Un claustro universitario, con regusto electoral

No se llegó ni al centenar de asistentes. Apenas 80 claustrales, de los más de 300 citados, han asistido al último claustro del actual mandato en la Universidad de Oviedo. La cercanía de las elecciones al rectorado está en el ambiente y marca la agenda. El rector, Santiago García Granda, más que un repaso a los meses recientes, ha hecho un balance de gestión y ha apuntado un boceto de lo que puede ser su programa con las prioridades para el futuro, desde esa planificación de nuevas titulaciones que no ha sido capaz de sacar aún, a la recuperación de derechos del PAS o la aprobación del código ético de la institución. Entre el público estaba la oposición, por primera vez en los últimos cuatro años, organizada en torno al catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, que ya ha anunciado su intención de presentarse. Villaverde ha denunciado la escasa capacidad de resolución de Granda y de su equipo y los problemas enquistados que siguen sobre la mesa. Lo ha resumido en tres palabras: «Aislamiento, parálisis y desorientación». No ha habido casi presencia de estudiantes. Solo una decena, con el presidente del Consejo, Ángel Caraduje, entre ellos.

Casi un programa electoral

El rector ha aprovechado la sesión para vender su gestión. El claustro es un buen escaparate para la comunidad universitaria. En su haber ha puesto la actualización del reglamento de permanencia, una oferta de empleo público con 242 plazas para el personal de administración y servicios (Pas) y la convocatoria de procesos selectivos que han permitido estabilizar a 136 laborales y 215 funcionarios, además de la renovación de plantilla de personal docente e investigador (Pdi), con 240 plazas en el periodo 2016-2019 y el rejuvenecimiento de plantilla, con 120 nuevas plazas de profesorado ayudante doctor. También ha hablado de la eliminación progresiva del uso irregular de la figura del asociado, de la creación de 18 nuevos estudios oficiales, del incremento del número de asignaturas impartidas en inglés y de los estudiantes matriculados en grados bilingües, la estabilización del calendario universitario y el plan de promoción de la investigación que moviliza un millón de euros. En la parte de infraestructuras, considera que se han conseguido unos campus más sostenibles, se ha implantado un plan de ahorro energético y se han acometido nuevas instalaciones de calefacción. Ha destacado los presupuestos participativos. Considera un éxito que Shanghái haya incluido a la Universidad, por primera, vez en el top 500 desde el año de creación del ranking

¿Qué le queda por hacer a Santiago García Granda? El rector ha desgranado por dónde quiere seguir gestionando. En primer lugar, ha hablado de seguir trabajando con la comisión de estudio del plan de titulaciones y comisión mixta de coordinación con el Gobierno del Principado de Asturias. En este caso, ha explicado que ya ha facilitado documentación inicial a la Dirección General de Universidades aunque no la haya presentado públicamente, tal y como dijo que haría el pasado mes de septiembre. Ha avanzado su intención de poner en marcha del plan piloto de titulaciones duales o la implantación de un grado abierto. Quiere realizar un estudio sobre la mejora de la orientación en los estudios universitarios y de las herramientas necesarias para combatir el fracaso y un nuevo reglamento de títulos propios. Pretende trabajar en la recuperación de derechos del Pas y acometer una modificación progresiva de las relaciones de puestos de trabajo (RPTs). Ha prometido una nueva oferta de empleo público 2019 y la aprobación y difusión del código ético de la Universidad. Ha hablado de conceder ayudas para la renovación de los laboratorios de prácticas y la asignación de un presupuesto para institutos de investigación en el próximo ejercicio. Ha insistido en la licitación de la residencia universitaria de Gijón o en la implantación de nuevos trámites electrónicos. Esta parte propositiva bien podía formar parte de un detallado programa electoral.

En clave de oposición

La oposición, desde el público, ha sembrado de dudas su gestión. Villaverde ha criticado la gestión de plazas tanto del Pas como del PDI, que en los últimos meses ha generado cierta polémica. También ha expuesto el malestar existente con la gestión del instituto de innovación educativa, por cuyos ha pasado una nutrida representación de vicerrectores y de otros cargos intermedios. Este punto ha molestado a Granda que ha incluso preguntado si se le estaba acusando de cometer irregularidades. El catedrático de Derecho Constitucional ha criticado que el rector se escude en la falta de recursos económicos para justificar la inacción en muchas áreas cuando en la última liquidación el saldo positivo fue de 3,5 millones de euros. No comparte que se haya reducido el número de docentes asociados, porque ha explicado que sigue habiendo unos 400, y ha recordado que esta figura se sigue usando mal, ya que están ocupando plazas estructurales. Tampoco ve por ningún sitio el rejuvenecimiento de la plantilla y no ha aceptado que se cuelgue medallas con las acreditaciones porque señala que es un tema de mera gestión, que debe realizar cualquier equipo rectoral. También se ha preguntado dónde está el famoso plan de titulaciones largamente anunciado por Granda. 

Villaverde ha explicado que el claustro ha sido descafeinado y ha acusado a los actuales gestores de «haber matado este órgano» que en otras épocas era un excelente medidor de la vida universitaria, de los intereses y de los problemas de la comunidad. No entiende que el plan de titulaciones, en teoría, se haya presentado a la Dirección General de Universidades pero el claustro ni nadie externo al equipo rectoral conozca ese documento. 

La defensora del universitario

Al margen de este rifirrafe se ha mantenido la defensora del universitario, Paz Andrés, que ha presentado su informe de gestión. En total, desde el último claustro ha abordado 224 asuntos, de los que más de la mitad llegaron vía correo electrónico. El 74% procedían de estudiantes. El mes más activo es junio. El tipo de actuaciones que requieren varía en función del origen del asunto. Los tres asuntos que más han consultado o denunciado los estudiantes son las evaluaciones, problemas de matrícula y dificultades con las becas. En el caso del personal docente e investigador, han sido las plazas y convocatorias y el comportamiento de los alumnos. Paz Andrés ha contabilizado hasta siete quejas por esta causa. El personal de administración y servicios ha reclamado aclaraciones con respecto a la carrera profesional.

De todas estas consultas y quejas han emanado una serie de recomendaciones. La primera de todas consiste en la necesidad de extender la gestión electrónica, a través de las nuevas tecnologías, ya que «agilizaría y facilitarían notablemente la gestión administrativa y redundaría en una mejora en la calidad de los servicios universitarios, sin olvidar que alcanzar el pleno desarrollo de la administración electrónica resulta ya imperativo para dar debido cumplimiento al marco normativo». Otro asunto que ha detectado es la indefensión del alumnado cuando se detectan errores en las actas y se cambian notas que pueden suponer que alguien que, en teoría, había aprobado esté en realidad suspenso. Andrés ha recomendado establecer un sistema homogéneo para toda la universidad, que garantice los derechos de los estudiantes.