Asturias tiene el triple de beneficiarios de rentas mínimas que antes de la crisis

España sigue en los puestos de cabeza europeos en lo que se refiere al abultado porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, aquellas personas que carecen de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de primer orden. La tasa se sitúa en el 21,5 %, una de las más altas de Europa. Lo corrobora el último informe Pobreza y rentas mínimas, que acaba de hacer público Funcas con datos del 2017.

De acuerdo con él, en los últimos diez años se ha triplicado el número de ciudadanos que, golpeados por las embestidas de una crisis feroz, se han convertido en beneficiaros de estas ayudas. Se acercan a los 780.000 e incluyen a los titulares y a sus dependientes. En el caso de Asturias, los últimos datos del Salario Social (con fecha de julio de 2019) revelan que en la actualidad cuenta con 22.474 titulares. Es decir, en ese mismo periodo, en la última década, la prestación social asturiana se ha triplicado en cuanto al número de receptores.

Pero el reparto es desigual. Tanto como el número de comunidades autónomas, porque el nivel de riesgo de pobreza para acceder a rentas de estas características no se mide de la misma manera al tratarse de un capítulo transferido a estos territorios. De hecho, el Salario Social asturiano extiende su existencia por más de una década y se creó en 2006.

Varían desde las denominaciones hasta el tipo de destinatarios (todos en situación de desempleo) o la cuantía y los requisitos para acceder a la prestación, la compatibilidad con otras rentas o su condicionalidad a la participación en programas de activación laboral. El importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del estado alcanza aproximadamente los 450 euros, y Asturias se encuentra a la cabeza en varios factores. Así aparece como sexta comunidad en el ránking de la cuantía mínima de la prestación (con 443) sólo superada por País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Aragón. Y también está el Principado entre los territorios destacados en cuanto a número de beneficiarios, en cuarto lugar, sólo por detrás de País Vasco, Madrid y Andalucía, que son comunidades que la superan ampliamente en población. 

Para la Fundación estas rentas son «eficaces» en la disminución de la pobreza, mientras que los efectos a la hora de desincentivar el empleo «son muy moderados», aunque considera que nada impide que el propio sistema de Seguridad Social garantice unas prestaciones sociales suficientes para todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad».

Un ayuda que crece cuando aumenta el paro

En el informe publicado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la pasada legislatura para hacer el balance de la década (entre 2006 y 2016) del funcionamiento del Salario Social quiso destacar la evolución pareja del incremento en las cifras del paro y el aumento de las solicitudes. De los alrededor de 20.000 beneficiarios del salario social asturiano, algo más de 4.000 son mayores de 65 años, o padecen alguna discapacidad que les hace estar exentos de la búsqueda de trabajo. El resto sí puede buscarlo por los servicios de empleo de la comunidad y de hecho lo hace. Hasta el 85,7% ha accedido a alguna orientación del servicio de empleo del Principado, con una media de 3,5 sesiones por persona, el 20% de ellos acudieron a tutorías personalizadas de formación y orientación profesional; según ese informe de la década.

No es un asunto menor el género ni la edad de los perceptores del salario social. El 60,8 son mujeres con niños a su cargo, hay más de 10.000 menores que viven en una familia que está acogida a esta ayuda. Además se trata de un grupo que por edad encuentra de forma general más dificultades para integrarse en el mercado laboral, la media de las mujeres es de 45 años y la de los hombres de 46. Se aprecia la dificultad de las cargas familiares en el distinto tipo de unidades que tiene el salario social, en las individuales hay una mayoría de hombres pero en las múltiples (porque incluyen a los menores), son predominantes las mujeres.

Con todo, los distintos tipos de renta mínima que existen en cada comunidad, están pendiente de que se apruebe el decreto que desarrolle la ley de inclusión extensiva a todo el país. Los cálculos de algunas administraciones estiman que estos ingresos aumentarán hasta equipararlos a los que se recibirían por un primer empleo, unos 200 euros más.

Para reducir tanto estas diferencias entre territorios como la posición de España respecto a Europa, hace unos meses la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) planteaba el establecimiento de una renta mínima estatal con el objetivo de reducir la tasa de pobreza hasta el 2,7 %, cuando la media de la UE se sitúa en el 3,5 %.