El comité de Alu Ibérica reclama al Gobierno que intervenga las fábricas de Avilés y A Coruña

El comité de empresa de Alu Ibérica Avilés ha señalado que ante la «gravísima» situación de la factoría de la antigua Alcoa, y de la planta de A Coruña, tras su venta al Grupo Riesgo «la única solución» pasa porque el Gobierno central proceda a la intervención de ambas. Los sindicatos señalan que el inversor elegido por Alcoa y respaldado por el Ministerio de Industria, el fondo suizo Parter, ha incumplido todos los criterios acordados con los trabajadores en enero de 2019 y que ahora el Ejecutivo debe hacer uso de las herramientas a su alcance, la SEPI, y exigir el cumplimento de los acuerdos alcanzados en el acuerdo de venta. Según el comité, esta situación «debe mantenerse mientras las plantas no estén saneadas y con toda su capacidad industrial» y, después de llevar a buen término este proceso, «el Gobierno debe encontrar una solución definitiva para las plantas».

Desde que se hizo con las plantas de la antigua Alcoa, añaden, Parter Capital «no ha ejecutado ni un solo punto del plan industrial presentado y comprometido durante el proceso de venta, poniendo en riesgo los 600 puestos de trabajo y la viabilidad de las plantas». Además, a finales de febrero llevó a cabo «de manera sorpresiva, secreta, confidencial y sin notificar a ninguno de los actores implicados en el proceso» la venta de las plantas al Grupo Industrial Riesgo tras unas negociaciones iniciadas en septiembre de 2019 aunque la transacción no se hizo pública hasta el mes de abril. Alu Ibérica, con 328 empleados en A Coruña y 286 en Avilés, fabrica aluminio secundario (reciclaje) con una capacidad de 140.000 toneladas al año y mantiene paralizada las cubas de electrolisis por su alto coste energético.

Parter se mantenía a la espera de conocer el estatuto electrointensivo para considerar la reactivación de las series de electrolisis para la producción de aluminio primario, paralizadas desde hace más de un año por su anterior propietaria, Alcoa. Sin embargo, consideró que el borrador de estatuto elaborado por el Gobierno no garantiza un precio eléctrico que permita producir aluminio primario«, de modo que no sería suficiente para salvaguardar los empleos vinculados a las series de electrolisis de ambas plantas, 168 en A Coruña y 155 en Avilés.