El embudo de la dependencia: Asturias pierde mil beneficiarios en un solo año

Son casi 1.000 menos. En concreto, 966 dependientes con derecho a recibir prestaciones que se han quedado en el camino. El Principado vivió en 2019 una situación curiosa. Su número de beneficiarios cayó de manera drástica. Solo Asturias y Extremadura registraron este fenómeno. El resto de regiones siguen en la tortuosa senda del crecimiento. ¿Quiere decir esto que hay menos expedientes y que los asturianos cursan menos solicitudes? La respuesta es un no rotundo. La estadística señala que lo que ha crecido de manera dramática es el limbo de la dependencia, ese cuarto de atrás en el que están las personas con el derecho reconocido pero que esperan durante meses a que la Administración haga efectivas las ayudas.

Solo hace falta una simple operación matemática, una resta, para darse cuenta del volumen del problema. Si a 31 de diciembre de 2019 26.877 asturianos tienen reconocida el derecho y solo 21.083 están recibiendo alguna prestación, esto supone que hay 5.794 en tierra de nadie, a la espera de una plaza en una residencia o en un centro de día, de un servicio de teleasistencia o la ayuda económica para el cuidador familiar, que desde abril puede darse de alta en la Seguridad Social y cotizar de nuevo. Un año antes, ese limbo estaba formado por 3.590 dependientes. Es decir, 2.200 menos. El embudo generado en el Principado a lo largo del 2019 cuenta con cifras concretas y son oficiales. Pertenecen a la estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), integrado ahora dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, gestionado directamente por Pablo Iglesias.

Los que han dado la voz de alarma son los integrantes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han realizado una primera valoración del balance de 2019 en toda España. Este colectivo ha sido el que ha destacado que hay 20.000 personas más en lista de espera en el último año, que unos 85 españoles fallecen a diario esperando a que se les preste el servicio y que la aplicación de la ley se está ralentizando. Sin embargo, sólo en Asturias y Extremadura disminuyó el año pasado el número de atendidos. La lista de espera, en cambio, creció en estas dos regiones y también en Madrid, Murcia, Isla Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia. Esto puede suceder porque el número de solicitudes crece más rápido que el de beneficiarios. 

El Gobierno regional es consciente de la situación. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha afirmado que su departamento «trabaja sin descanso» para atender la creciente demanda de los servicios de dependencia, que en el caso de Asturias es un problema que se ve acrecentado por el envejecimiento de la población. Álvarez ha recordado que el Gobierno del Principado ha puesto en marcha un plan de choque para tratar de «contrarrestar» la presión de la demanda de estos servicios.

Los números al detalle

En el Principado, el problema es más grave crece el número de solicitudes y baja el de beneficiarios. Parece la tormenta perfecta. Nuevamente con los datos del SAAD en la mano, se puede ver que a fecha 31 de diciembre de 2018, hace un año, se habían registrado 38.844 peticiones. El 31 de diciembre de 2019 ya eran más de 40.500. Del total recibido, apenas 8.300 no consiguieron que se reconociera ningún grado de dependencia. Entre los que sí lo tiene reconocido y, además, están ya dentro del sistema, apenas el 11,89% está en residencias y solo el 8,51%, en centros de día o de noche. En cambio, casi tres de cada diez cuentan con el cuidado de un familiar y un 7,55% una persona externa contratada. El porcentaje de cuidadores familiares es relativamente bajo si se compara con los porcentajes de otras regiones. Representan el 56% del total en la Comunidad Valenciana, el 52% en Navarra o el 50% en Madrid y Baleares.

Desde abril todos estos cuidadores familiares han podido volver a cotizar. Legalmente tienen la posibilidad de darse de alta en el convenio especial que reconoce a los cuidadores no profesionales en situación de dependencia. En esa situación se encuentran 1.779 asturianos que han decidido aceptar esta regularización. En toda España son algo más de 55.000. Durante los cinco primeros meses se dieron de alta 1.300. En la recta final del año, realizaron los mimos trámites otros 400 más. La memoria del SAAD indica que hay 7.960 dependientes atendidos por familiares, por lo que el número de potenciales altas es muy superior.

Los directores y gerentes creen que es urgente darle un impulso a la ley. «La demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres, ya que el 75% de las personas que prestan esos cuidados son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes», apostillan. La prioridad es darle «la inyección financiera» que permitiría atender a los que ya son demandantes. «Al ritmo anual se tardaría más de una legislatura en llegar a la plena atención», explican y eso suponiendo que ni un dependiente más quisiera entrar en el sistema, algo totalmente ilusorio.