El listado de inmatriculaciones durmió un año en un cajón del Principado

10 de abril de 2019. Esa fue la fecha en la que el Colegio de Registradores de la Propiedad remitió a la Consejería de Presidencia y de Participación Ciudadana un listado con 553 bienes que la Iglesia asturiana se había inmatriculado. Era el segundo envío. Previamente, en septiembre de 2018 se había registrado otro con 26 propiedades que, también están incluidos en el de 553. La diferencia fundamental entre ambos es que el primero se registró en tiempo y forma en la Junta General y el segundo durmió durante algo más de un año en un cajón del Principado sin que nadie lo notificar al parlamento asturiano, que era el que había reclamado la documentación. Una llamada del diario Público al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad en Asturias, Enrique Español Batalla, fue el detonante para que ese informe oficial llegara a su destino. 

El Grupo de Inmatriculaciones de Asturias comenzó a trabajar en el año 2017. Pretendía descubrir si la Iglesia había registrado a su nombre propiedades que no eran suyas desde 1946 hasta el 2015, los casi 70 años en los que la ley le permitía inscribir terrenos sin necesidad de aportar ninguna escritura. Su intención es que liderara este trabajo la Junta General del Principado, que elaborara un listado de todos los bienes inmatriculados, acompañados por notas registrales simples en las que se detallara cuál es la propiedad, el propietario y todos los datos necesarios. También redactaron mociones presentarlas en todos los ayuntamientos. Su trabajo cuajó y la petición se gestionó, en septiembre de 2017, a través de la denominada Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. La comisión dio el visto bueno a esta solicitud en junio de 2018.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España respondió con rapidez. En dos meses, con la firma de la decana, Margarita de Carlos Muñoz, remitía el listado a la Junta General del Principado. Era el 8 de agosto de 2018. El resultado fue decepcionante. Eran hojas sueltas, con cuatro apuntes y datos inconexos, de 26 propiedades. Así que en marzo de 2019, nuevamente la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, por unanimidad, reclamó al Decanato de los Registros de Propiedad de Asturias el listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en la región. Desde entonces nada se había sabido. Hasta ahora.

Enrique Español Batalla confirmó que existía un segundo listado mucho más completo que se había remitido a la Administración asturiana y también al Gobierno central, que tiene en su poder desde hace ya varios años un informe completo de todas las comunidades autónomas que nunca ha visto la luz. Así que la pregunta que surgió en ese momento era quién tenía esa documentación.

El informe que acaba de realizar el informe del letrado mayor de la Junta General arroja algo de luz. Existe un escrito del decano de los registradores fechado el 10 de abril de 2019 en el que aclara que la lista de 26 bienes remitida con anterioridad era «un archivo evidentemente incompleto» y que, por tanto, procedía a remitir un «archivo completo». Pedía que este nuevo sustituyera al anterior. Ese escrito estaba dirigido a la Dirección General de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Ahí se perdió su pista.

Tras las declaraciones del decano, el pasado 14 de mayo de 2020, el listado entró en el Registro de la Junta General remitido por la actual consejera de Presidencia, Rita Camblor. Literalmente, la carta que lo acompaña dice que «ante los hechos acontecidos recientemente y relativos a la petición de D. Luis Fernández González y otros ante la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales en relación con los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y una vez asegurados que el referido listado no consta en el Registro de la Junta, desde esta consejería y en aras a cumplir con la máxima transparencia remitimos la información solicitada y remitida por el Decanato del Principado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en relación a estos bienes». El letrado confirma que la documentación es nueva. «Lamento profundamente el revuelo causado con este asunto pero reitero nuestra mayor disposición de colaboración con la Junta», insiste Camblor.

Tanto Podemos como Izquierda Unida ya han pedido explicaciones. En concreto, el diputado Rafael Palacios ha reclamado al Gobierno regional que aclare si ocultó deliberadamente información sobre las inmatriculaciones del prerrománico. Palacios se centra en el prerrománico porque es el tema en el que se ha focalizado el debate en los últimos meses. El propio Grupo de Inmatriculaciones Asturias ha encaminado esta estrategia, consciente de que tiene hacer ver dos cosas a la población. La primera, la forma sistemática con la que actuó la Iglesia. La segunda, el hecho de que haya puesto a su nombre propiedades protegidas por la Unesco, de gran valor histórico y muy identificadas con la cultura regional, y que esté recibiendo fondos por su mantenimiento y reparación.