Tensión en la vuelta a clase: el profesorado acusa a Educación de dejación de funciones

La Consejería de Educación se encontró con el rotundo rechazo de los sindicatos docentes en varias reuniones celebradas esta mañana para negociar la resolución de desinfección de los centros educativos y las instrucciones para la vuelta presencial, a partir del día 25, del profesorado de 2º de Bachillerato, tutores de 4º de ESO, profesorado de enseñanzas profesionales y equipos de orientación. Aunque la resolución y las instrucciones salió adelante con el voto de la propia Administración, las organizaciones sindicales que representan al profesorado se han opuesto, entre otras cosas, porque acusan a la consejería de colocar sobre las espaldas de los equipos directivos toda la responsabilidad si se produce un rebrote del coronavirusis.

El rechazo ha sido unánime. «Desde CCOO consideramos que la vuelta a las aulas debe producirse en el momento en que los centros cuenten con las medidas de seguridad y los protocolos que se conviertan en espacios seguros. Esta situación, en este momento no es posible», afirma la formación en un comunicado. CCOO considera que debería ser la propia Consejería de Educación la encargada de proveer a los centros de todos los productos y equipos necesarios porque «además de ser más económico se evitaría que los centros tengan que asumir posibles responsabilidades ante pedidos defectuoso». En ese sentido, recuerdan que «el personal docente, incluidos los equipos directivos, no han recibido ningún tipo de formación para verificar este tipo de materiales ni los protocolos de desinfección».

Por parte de ANPE se ha calificado de «inconcretas» las instrucciones porque «no ofrecen medidas precisas y son abusivas por atribuir responsabilidades que exceden las competencias de los equipos directivos». Por ello, pide a la consejería que «no se precipite y evite volcar toda la responsabilidad en los equipos directivos», indica en otro comunicado. «Deberán resolver un sinfín de necesidades como la limpieza, la organización de los espacios (aulas gimnasio, patios, pasillos, biblioteca…), las entradas y salidas de los colegios, el transporte escolar, el comedor, incluso los turnos de alumnos y profesores, a su libre albedrío y con sus propios recursos», señala. «La asimetría entre centros educativos está asegurada y si algo sale mal, el culpable está señalado», apunta.

Desde SUATEA se añade que se imponen medidas que consideran como «mínimo arriesgadas». «Acogiéndose a la autonomía de los centros, se trasvasa a quienes ejercen las tutorías la responsabilidad de organizar y coordinar la adaptación de programación para este atípico final de curso. Ahora se pretende que sean los equipos directivos los encargados de organizar una desescalada arriesgada regulando el retorno a los centros, la compra de material de protección a cargo de los presupuestos ya exiguos de los centros, la reincorporación del profesorado y su horario de atención al alumnado, la organización de los espacios», indican en su nota. SUATEA insiste en su oposición a la reapertura de los centros y la vuelta a la enseñanza presencial «porque no se dan las condiciones sanitarias y porque la vuelta a la actividad lectiva conlleva más riesgos que beneficios». 

Desde UGT se considera que la vuelta a las clases presenciales no supone ningún beneficio por las pocas semanas que restan y son muchos los riesgos que se corren. «El profesorado y el alumnado tendrán que interaccionar en los centros educativos sin que existan las mínimas medidas de prevención» y acusan a la Consejería de Educación de «lanzarse a una carrera sinsentido» y que «somete al profesorado asturiano a una ruleta rusa» cuando fue este colectivo «quien ha creado una alternativa pedagógica on-line en tiempo record con sus propios recursos». Critica el trato que se está dando a los equipos directivos «a los que se les ha trasladado una responsabilidad que ni tienen ni desean y no han recibido la formación en riesgos laborales necesaria que la ley exige». Además, considera que se está hablando «muy poco de la responsabilidad jurídica en caso de que se declaren nuevos brotes».