedicada a Sanidad superior a otras comunidades pero Madrid se llevará un bloque enorme del fondo sin haber revisado sus rebajas de impuestos que desde el Principado se consideran dumping fiscal.

 Además la propia evolución de la pandemia marcará el reparto de los últimos tramos, ya en otoño, y para esa entrega se tomarán en consideración datos de hospitalizaciones en planta y UCIs a fecha de 31 de octubre. Es una fecha marcada en el calendario para la reforma de las cuentas autonómicas. Otras es mediados de julio; por entonces tendrá que haberse convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que defina las reglas de estabilidad: objetivos de déficit, deuda y techo de gasto. Son esenciales, al igual que el monto concreto que recibirá Asturias del Fondo de Compensación, para definir las cuentas de la comunidad, las del presente reordenadas y las del futuro.

Asturias aprobó los primeros presupuestos de la legislatura con un acuerdo transversal en el que participaron por respaldo o abstención partidos como Ciudadanos o Foro pero esas cuentas se han visto superadas por la realidad. Hacienda urgió a las consejerías a que definan qué gastos serían menos urgentes para poder reforzar a Sanidad, en el punto de mira está Infraestructuras por ser el departamento con mayores partidas destinadas a inversión, muchas de esas actuaciones tendrán que sufrir demoras.

Lejos del control de la política estrictamente autonómica está lo que vaya a pasar con los presupuestos generales del Estado. El Gobierno lleva funcionando con los presupuestos de Montoro, del último mandato de Rajoy, desde la moción de censura. La caída de su último proyecto (por la falta de apoyo de ERC y que abocó al adelanto electoral) hizo que se cayera una importante iniciativa para Asturias, la manera de compensar la deuda pendiente por retrasos del IVA y que supondrían 75 millones para el Principado. Antes del estallido de la pandemia, Asturias esperaba una solución negociada con el Ministerio que evitara recurrir a los tribunales.

¿Qué hacemos con los funcionarios?

Mientras está por definir la modificación de las cuentas, el Gobierno asturiano ha ya avanzado su intención de reformar el personal de la administración pública, en principio  «sin recortes», según dijo el presidente aunque sin declarar exactamente cómo. En los sindicatos hay el temor de que el Principado opte por una amortización de puestos, evitando como hasta ahora cubrir aunque fuera con interinos los fijos, o por jubilación, una táctica muy habitual en el pasado y que, sin embargo, se encuentra ahora con el intento de los gobiernos centrales de evitar a toda cosa retiros anticipados. 

Sería posible, según señalan desde las centrales y siempre que hubiera un diálogo previo, que hubiera traslados entre consejerías. Que en ubicaciones en las que la carga de trabajo sea menor puedan moverse auxiliares a otros departamentos con más funcionalidad en el presente, pero siempre, según recalcaron, respetando los derechos laborales. Los sindicatos, a falta de conocer las ofertas del Gobierno, señalan que las llamadas a reforzar sanidad les hacen temer una mengua en administración y servicios pero recuerda que es allí también donde se encargan de la gestión de numerosas políticas sociales, desde Establecimientos Residenciales de Asturias, el ERA, a los trámites de las solicitudes de la Ley de Dependencia.

Precisamente respecto a este último punto se refirió tras el último Consejo de Gobierno el presidente Barbón al señalar que su intención era que con el arranque del ingreso mínimo vital estatal (y dado que Asturias no pujará por su gestión) se liberen recursos de personal hasta ahora dedicados al Salario Social para hacer frente a la lista de espera en dependencia.

Barbón habló de evitar duplicidades y estudiar «fusiones» posibles así como revisar todo tipo de organismos públicos. Habló de evitar una cifra, la de 50.000 funcionarios que, asegura, podría llevar a la quiebra a la administración asturiana. Principado y sindicatos estiman que puede haber unos 37.000 trabajadores públicos en Asturias, una cifra que no se quiere aumentar, en principio se quiere trasladar, pero que obligará a cambiar la administración diseñada en los años 80. Las centrales avisan, es necesario una reforma de la normativa autonómica y estatal sobre el estatuto de los trabajadores públicos.