Los impagos del Estado abocarían a Asturias a incumplir el déficit

Las reglas para el control del déficit en las comunidades autónomas las fija el Estado y son estrictas, por ejemplo cuando se presente el balance de 2019 Asturias no podrá exceder el 0,1% de su PIB (es decir, alrededor de 23 millones de euros). Sin embargo, en buena medida y especialmente en el caso del Principado, las cuentas regionales dependen de que el Ejecutivo central cumpla con los pagos previstos en la financiación autonómica. Y no lo está haciendo. El Gobierno asturiano anunció ayer que no renuncia a acudir a los tribunales para reclamar la liquidación del IVA del último mes de 2017, que causó un quebranto de unos 75 millones. Hacienda se niega a aportarlo y de consumarse el impago, cuando llegue el mes de abril y se comunique el estado de las cuentas autómicas, el Principado se encontraría superando tres veces el límite fijado por el Ministerio precisamente porque el mismo departamento se niega a abonar lo que le adeuda.

La propia consejera de Hacienda asturiana, Ana Cárcaba, advirtió de esta situación el pasado mes de noviembre, en una de sus primeras comparecencias en la Junta General para explicar las prioridades de su departamento. Fue allí, tal y como recogió La Voz de Asturias, que la no llegada de esos millones pendientes desde 2017 puede hacer que el Principado incumpla el objetivo del déficit en este ejercicio 2019. «Claro que hay un riesgo de incumplimiento», señaló Cárcaba a preguntas de la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho.

Toda esta situación arranca del último mandato de Rajoy cuando se prorrogaron los presupuestos generales del Estado. El entonces ministro de Hacienda, Cristobal Montoro congeló la traspaso de relevantes fondos a las comunidades, desde las entregas a cuenta a la liquidación del IVA, algo que supuso para Asturias una merma de más de 100 millones de euros para sus arcas. Tras la moción de censura y las dos convocatorias electorales, el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez arregló el caso de las entregas a cuenta (que se fueron traspasando a Asturias en meses sucesivos ya el año pasado) pero se resiste a cumplir con la liquidación del IVa toda vez que, según la ministra Montero, el mecanismo previsto para pagar esa deuda estaba en los primeros presupuestos de Sánchez que no salieron adelante. El Principado confiaba en que se pudiera recuperar el mecanismo en los nuevos presupuestos de 2020, pero la reiterada negativas en las últimas semanas de Hacienda le llevó a plantearse la reclamación por vía judicial.

En su momento, la decisión de Montoro, que fue contestada fundamentalmente por comunidades socialistas como ahora abanderan la reclamación las regidas por el PP, puso en cuestión si la financiacion de los territorios puede depender de que haya o no un acuerdo presupuestario en el Estado. Cuestiones básicas como la educación o la sanidad están transferidas a las comunidades pero dependen de un acuerdo político, como son los presupuestos generales del Estado, en un nivel de administración superior en el que no tienen ningún margen de acción. 

El Gobierno asturiano ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le recuerda esa circunstancia y pide buscar «mediante el diálogo, el consenso y la negociación» una salida que implique que Asturias acabe recibiendo dichos fondos. «El diálogo es la mejor opción pero, si es necesario acudir a la vía administrativa o a la judicial, por supuesto que no renunciamos a ello», ha señalado la consejera asturiana.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017, 75 pertenecientes al Principado, a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, y ha aclarado que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que «no existe» al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.