Ángel Cano, de raíces asturianas, imputado por el caso Villarejo

El caso por el espionaje a políticos, autoridades, empresarios y periodistas presuntamente encargado por el BBVA en la época en la que Francisco González era presidente, se reactiva en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6, que investiga el caso Tándem, más conocido como caso Villarejo y del que esta es la novena pieza separada, ha citado a declarar como investigados -figura que sustituyó a la de imputado- al ex número dos del banco Ángel Cano, de fuertes raíces asturianas.

Cano, que entró en Argentaria en 1991, llegó a ser mano derecha de González como consejero delegado del BBVA entre los años 2009 y 2015, cuando fue sustituido por Carlos Torres, ahora actual presidente de la entidad. Pero antes ocupó cargos diversos; desde director financiero y de recursos humanos a responsable del área de tecnología. Cano es hijo de asturiana con raíces en el concejo de Grado, de donde son naturales también sus abuelos maternos. Cano estudió también la carrera de Económicas en la Universidad de Oviedo, como hiciese también su padre.  

Junto a Cano también está citado -las declaraciones tendrán lugar mañana y el viernes- el ex responsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, vinculado al excomisario José Manuel Villarejo, con quien coincidió en la Policía, donde fue jefe Superior en Madrid y comisario general de Policía Judicial. De hecho, Corrochano habría sido el enlace de González con Villarejo para contratar las presuntas escuchas ahora investigadas, con el objetivo de frustrar el asalto de la constructora Sacyr al consejo de administración del banco, a finales del 2004.

Además de Cano y Corrochano, el juez escuchará también a Inés Díaz Ochagavía, actual responsable de seguridad de la entidad financiera y en su momento número dos de Corrochano. En esta ronda de interrogatorios se incluye al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en la mercantil Cenyt (a través de ella se canalizaban los encargos del BBVA, que duraron una década), y a otros cinco directivos y exdirectivos del banco: Ignacio Pérez Caballero, director de banca comercial; Javier Malagón Navas, exdirector general de finanzas e interventor general; Antonio J. Béjar González, ex responsable de la división inmobiliaria y actualmente consejero delegado de Distrito Castellana Norte (el proyecto de la Operación Chamartín que el BBVA tiene en común con la constructora San José); Ricardo Gómez Barrero, director de contabilidad; y Nazario Campo Campuzano, integrante del equipo de seguridad del banco.

Todos están imputados por la presunta comisión de delitos de cohecho y revelación de secretos.