Asturias prolonga la enseñanza de Religión hasta los 18 años

Cuando diseñó el currículo de Bachillerato, el Gobierno del Principado solo incluyó la asignatura de Religión en el primer curso. Una hora a la semana en primero, como asignatura optativa. Así aparecía en el decreto de ordenación publicado en el año 2015. Creía que así cumplía con el marco general que fijaba la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educativa (LOMCE), la polémica Ley Wert, que todavía hoy rige, aunque con ligeros cambios y artículos en suspenso. No pensaron lo mismo algunos colectivos de docentes y grupos vinculados a la Iglesia, que terminaron defendiendo en los tribunales la ilegalidad de la medida. Demandaban que se ofertase la asignatura en todos y cada uno de los cursos de la enseñanza no universitaria. El Tribunal Supremo terminó dándoles la razón en una sentencia de finales 2019. Ahora la Consejería de Educación tramita por vía de urgencia el procedimiento burocrático para incluirla en segundo de Bachillerato ya desde septiembre. Esto supone de hecho que se prolonga la enseñanza religiosa en la escuela hasta los 18 años.

La modificación del currículo de Bachillerato concluye hoy mismo, 19 de junio, su exposición pública. La reforma consta de cuatro páginas en las que se clarifica cuál es el marco legal y la forma en la que se ofertará la materia de Religión a partir de ahora en segundo de Bachillerato. Educación, al igual que ya había hecho en primero, incluye la asignatura en el bloque de asignaturas específicas, dentro de las tres modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, con una carga de una hora lectiva a la semana. Es la que tiene menor peso horario de todas las que se imparten. De este bloque los estudiantes tendrán que escoger como mínimo una materia y como máximo dos. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Dibujo Artístico tienen cuatro horas semanales y Psicología tres, por citar tres ejemplos.

Con este cambio, el Principado considera que cumple con lo dictado en la sentencia número 1492/2019, de 30 de octubre de 2019, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El alto tribunal tuvo en cuenta el recurso de casación presentado por una familia que integraba la plataforma Asturiana Religión en la Escuela contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del 5 de junio de 2017. La administración asegura que este nuevo currículo respeta los derechos y libertades fundamentales.

Precisamente, el colectivo Religión en la Escuela ya había transmitido su intranquilidad por el hecho de que la consejería no hubiera movido ficha casi ocho meses después de que el Supremo hubiese dictado sentencia firme anulando el currículo y a apenas dos meses y medio del inicio de un curso que va a ser complicado por otras muchas razones derivadas de la crisis del coronavirus. No entendía cómo era posible que el 19 de mayo, cuando se inició el procedimiento de admisión de alumnos en centros públicos y privados para el curso 2020-2021 estuviera sin cumplir el fallo judicial. La plataforma reclama que se agilicen todos los trámites, que se notifique a las familias que van a poder matricular a sus hijos de la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato y que se den instrucciones a los centros concretas para evitar problemas organizativos de última hora. 

El caso de Asturias no es único. Otras comunidades autónomas realizaron la misma interpretación de la polémica Ley Wert y solo incluyeron la materia en uno de los dos cursos de Bachillerato. Por citar solo dos ejemplos, es algo que sucedió tanto en Extremadura como en Baleares. Ambos casos llegaron también al Supremo. 

La forma en la que el Principado incluye Religión en el currículo no ha estado exenta de polémica y ha terminado varias veces en los tribunales. En mayo de 2018, también el Supremo daba, en esta ocasión, la razón al Gobierno asturiano que había dejado la asignatura con solo una hora semanal en Primaria. La batalla judicial en el caso de Bachillerato ha sido enconada con diferentes denuncias interpuestas por familias, sindicatos y hasta por el Arzobispado, que llegó incluso al Constitucional. Ahora, el caso parece haber llegado a su fin.