Aplazan el juicio del «caso Aquagest» por la renuncia de una defensa

La jueza ha acordado este lunes el aplazamiento del juicio del caso Aquagest, en el que once acusados afrontan penas de hasta siete años de cárcel, por la renuncia del abogado del fundador de la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (Asia), Miguel Ángel Villalba. La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha citado a Miguel Ángel Villalba para que este martes se presente a una vista donde tendrá que comparecer con una nueva defensa y en el caso de que así suceda se pueda celebrar el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las piscinas de Corvera.

En el supuesto de que designe a nuevo letrado, se convocaría a todas las partes para que los días 24 y 25 de octubre se celebren las cuestiones previas y los días 28 al 31 de octubre se reservaría para la declaración de los acusados. Villalba ha asegurado a los periodistas que él fue «el primer sorprendido» de que su anterior letrada renunciara a su defensa alegando que «estaba enferma» y no podía hacerse cargo de su defensa.

Este contratiempo ha obligado a la juez a aplazar el juicio donde este lunes se iba a celebrar la primera de las 29 sesiones previstas en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la falta de espacio en la sede judicial de Avilés. La Fiscalía imputa a los acusados, bien en calidad de autores o como cooperadores necesarios, delitos de prevaricación administrativa, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Entre los once acusados figuran el exalcalde de Corvera, Belarmino Moro, de Unión Social y Progresista de Corvera (USPC), el exedil de Urbanismo y expresidente local del Partido Popular (PP), Luis Solares, la exteniente alcalde y exconcejal de Hacienda, Ana Belén Toro, de USPC, la cúpula de la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) y cuatro directivos de Aquagest. La Fiscalía también dirige la acusación contra el exdirector para la zona norte, H.L. y otros tres directivos de Aquagest.

Según el relato fiscal, entre 2009 y 2011, Miguel Ángel Villalba, ideó junto a su hermana, la exconcejala Elena Villalba, y otro directivo de Aquagest, un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar al partido. Esta actuación se realizaba, con la participación de otros dos acusados, según la versión fiscal, a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas.

Para recibir los pagos, los hermanos constituyeron una comunidad de bienes, utilizando, según la Fiscalía, a personas interpuestas para ocultar su identidad y confeccionaron facturas por cuenta de terceros por servicios no prestados o por importes superiores a los debidos, para justificar el dinero recibido y darle apariencia de licitud. Según la Fiscalía, esta adjudicación se hizo sin tener en cuenta el posible perjuicio económico para el municipio, al rechazar otras ofertas