El Gobierno no aprueba el aval a las electrointensivas y promete ayudas de renovación verde tras cerrar térmicas

Durante el largo periodo que medió entre las elecciones generales de abril y de noviembre además del tiempo en que tardó en formarse un nuevo gobierno, el Ejecutivo Central adujo que los retrasos en la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas se debía a que se encontraba en funciones. Sin embargo, las demoras han continuado agravadas además por el estallido de la crisis sanitaria del coronavirus. También ha habido retrasos en la puesta en marcha de un fondo de garantía para que el Estado avalase contratos de compra y venta de energía renovable por parte de las industrias electrointensivas con el objetivo de que consiguiesen electricidad más barata, la gran reivindicación del sector, y que estaba anunciada (como un fondo de 600 millones de euros) para este martes.

Sin embargo, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y responsable de Transición Energética, Teresa Ribera, no anunció ninguno de estos proyectos sino que avanzó un nuevo real decreto ley para fomentar la implantación de renovables y propiciar una nueva revolución industrial asociada a la energía verde sin responder a ninguna de las demandas de la gran industria en Asturias. Entre las iniciativas recogidas, Ribera mencionó nuevas regulaciones sobre el almacenamiento de energía solar y eólica y también nuevos modelos de subastas para incentivar la generción de electricidad verde. Tuvo unas palabras para los territorios, como Asturias, aquejados por el fuerte impacto económico del cierre de las centrales térmicas. En concreto, la vicepresidenta señaló que «damos pasos para garantizar que los proyectos renovables lleguen a zonas en las que se van a producir cierres de centrales de carbón que ya no son sostenibles económicamente asegurando que la transición sea justa permitiendo la reestimación de la capacidad de acceso de cada nodo en las zonas de transición justa».

En la práctica esto debería traducirse en ayudas para las compañías propietarias de las térmicas para la sustitución de las plantas actuales, que tiene fecha de caducidad y ya han anunciado varios cierres, por nuevas inversiones en renovables en la misma ubicación. En Asturias la explotación minera en casi residual tras el cierre de las últimas minas y la mayoría del carbón que se consume es de importación. De las cuatro térmicas que tienen actividad en la comunidad, la de Soto de la Barca (Naturgy) y la de Lada (Iberdrola) ya han anunciado su cierre. De momento, las que siguen, aunque con una generación menor con carbón, son las que EDP tiene en Soto de Ribera y en Aboño. Quedaría por conocer si Naturgy e Iberdrola se acogerían a las ayudas del nuevo decreto para una nueva inversión de renovables en la zona, Iberdrola anunció el pasado mes de diciembre su intención de instalar parques eólicos para sustituir la central de Lada, pero las características del terreno impedían la puesta en marcha práctica de tal proyecto por lo que la compañía nunca llegó a concretar ninguna iniciativa. Lo cierto es que a comienzos de marzo de este año, antes del estallido de la pandemia, el consejero de Industria, Enrique Fernández, reconocía en el parlamento autonómico que ni Iberdrola ni Naturgy habían presentado alternativas al cierre de las térmicas en Asturias.

Fernández destacó, eso sí, que le constaban «ciertas iniciativas de empresas, no necesariamente de los titulares de las térmicas», que estarían planteando la posibilidad de reutilizar sus instalaciones. Pero esas iniciativas, indicó, aún no se pueden considerar ni proyectos y están sujetas a cláusulas de confidencialidad que se mantendrán hasta que los promotores lo decidan o un solo euro de dinero público se vea implicado en su financiación.

En León, otra de las zonas más castigadas por la descarbonización, Endesa prometió tras anunciar el cierre de Compostilla, en El Bierzo, usar parte de las instalaciones como plataforma logística para renovables y además una inversión de 341 millones de euros en instalaciones con una potencia de 390 megavatios.

A día de hoy, y dado el enorme consumo de electricidad de buena parte de la industria asturiana (electrointensivas se refiere a aquellas factorías en las que el mayor coste de producción es la tarifa eléctrica), sólo la energía térmica y la nuclear pueden garantizar la continuidad del suministro sin depender de condiciones naturales, como la falta de sol o de viento. Es por eso que tanto partidos como agentes sociales en Asturias se han mostrado decepcionados con las iniciativas de transición energética anunciadas en los últimos meses desde el Gobierno central.

