Los alumnos con discapacidad auditiva sólo tienen garantizados intérpretes la primera semana del curso

Los alumnos asturianos con discapacidad auditiva no han tenido un inicio de curso tranquilo en años. El servicio de intérpretes de lengua de signos siempre está en el alero. Este año también. A día de hoy, 28 de agosto, los alumnos solo tienen garantizada una semana con intérpretes. La anterior empresa concesionaria del servicio, que el Gobierno del Principado se niega a prestar de manera directa, anunció hace meses que no tenía pensado prorrogar el contrato, tal y como recogen los pliegos, debido a los ajustado de las condiciones. Sin embargo, la Consejería de Educación no ha movido ficha. Ni ha sacado un nuevo concurso ni ha realizado ningún trámite para conseguir la gestión directa. Esto implica que solo hay garantía de que haya intérpretes en el aula hasta el 18 de septiembre. ¿Por qué esa fecha? Porque ese fue el día exacto del curso pasado en el que se incorporó la compañía que ahora lo deja y que tiene pensado cumplir el año. Así se lo ha comunicado oficiosamente a sus propios trabajadores.

Los intérpretes de lengua de signos en las escuelas están hartos de esta situación. A la precariedad de sus condiciones suman los convulsos inicios de curso en Asturias. Los contratos siempre están en el aire y nunca saben con anterioridad qué va a pasar con ellos. La peor parte se la llevan los alumnos. Muchos tampoco conocen de antemano el número de horas concedidas y pueden pasar hasta semanas sin nadie que les ayude. Las familias siempre reconocen que los intérpretes son determinantes y más en la vuelta al cole, cuando conocen a sus docentes y la nueva organización de las clases.

La situación de este mes de agosto

En esta ocasión, el desencadenante de esta nueva crisis es la firma de un convenio colectivo. El convenio que se aplica a los intérpretes, tal y como establecen los pliegos de la licitación realizada por el Principado, es el XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Personas con Discapacidad. Este acuerdo marco estaba caducado y prorrogado desde 2016. Hace unos meses, los sindicatos y la patronal llegaron a un nuevo acuerdo, que suponía la mejora de las condiciones de los trabajadores. El problema surge porque Aires Creativos S.L., que es la empresa que ganó el concurso para entrar en la escuela asturiana, señala que no puede asumir esa subida si el Principado no le ofrece más dinero y la administración asturiana no se ha mostrado partidaria de realizar el desembolso. La consecuencia es que Aires Creativos S.L. prefiere no ejecutar la prórroga y quedarse un año más porque entiende que no le es rentable.

Los propios intérpretes de lengua de signos explican que a esta situación se llegó en junio, es decir, hace dos meses. Pero nada se ha avanzado desde entonces. Los trabajadores reconocen que ellos prefieren que la consejería opte por hacer pública la gestión del servicio. Consideran que es la mejor opción para todas las partes. La plantilla consigue unas condiciones laborales dignas, la administración ahorraría dinero -según reconoce un informe encargado por Función Pública- y los alumnos tendrían garantizada una atención de calidad desde el primer día. La consejería ya ha demostrado en repetidas ocasiones que esta opción no les gusta. Curso tras curso, ha optado por convocar una nueva licitación y mantener la gestión privada del servicio. Esto implica, denuncian los trabajadores, contratos basura, salarios que va de los 300 euros a los 800 euros y una tasa de temporalidad que llega al 90%. Tampoco está garantizada la atención durante todo el curso.  

«Dentro de dos semanas comienzan las clases para decenas de niños sordos y a día de hoy parece imposible que puedan contar con sus intérpretes de lengua de signos», denuncian. «A priori, la idea de la Consejería de Educación parece que es seguir con el servicio privatizado, pero los plazos legales para la adjudicación de contratos mayores son los que son y es imposible que un contrato de estas características esté resuelto en apenas dos semanas. El proceso de adjudicación del contrato anterior duró nueve meses», insisten.

Existe, además, en paralelo, otro miedo: que se reduzcan drásticamente las horas de atención al alumnado. Los intérpretes temen que Educación intente mantener el servicio sin gastar un céntimo más. La única manera de hacer esto, ahora que tienen que pagar la hora más cara, es reducir el servicio. «Es el momento de que la consejería y el Gobierno tomen cartas en el asunto y hagan pública la gestión del servicio de atención al alumnado sordo: por eficiencia, por calidad, por transparencia», reclaman.