La voltereta legal que acoge el veto al asturiano en el parlamento

Uno de los argumentos de los contrarios a la oficialidad del asturiano es que pueda derivar en situaciones de «imposición», que se obligue a alguien en un determinado momento a usar una lengua en contra de su voluntad. Paradójicamente eso fue precisamente lo hicieron ayer en el parlamento los grupos más adversos al asturiano, imponer que la Consejera de Cultura, Berta Piñán, no pudiera usar esa lengua y obligarla a hablar en castellano. Lo hiicieron recurriendo además a una petición expresa que fue atendida por los servicios jurídicos de la cámara. Y así los letrados llevaron a la presidenta de la comisión, la socialista Lidia Fernández, una interpretación tan ceñida a la literalidad del artículo 11 del reglamento de la cámara que terminó por hacer apelar a la «buena voluntad» de la consejera para que se expresa en castellano. No sin que se dieran situaciones surrealistas.

El artículo 11 del reglamento del parlamento asturiano dice textualmente «en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, los Diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias». De forma habitual, a lo largo de varias legislaturas, los diputados de distintos grupos han utilizado el asturiano en los plenos de la cámara y también a la hora de presentar por escrito iniciativas parlamentarias. Los letrados interpretaron ayer, sin embargo, que esta capacidad está limitada a los diputados elegidos en los comicios, a los cargos electos, y la Consejera de Cultura Berta Piñán no lo es, es una persona designada por el presidente, en el ejercicio de sus competencias, para la configuración del Gobierno.

Sin embargo este salto jurídico deja una laguna de dimensiones colosales cuando se tiene en consideración leyes como el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 4 dice «el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje» y remite a una ley de uso concreta, en la que se establece que «todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito» en el uso administrativo. 

El profesor de Derecho José Manuel Pérez destacó que probablemente los letrados reforzaran su argumento, además de la muy restrictiva interpretación del artículo 11 del reglamento de la Junta, recurriendo al 23.2 de la Constitución que se refiere al derecho a participar en asuntos públicos y además «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».  Es decir, ya que «también se interpreta como el precepto que consagra el derecho fundamental a ejercer la función pública y sobre la base de que no entienden el asturiano no podían ejercer su derecho a ser cargo público».

Sin embargo esta decisión, que ha creado un precedente, tiene para Pérez consecuencias que pueden derivar en situaciones absurdas a lo largo de la legislatura. Por ejemplo, «que en una comisión parlamentaria comparezcan diputados que usen el asturiano, y otros no, que comparezcan ciudadanos que hagan uso del asturiano sin ser diputados ni cargos electos amparándose en la Ley de Uso, pero que si en esa comisión participa un miembro del gobierno y no podría hablar asturiano. Salvo que el miembro del gobierno fuera también diputado, por ejemplo Adrián Barbón sí podría».

A juicio del profesor, resulta evidenta que hay un vacío legal y, sin embargo, a su juicio en este caso «hay que hacer siempre la interpretación pro libertate, es decir para favorecer el ejercicio de un derecho». De hecho, destacó que el preámbulo de reglamento de la Junta General hace mención expresa a los cambios de la última reforma de la que fue objeto se hicieron, entre otras cuestiones, pensando buscar la trasnparencia, la eficiencia y «promoviendo asimismo el uso del bable en el ejercicio de las funciones parlamentarias, en el marco del Estatuto de Autonomía». 

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Presno ha indicado que la situación vivida en el parlamento viene marcada por el estatus jurídico del asturiano y la falta de oficialidad. «Al no ser oficial depende de los usos y la voluntad», ha explicado a Europa Press, y ha recordado que hasta el momento esta lengua había sido usada tanto por diputados como por comparecientes, «por lo que parece difícil de justificar» la situación vivida este martes.

«Es más querer entender que otra cosa», ha afirmado Presno, que ha recordado que los diputados que mostraron su disconformidad con el uso del asturiano podrían haber pedido traducción, pero no fue así. Del mismo modo, entiende que hubiera un veto al uso de una lengua si los diputados no pudieran entender ninguna palabra, «pero era asturiano y no creo que sea el caso».

En ese sentido, ve la interpretación de la Mesa de la Cámara como restrictiva, «porque tendría que facilitar el ejercicio de los derechos y no impedirlos», ha explicado. «La legislación habla de promover su uso, por lo que la interpretación que han realizado deja al Estatuto vacío de contenido», ha señalado.

Las peticiones de los diputados contra el asturiano fueron diversas. El PP reclamó un traductor simultáneo ya que su diputada María Gloria García adujo que no entendía el asturiano, el diputado de Vox, Ignacio Blanco, amenazó con abandonar la sala si se hablaba asturiano y en tono de burlsa dijo que usaría el inglés. La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho se contentó con la interpretación restrictiva de los letrados y calificó de «teatro» que Piñán qusiera hablar en asturiano.

Pero lo cierto es que en el devenir de la exposiciones de prioridades políticas de una consejería, que es un asunto muy poco épico, sí que Piñán usó el asturiano sin que ningún diputado ni de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos manifestara ninguna oposición. Lo hizo a la hora de responder a preguntas de la diputada de IU Ángela Vallina, que realizó tanto en asturiano como en castellano. Sin embargo nadie paració notar nada singular ni se quejó de no poder comprender la intervención.

Sin embargo, momentos después, llegado el turno del diputado de Podemos Rafael Palacios volvió la bronca. Palacios había solicitado expresamente que la consejera pudiera responderle en asturiano y entonces la presidente tuvo que tomar nota de las quejas, ahora así, del grupo popular para volver a reclamar que Piñán sólo usara el castellano. 

En la misma jornada, el lanzamiento de una campaña de la plataforma contra la cooficialidad equiparando la reclamación del reconocimiento del asturiano con el indepentismo también despertó una polémica entre los grupos políticos.