El Gobierno valora el Salario Social de Asturias como modelo de la renta mínima vital

En un contexto en el que el confinamiento por motivos sanitarios tiene un enorme impacto económico que amenaza la subsistencia de muchas familias, el Ejecutivo Central ha comenzado a evaluar la posibilidad de poner en marcha una renta mínima vital provisional, con la intención de que pueda llegar a ser permanente. La idea, una vieja aspiración de muchos partidos de izquierdas, ha logrado también ahora, en el ojo del huracán de la epidemia, el consenso de economistas liberales -como el antiguo dirigente de Ciudadanos, Toni Roldán- aunque también ha despertado polémica en la patronal, que mostrado su malestar con el inicio del debate.

Lo cierto es que una prestación similar, el Salario Social Básico, cumple en Asturias un década de existencia con unos resultados notables en la reducción de la pobreza severa y también con una amplísima cobertura, llegando a más de 22.000 hogares y alrededor de 45.000 personas. Es por eso que la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, encargada del diseño y puesta en marcha de la renta mínima estatal, se ha mostrado muy interesada en el funcionamiento y dinámica del salario social básico asturiano. Hay otras dos prestaciones similares de enorme cobertura, las que ofrecen el País Vasco y Navarra, pero la asturiana es la única de esta capacidad de cobertura entre las comunidades del régimen fiscal común. 

Respecto a la concreción de cómo se podría poner en marcha la renta mínima nacional, el gobierno asturiano resaltó que está pendiente de la definición de sus requisitos y cuantías, ya que el salario social siempre sería subsidiario y complementario a dicha ayuda.

«Ponemos a disposición del ministerio toda la experiencia acumulada en los últimos 15 años de diseño y gestión del salario social básico como el principal instrumento de lucha contra la exclusión social en Asturias»; destacó la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez respecto a la posibilidad de que la prestación del Principado pueda servir de modelo nacional. Álvarez indicó en todo caso que la amplia cobertura del Salario Social ha hecho necesario que se busquen reformas y ajustes al cumplir una década de existencia. Para ello estaba dispuestao el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, cuya tramitación en la Junta General se encuentra suspendida a causa del estado de alarma.

Álvarez insistió en que su departamento «consciente del impacto económico que tendrá la crisis sanitaria entre los grupos más vulnerables, y con el objetivo de generar la capacidad de anticipar la respuesta a situaciones difíciles, trabaja en la proyección de los diferentes escenarios a los que tendrá que hacer frente sin obviar el peor de los posibles».

Derechos Sociales destacó que en estos momentos dedica muchos de sus esfuerzos a facilitar la tramitación del Salario Social durante la cuarentena «y avanzar hacia la presentación telemática íntegra de las solicitudes, una vez que todo el departamento se encuentra teletrabajando con normalidad».

Antes de que se declarara la epidemia, el Salario Social empezaba a mostrar los primeros datos en rebaja de demanda desde el inicio de la Gran Recesión en 2018. Aproximadamente, la prestación requiere una inversión de 100 millones de euros anuales procedentes de los presupuestos asturianos. 

En el balance hecho entre la década de 2006 a 2016, se señaló que de los alrededor de 20.000 beneficiarios del salario social asturiano, algo más de 4.000 son mayores de 65 años, o padecen alguna discapacidad que les hace estar exentos de la búsqueda de trabajo. El resto sí puede buscarlo por los servicios de empleo de la comunidad y de hecho lo hace. Hasta el 85,7% ha accedido a alguna orientación del servicio de empleo del Principado, con una media de 3,5 sesiones por persona, el 20% de ellos acudieron a tutorías personalizadas de formación y orientación profesional.

No es un asunto menor el género ni la edad de los perceptores del salario social. El 60,8% son mujeres con niños a su cargo, hay más de 10.000 menores que viven en una familia que está acogida a esta ayuda. Además se trata de un grupo que por edad encuentra de forma general más dificultades para integrarse en el mercado laboral, la media de las mujeres es de 45 años y la de los hombres de 46. Se aprecia la dificultad de las cargas familiares en el distinto tipo de unidades que tiene el salario social, en las individuales hay una mayoría de hombres pero en las múltiples (porque incluyen a los menores), son predominantes las mujeres.

«La puesta en marcha de una renta mínima por parte del Estado es una muy buena noticia que responde, además de a una situación extraordinaria, a la realidad que viven miles de familias en Asturias», destacó Álvarez quien añadió que respecto al Salario Social «sería esencial mantener las ratios de gestión pese a estas circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos, así como comenzar a planificar y a proveernos de medios ante el eventual aumento de la demanda».