La consecuencia para Asturias del impago del IVA de 2017: el déficit autonómico subiría tres décimas

El impago al Principado de los 75 millones procedentes de la liquidación del IVA de 2017 por el nuevo sistema de gestión de este impuesto elevaría el déficit público de la administración autonómica en unas tres décimas por encima del 0,1% del PIB que tenía autorizado para este año.

Según las estimaciones del Gobierno regional, este sería el impacto en las cuentas autonómicas de la no recepción de unos fondos presupuestados y gastados en el presupuesto de 2019 pero que no han sido ingresados a las arcas autonómicas por la administración central. Estos datos los ha facilitado la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General a petición del PP después de que el Gobierno central reiterase su negativa a abonar esos pagos a las comunidades (2.500 millones en conjunto) en la reunión que el viernes celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Hacienda planteó compensarlas con una propuesta para que el exceso de déficit causado por la pérdida de esos fondos no compute a efectos de estabilidad presupuestaria; otorgando créditos a tipo de interés cero o no atendiendo tampoco al incumplimiento de los plazos de pago a proveedores si se superasen por esta causa. A estas medidas se añadiría la relajación de los objetivos de déficit autonómico para el periodo 2020-2023 de manera que en este ejercicio el techo máximo se elevaría al 0,2% del PIB en lugar de situarse en el déficit cero previsto inicialmente para este año, informa EFE.

Esas dos décimas adicionales podrían dotar a Asturias de unos 50 millones más para 2020 aunque la posibilidad de utilizarlos estaría condicionada a que la liquidación del pasado año -que aún no se conoce- constatase que el Principado cumplió con la regla de gasto, que obliga a que la variación del gasto computable no supere la previsión de crecimiento (elevada finalmente del 2,8 al 2,9 por ciento para 2019). Ese nuevo objetivo de déficit permitiría «una gestión presupuestaria más relajada» en 2020 después de que el año se iniciara «con tensiones de tesorería superiores a lo habitual» derivadas del impago de la liquidación del IVA y que en 2019 no se produjeron al existir remanentes de ejercicios anteriores.

El incumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria (déficit, regla de gasto o deuda), ha recordado la consejera, implica la obligatoriedad de elaborar un Plan Económico Financiero para la comunidad autónoma que lo haga por lo que el Gobierno asturiano mantiene abiertas todas las vías -política, administrativa y judicial- para reclamar del Estado el pago de esos 75 millones de euros, informa EFE.

Según la consejera, el Ejecutivo regional actuará «desde el rigor» y buscará la alternativa que mejor proteja los intereses de Asturias sin que, por el momento pueda rechazar ya la propuesta planteada en el CPFF dado que aún no se conocen los detalles técnicos del planteamiento de Hacienda. «No doy por imposible que (los 75 millones) se abonen», ha señalado tras rechazar las críticas de la oposición a la respuesta al Gobierno central por parte del Principado «que no está siendo menos enérgico» que otras autonomías dado que ha iniciado ya el trámite para plantear una reclamación al Estado, un paso obligatorio antes de acudir a los tribunales y que por el momento sólo ha adoptado la Comunidad de Madrid.

Para el diputado del PP Pablo González, se trata de un dinero «que se debe a los asturianos porque ya lo han pagado» y Hacienda pretende resolverlo incrementado la deuda de las comunidades o su déficit, «una tomadura de pelo» que convierte al presidente asturiano, Adrián Barbón, «en el pagafantas del PSOE» y demuestra que su única capacidad de actuación ante el Gobierno central es la de «hacerse fotos». En la misma línea, Ciudadanos ha considerado la propuesta de Hacienda «una ocurrencia» de un Gobierno «atado de pies y manos por los nacionalistas» mientas que Foro ha lamentado que la alternativa sea solo «endeudarse y gastar más» y Vox ha incidido en que aceptarla haría que Asturias fuera aún más deudora del Estado.

Podemos, por su parte, ha pedido al Principado que acuda a los tribunales para reclamar unos fondos que no causaron problemas de tesorería «porque se dejaron inversiones sin hacer» mientras que IU ha defendido la necesidad de devolver a las comunidades «un dinero que ya han gastado».