Asturias no pujará por la gestión del ingreso mínimo pero saca pecho por la cobertura del Salario Social

Aprobado ya el proyecto del ingreso mínimo vital, con incluso el PP anunciando su respaldo parlamentario, la polémica política ha derivado en las diferencias sobre su gestión que se darán las distintas comunidades autónomas. Las forales, País Vasco y Navarra, se encargarán de la coordinación en sus propios territorios mientras que el resto, a la espera de que se desarrollen convenios anunciados por el Ministerio de Inclusión Social, deberán esperar a una gestión, por el momento, controlada por el Ejecutivo central. Y no todo el mundo se lo ha tomado bien, Galicia o Andalucía han reclamado una transferencia de la gestión de los fondos y, en la discusión, las últimas valoraciones del ministro poniendo en duda la capacidad de muchas autonomías para hacerlo vistos lo precedentes de sus prestaciones regionales, han contribuido a caldear aún más el ambiente.

«Tenemos que ser lo más eficaces posible para llegar a los hogares que necesitan prestación. Y las comunidades han demostrado no serlo salvo País Vasco y Navarra», afirmó el ministro José Luis Escrivá en una entrevista concedida a la cadena COPE en la que además añadió que las diferencias de las prestaciones autonómicas habían conllevado un aumento de la desigualdad entre territorios y que la gestión de la hacienda propia de las comunidades forales les hacía más sencillo realizar el «contraste de renta y patrimonio de los solicitantes».

Asturias no pujará con hacerse con la gestión del ingreso mínimo todo ello a pesar de que, y con diferencia, la cobertura de su Salario Social es la más amplia de todas las comunidades del régimen común. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, señaló que «el Ministerio ha sido sensible a nuestra reivindicación de evitar añadir 'vulnerabilidad burocrática' a las personas beneficiarias del Salario Social porque para el Gobierno de Asturias el objetivo es optimizar los recursos destinados a la gestión y avanzar en eficiencia y eficacia, de tal manera que la prime la agilidad en la respuesta a las necesidades de apoyo social a la ciudadanía».

Álvarez descartó entrar en la polémica territorial y resaltó que «el acuerdo con las comunidades de régimen foral se da, como en otros muchos ámbitos de gestión ya asumidos desde hace años y ante los que no se ha planteado discusión». En este sentido, apuntó que «lo verdaderamente relevante hoy, en plena crisis sanitaria con consecuencias económicas sin precedentes, no está en el quién sino en el cuándo. No entramos a valorar los motivos de otras comunidades que han solicitado hacerse cargo de la gestión del ingreso mínimo pero en Asturias, de momento, confiamos en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social lleve a cabo una buena gestión».

Las razones del ministro

Y es que, con los datos disponibles, el ministro Escrivá tenía razón al poner en duda la capacidad de buena parte de las comunidades respecto al despliegue de sus rentas autonómicas. Con datos del pasado mes de octubre, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llamó la atención sobre las enormes desigualdades de cobertura de las ayudas en cada una de las comunidades, muy amplia en las forales y Asturias, mientras que en mucha no llegaba ni a una de cada diez personas en situación de pobreza.

La asociación destacó del Salario Social asturiano que cubría a un tercio de la población considerada por debajo del umbral de la pobreza y que la su cuantía era del 17,9% de la renta media por hogar; la segunda más alta del Estado. Al respecto, este lunes, la consejera Melania Álvarez, señaló que «en Asturias los datos hablan por sí mismos. El Principado es la comunidad autónoma de las del régimen general que cuenta con mayor cobertura: llega al 4,4 por ciento de los asturianos: 22.300 hogares. Una trayectoria de más de 14 años que ha supuesto una inversión total de más de 913 millones de euros» y destacó que no era una «casualidad» las similitudes del diseño del ingreso mínimo vital respecto al Salario Social ya que la prestación asturiana sirvió como modelo en su elaboración.

En la cobertura de beneficiarios, la diferencia de las comunidades forales con el resto era sideral: en el País Vasco percibían su prestación tres de cada cuatro personas bajo el umbral de la pobreza y en Navarra, dos de cada tres. Dentro del régimen común Asturias llega a uno de cada tres.

Siempre según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resto está a mucha distancia. Sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10 % (Baleares, Aragón, Cantabria, Comunidad de Madrid y Cataluña). Las rentas mínimas de inserción de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2 % de la población a la que tendría que llegar.

Por otra parte, en ese informe se resaltaban también las enormes diferencias en la cuantía de las prestaciones. Entre los ejemplos destacados estaba Cataluña, que se sitúa a la cabeza con unos 700 euros al mes de media, seguida de Extremadura con unos 674 euros.

A continuación seguían Navarra (536 euros), el País Vasco (505), Cantabria (481 euros), Asturias (465) y Castilla y León (412). Los gerentes de los servicios sociales alertaban sobre el caso de Baleares, donde la renta mínima de inserción es de 183 euros mensuales, Comunidad Valenciana (203 euros) y Murcia (235).

Una vez que entre en vigor el ingreso mínimo prestará cobertura a unas 15.700 unidades de convivencia en Asturias, lo que aliviará enormemente la carga del Salario Social en un momento en que las previsiones es que las solicitudes de la prestación se multiplicaran por el impacto económico del confinamiento por la pandemia. Álvarez destacó en todo caso que ninguna de las personas a las que se daba ayuda en Asturias hasta ahora perdería la prestación. De hecho el Salario Social convivirá de forma paralela con el ingreso mínimo ya que su cobertura llega donde no lo hace la prestación estatal, fundamentalmente a mayores de 65 años.