El Observatorio contra la Corrupción califica de «vergonzosa» la actitud de Lanero

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) ha calificado de «vergonzosa» la actitud del secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, al «faltar a la verdad» al negar el presunto desvío de fondos del sindicato en Asturias en los cursos de formación entre 2010 y 2014 por 1,4 millones por el que han sido procesados cuatro exdirigentes y dos técnicos y la organización como persona jurídica. Entre las personas procesadas se encuentra el ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras permanecer al frente del sindicato durante 16 años.

El presidente de Ocan, Manuel Benayas, y el abogado Alberto Suárez, han expresado su satisfacción por el auto de transformación en procedimiento abreviado por el que la juez instructora acuerda conceder un plazo de diez días a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral o su sobreseimiento. Benayas y Suárez han censurado las declaraciones de Fernández Lanero y han negado que el sindicato «estuviera indefenso», como ha defendido, al haber presentado UGT durante la fase de instrucción una prueba pericial para «desdecir» las cuestiones que se investigaban ya que, según han dicho, lo que le gustaría al sindicato es que el proceso fuera «en la línea contraria y se sobreseyera».

El Observatorio, que ejerce la acusación popular, ha valorado positivamente el «paso adelante» que ha dado la juez de Instrucción número 4 de Oviedo al apreciar la existencia de cinco delitos de fraude en subvenciones que, a su juicio, tendría encaje en el artículo 308,2 del Código Penal, que fija la imposición de penas de entre uno y cinco años de cárcel. Benayas y Suárez han reiterado su denuncia pública sobre la falta de fiscalización de la administración porque los controles «son más formales que materiales» y han criticado el cierre «en falso» de la comisión parlamentaria que investigó la causa que no emitió conclusiones «de ningún tipo».

Suárez ha lamentado que la investigación estuviera restringida únicamente al periodo de 2010 a 2014 y ha afirmado que la mecánica destapada guarda algunas similitudes con otras actuaciones como en el caso de los fraudes en los cursos de Andalucía porque todo el entramado empresarial que se ha creado para realizar estas prácticas es «a nivel estatal». Junto a Rodríguez Braga han sido procesados Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur, Manuel Díaz Cancio, secretario de formación, y María Jesús Ocaña Clemente, administradora de Localmur.

Asimismo, la juez ha imputado a los técnicos Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones y Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la Delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). El auto refleja que el desvío de fondos se llevó a cabo mediante diversos «subterfugios» con los que lograron enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones concedidas por el Servicio de Empleo del Principado (SEPEPA) ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos. Asimismo, en las subvenciones concedidas a UGT Asturias se incluía en la justificación de los costes, gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación directa o indirecta habían tenido en las acciones formativas objeto de las subvenciones, según recogió Efe.