La Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, la bandera del Principado

Consolidar el salario social, habilitar complementos vitales para las personas con discapacidad o dependencia, impulsar el acceso a viviendas públicas en régimen de alquiler, establecer ayudas para las personas que viven solas y perciben una pensión no contributiva, facilitar la incorporación social y laboral de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, homogeneizar un mínimo las ayudas a la emergencia social que conceden los ayuntamientos. Todos estos son aspectos recogidos en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que quedó pendiente de tramitar en la anterior legislaturas y que el Ejecutivo presidido por Adrián Barbón ha convertido en su primer iniciativa normativa. Su presentación ha ido acompañada incluso de un vídeo, en el que destaca que esta ley será «un paraguas que dará cobertura a la población que más lo necesita y que defiende la igualdad, la eficacia y la agilidad»   

El proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales cubrirá las necesidades básicas de las personas que vivan en Asturias, según ha asegurado en la Junta General la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. «Nos hemos propuesto volcar todos los esfuerzos en agilizar la respuesta de nuestro departamento a los problemas de la ciudadanía. Problemas que, especialmente en esta consejería, tienen rostros, nombres y apellidos», ha destacado. Melania Álvarez ha comparecido en el parlamento, acompañada por su equipo directivo, para informar sobre el proyecto de ley. El texto ya había sido remitido a la Junta la anterior legislatura, pero no pudo llegar a aprobarse por falta de tiempo. El actual Ejecutivo volvió a tramitarlo en noviembre. Fue el primer proyecto de ley aprobado este mandato, muestra de la prioridad que el Gobierno de Asturias concede a la agenda social.

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La Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales entrará en vigor en su totalidad en el plazo de un año desde su aprobación. Entre otros objetivos, consolidará el salario social con medidas que agilizarán esta prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la percepción de esta renta básica. El texto incluye varios complementos vitales para las personas más necesitadas, así como medidas de apoyo para situaciones de discapacidad o dependencia, para impulsar el  acceso a viviendas públicas en régimen de alquiler y para familias de acogida. Otra de las novedades es que recoge la aplicación de un complemento específico para las personas que viven solas y perciben una pensión no contributiva.

La consejera ha concretado que la ley facilitará la incorporación social y laboral de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, mediante la creación de un Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, con la colaboración y participación de las entidades locales. El  texto también garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que conceden los ayuntamientos y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.  El proyecto optimiza la colaboración y la coordinación entre las administraciones públicas competentes para garantizar así un mínimo común de atención en toda Asturias. Para ello, establecerá un nuevo mecanismo de financiación acorde a este fin y un sistema de información que responda a los criterios de eficiencia, agilidad, objetividad, participación y servicio al interés social

El texto contó  para su aprobación con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social y de la Comisión Asturiana de Administración Local. En su fase de tramitación fue presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios, a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a las entidades del tercer sector. Asimismo, fue enriquecido con algunas de las alegaciones recibidas durante la fase de información pública.