El decreto de Ribera

El real decreto-ley aprobado este martes incluye medidas para impulsar las inversiones en energías renovables, acabar con la especulación en los permisos de acceso y conexión, celebrar ya este año nuevas subastas de renovables y preservar la liquidez del sistema eléctrico, afectado por la crisis del COVID-19. 

Según recogió Efe, el Ejecutivo persigue, además de cumplir con los objetivos de penetración de renovables que se ha marcado, que éstas se conviertan en una palanca de recuperación después de la crisis del coronavirus.

Para facilitar la implantación de renovables, el real decreto-ley introduce medidas para poner fin a la especulación en torno a los permisos de acceso y conexión a la red, que desde hace unos años vienen siendo acaparados en gran parte por personas o entidades que no tienen intención de desarrollar proyectos y que los guardan hasta que los pueden vender por altos precios a promotores o empresas que sí tienen un proyecto industrial.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la actualidad hay solicitudes de estos dos permisos, necesarios para que los promotores puedan poner en marcha las plantas por mas de 430.000 megavatios (MW), una cantidad que cuadruplica la potencia instalada actual en España y que multiplica por 7 las necesidades de generación nueva que habrá en la próxima década.

De esos 430.000 MW, 295.000 MW son los que ha considerado correctamente presentados Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico.

El Ministerio cree que puede haber un alto componente especulativo en una buena parte de las solicitudes, pues sólo en torno a un 60 % de los titulares de permisos de acceso solicita luego el de conexión.

El real decreto-ley establece hitos administrativos con plazos temporales en función del momento en que fue otorgado el permiso y, si no se cubren, los permisos caducan de forma automática y se ejecutan los avales que se exigieron al solicitar la autorización.

En el caso de los permisos anteriores a la Ley del Sector Eléctrico de 2013, a los que se les dio dos meses adicionales por la declaración del estado de alarma, les caducarán si sus plantas no entran en funcionamiento antes del próximo 31 de agosto.

Para el resto, los plazos concluyen a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito administrativo que tengan que cumplir.

En el caso de que no se vaya a ejecutar el proyecto y el titular o solicitante de permiso quiera obtener la devolución de las garantías que depositó, podrá hacerlo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.

La norma establece también que no se podrán pedir nuevas solicitudes de acceso hasta que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprueben una nueva regulación, que deberán sacar en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto-ley.

Nuevo sistema de subastas

Con el real decreto-ley, también retornarán las subastas de renovables, que en España no se celebran desde 2017, aunque habrá un nuevo sistema, por el que se podrán celebrar subastas de distintas tecnologías (en las últimas competían todas juntas) y ahora la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

El Ministerio espera sacar a consulta esta semana o la próxima el real decreto con el nuevo diseño de subastas para que se puedan celebrar en el segundo semestre del año, aunque todavía no se ha definido qué potencia saldrá a puja, según fuentes del departamento.

Además, habrá la posibilidad de que instalaciones de pequeña magnitud puedan adherirse a la retribución obtenida en las subastas sin tener que presentarse.

Por otra parte, para evitar que la caída del PIB reduzca la inversión en redes, el real decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes del PIB que se pueden dedicar a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022.

La eliminación del límite máximo del 0,13 % del PIB anual para inversiones en redes eléctricas ha sido demandada por las grandes compañías para poder anticipar sus inversiones.

Liquidez del sistema eléctrico

El real decreto-ley también tiene en cuenta la repercusión que tendrá en el déficit del sistema eléctrico la caída de la demanda y los precios por la crisis del Covid-19, que reducirá los ingresos, y habilita al Gobierno para usar el superávit de ejercicios anteriores para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes que habrá en 2019 y 2020, para lo cual se desarrollará una orden ministerial.

En el real decreto-ley, también se contempla revisar la retribución a la operación de la cogeneración durante el estado de alarma y para calcularla en ese periodo, se considerarán los valores del precio del mercado eléctrico y del de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma.

Además, se reducirán en un 50 % los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020.

El real decreto-ley también declara de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kilovatios) para que se puedan abrir estaciones en carreteras, autovías y autopistas y amplía hasta 2030 la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que finalizaba el próximo 31 de diciembre.

También establece para pequeñas comercializadoras y pymes una moratoria para que puedan retrasar el pago de sus obligaciones con el fondo correspondientes a 2020.

Además, el texto de la norma incorpora también a la regulación española actividades como el almacenamiento, la hibridación de renovables y el agregador indepediente de demanda, además de regular las comunidades de energía renovables y definir el objeto del Instituto de Transición Justa.