Rodríguez Braga y otros dos dirigentes de UGT se enfrentan a 10 años de cárcel por el desvío de fondos

La Fiscalía solicita para el exsecretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga una pena de diez años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones por el presunto desvío de 1,4 millones de euros de los fondos públicos para cursos de formación entre los años 2010 y 2014.

Los otros cinco exdirigentes y técnicos del sindicato acusados afrontan penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel, mientras que para la organización sindical el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. En concreto, la Fiscalía pide 10 años de cárcel, además de para Rodríguez Braga, para Mónica Menéndez Vázquez y Manuel Díaz Cancio. Para Marisa Jesús Ocaña solicita 6 años y medio de prisión y para Alberto González Castaño y Silvia Sariego Ferrero pide 4 años y dos meses.

La Fiscalía sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que UGT y su fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, informa EFE. El Ministerio Fiscal estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla.