La rebaja del 85% en la factura de la luz beneficiará a 19 grandes industrias asturianas

El Estatuto Electrointensivo beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, 19 de ellas asturianas, a las que se bonificará en un 85 % los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

Según han indicado fuentes del Gobierno, el Ministerio de Industria sacará a audiencia pública el nuevo texto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que fue revisado después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que algunas de sus medidas podían ser consideradas por la Comisión Europea (CE) como ayudas de Estado. La nueva norma, que será tramitada por urgencia y que ya no pasará por la CNMC al haber sido incorporadas sus observaciones, podría ser aprobada por el Consejo de Ministros a lo largo de marzo.

El objetivo del Estatuto del Consumidor Electrointensivo es mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), aunque ahora los precios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) van convergiendo. El Estatuto permitirá que los cargos que las industrias grandes consumidoras de electricidad abonan en la factura, destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares, les sean bonificados en un 85 %, cantidad que se les devolverá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, con lo cual no se repercutirá en el recibo del resto de los consumidores.

Según el Gobierno, unos 90 millones podrían ser devueltos a unas 600 industrias por este mecanismo, cantidad a la que habrá que sumar las compensaciones por costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) para las que el año pasado el Ministerio de Industria destinó 172 millones de euros, una cantidad que tiene intención de ampliar en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben. El Estatuto establece un mecanismo transitorio para calcular el importe de los cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y, así, poder compensárselo en tanto el Gobierno actualiza los cargos de la factura eléctrica.

El tercer eje de medidas lo constituye un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingles) por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a través de un fondo, cuya cuantía está por determinar, y otras garantías. El objetivo de esta medida es fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan PPA o contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable. Según han explicado fuentes del Gobierno, el objetivo es generar mercado donde ahora éste falla, pues no hay contratos a diez años de industrias con comercializadores y generadores de electricidad, debido a que las altas garantías que se exige a las industrias no las provee el mercado, lo que hace que ahora esos contratos no vayan más allá de tres o cuatro años. Para que las industrias puedan obtener a esas garantías para PPA previstas en el Estatuto, éstas deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha, informa EFE.

De las 600 industrias que podrían beneficiarse de las medidas del Estatuto del Consumidor Electrointensivo -cuyo consumo es de unos 40.000 GWh al año (el 17 % de la demanda nacional) y que afectan a un entorno de 300.000 trabajadores-, 153 están en Cataluña (25 % del total), 94 en la Comunidad Valenciana, 67 en Andalucía, 44 en el País Vasco, 43 en Aragón, 36 en Castilla y León, 30 en Castilla-La Mancha, 31 en Galicia, 25 en Navarra, 19 en Asturias, 19 en Madrid, 17 en Murcia, 15 en Cantabria, 9 en Extremadura, 4 en Canarias, 3 en La Rioja y 3 en Baleares.

Aunque el Estatuto no hace referencia a la subastas de interrumpibilidad, un mecanismo con el que se ha compensado a la industria electrointensiva por su disponibilidad a bajar o parar su consumo para cubrir las necesidades del sistema eléctrico o frenar la subida de precios, este mecanismo va a ser rediseñado y será distinto. La interrumpibilidad pasará a ser un mecanismo sólo de gestión de la demanda y será el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), el que diga que necesidades de potencia se requiere. La potencia interrumpible a subastar se ha reducido paulatinamente en las últimas subastas y en la última sólo salieron a puja 1.000 MW, por los que las industrias adjudicatarias obtuvieron sólo 4,38 millones de euros frente a los 95 millones de la anterior.