El mecanismo de Transición Justa obligará a mejorar el reparto de Fondos de Cohesión para Asturias

La definición del marco financiero plurianual de la Unión Europea, una suerte de gran presupuesto comunitario para un periodo de siete años entre 2021 y 2027, todavía está en una fase preliminar, está por fijarse el cómputo global y también, más adelante, el reparto de esos fondos primero entre los estados y después entre las regiones. La nueva Comisión Europea ha planteado algunas de las líneas maestras de su mandato y entre ellas destaca el Fondo de Transición Justa, destinado a paliar los efectos económicos de la descarbonización. También están por definirse el montante de la política de cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). Todos ellos interesan a Asturias porque además, están vinculados entre ellos.

Cuando la Comisión Europea desveló los primeros detalles sobre el reparto del Fondo de Transición Justa, entre partidos y agentes sociales de Asturias, se acogieron las primeras noticias con desánimo: España aparece en un puesto bajo de la lista, con la intención primera de que reciba un 4% del fondo, alrededor de 6,6 euros por habitantes, por debajo de países en los que el carbón todavía tiene un peso enorme en su economía, como es el caso de Polonia, y que además se han mostrado muy reticentes a afrontar el proceso de cambio en el modelo energético. Sin embargo, y teniendo en cuenta de que este proceso sólo acaba de empezar y que todavía podría verse modificado en las negociaciones, lo cierto es que la misma existencia del Fondo de Transición beneficiará a Asturias a la hora del reparto de los correspondientes a la política de cohesión. Cuando llegue el momento de repartir el dinero de ese fondo de descarbonización (vinculado a la presentación de proyectos que cumplan los requisitos europeos), el Estado español estará obligado, según fija el reglamento ya anunciado, a aportar entre 1,5 y 3 euros tanto de los FEDER como del FSE por cada euro de transición energética. Es decir, pueden llegar a triplicarse en el reparto por comunidades autónomas.

«No sabemos todavía con cuánto contamos, así que tampoco podemos saber cuánto nos va a tocar; lo que sí sabemos es que el Fondo de Transición propone que, un territorio como Asturias, por cada euro que reciba de ese nuevo fondo, tendrá que recibir de manera preferente des España 1,5 o 3 euros más de los fondos de cohesión que España recibe de Europa; de manera obligatoria frente a otras regiones»; destacó el eurodiputado socialista Jonás Fernández, quien recalcó que en este proceso «Europa pone dinero de forma directa a través del fondo de transición y además obliga a que el gobierno español ponga del dinero que se le manda a España para cohesión».

En un contexto internacional en el que tendrá que ponerse en marcha de forma definitiva el Brexit, y con él la marcha de la UE de un país donante como el Reino Unido, y también un distanciamiento atlántico (con relaciones que han rozado la guerra comercial con Estados Unidos y un aumento de la presión para la autonomía militar europea) los fondos comunitarios pueden reducirse. El proyecto presentado por la Comisión Europea aspira a un cómputo global menor al del presupuesto actual. Según los primeros borradores, se espera una reducción de en torno al 15 % en la Política Agrícola Común y un recorte en el Fondo de Desarrollo Rural y Política de Cohesión de un 25 % y un 10 %, respectivamente. Cuando terminen las negociaciones se fijarán unos criterios de reparto en regiones en los que también tienen su peso el PIB de las comunidades respecto a la media europea.

Por ejemplo, Asturias se encuentra el grupo de comunidades españolas que se definen como «en transición» (un PIB del 75% al 100% del promedio) junto a territorios como Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha estan encuadradas en la categoría de «menos desarrolladas» (su PIB es inferior al 75% de la media) por lo que reciben un porcentaje mayor de los fondos de cohesión.

Con todo, Fernández destacó que Asturias podría verse más beneficiada en ese reparto teniendo en cuenta «cuando lleguemos allí, pensando en el periodo 2021-2027; el gobierno español va a estar restringido por la norma del fondo de transición que le obliga a poner dinero adicional en Asturias respecto de lo que podría poner en condiciones normales derivado de esa obligatoriedad» de aportar entre 1,5 y 3 euros más por cada euro de ayudas a la descarbonización.    

El eurodiputado asturiano se mostró crítico con el despliegue de pesimismo respecto a este fondo de transición difundido en el Principado en medios de comunicación y agentes sociales. «Hablar de región relegada y cosas así es un disparate. Me da la impresión de que mucha gente que está opinando no se ha leído el reglamento»; apuntó Fernández.

Sobre todo porque sólo acaba de arrancar la propuesta y queda mucho camino por negociar. Pero también porque la comisión distribuirá el dinero de estos fondos en función de los proyectos presentados y si cumplen los requisitos marcados. Para los que presenten la administraciones públicas, pero también la iniciativa privada ; y porque muchos fondos (como los correspondientes al llamado Plan Juncker) o las líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones, también están vinculados entre sí. «La propuesta de la Comisión es una base para empezar a negociar, sería bueno introducir en el reglamento los criterios para el reparto dentro de los países, habría que garantizar que ese multiplicador que ahora obliga en el reglamento se mantenga o incluso se eleve, porque eso nos garantiza que va a entrar más dinero en Asturias respecto al statu quo. Pero además esto tiene que ir aparajeado con que Asturias haga un buen plan».

De momento el Principado estima que a lo largo del año que viene podrá detallar seis grandes líneas de trabajo (desde proyectos de almacenamiento energético hasta rehabilitación de zonas degradadas por la explotación minera) y los preliminares de alrededor de 60 proyectos concretos. En este sentido, Fernández destacó que es preciso que el Principado presente un buen plan y que lo haga en tiempo y forma, también porque eso permitirá que la iniciativa privada pueda tener acceso a líneas de crédito adicionales «tanto en el plan Juncker como en el Banco Europeo de Inversiones. Si Arcelor quiere hace, algo igual tiene una línea de crédito; si Alsa quiere cambiar todos los autobuses por vehículos eléctricos pues va a tener una línea de crédito preferencial, pero eso son inicitivas privadas».