Una nueva agresión a una funcionaria de la cárcel de Asturias desata las críticas sindicales

Una agresión contra una funcionaria del Centro Penitenciario de Asturias registrada este domingo en el módulo de mujeres vulve a poner sobre el tapete los «graves problemas de gestión penitenciaria que acaban pagando las funcionarias y funcionarios». En esos términos lo denuncia un comunicado emitido por el sindicato CCOO donde, tras expresar «solidaridad y apoyo» a la funcionaria agredida, el sindicato enumera algunas de las causas a las que atribuye la reiteración de estas situaciones: entre otras, una «nula clasificación de las personas reclusas» y la «patología psiquiátrica de una importante parte de la población penal, que no tienen la atención especializada que necesitan, en un medio como la prisión que no es el adecuado para tratar la salud de estas personas». José María López, responsable de la Sección Sindical de Prisiones, recuerda que «un 30%» de las personas internas padece patologías psiquiátricas en el conjunto de los centros penitenciarios españoles, y que la situación es extensiva al asturiano. El 60% de las cerca de 500 agresiones anuales a personal de prisiones registradas cada año tienen como autores a personas en esa situación.

Además, y como contexto de fondo, CCOO incide también de nuevo en la «endémica falta de personal» para la vigilancia, el tratamiento o los cuidados sanitarios y el «envejecimiento de la plantilla», factores que incrementan según el sindicato «los riesgos laborales de salud» en un centro donde -añade el comunicado- quedan «más de 80 plazas sin cubrir».

El sindicato apunta a «la desidia del Ministerio del Interior» y recuerda las cifras anuales de agresiones de este tipo en centros penitenciarios, que rondan los 500 casos. CCOO acusa a Interior de ser «incapaz de dar respuestas, y las que da dejan más agresiones, como consecuencias de excluir al personal penitenciario en contacto con las personas  internas, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborarles, poniendo a España a la cabeza de Europa de agresiones a su personal penitenciario, el cual puede ser agredido hasta en tres ocasiones durante su vida laboral». Asimismo acusa a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de hacer una «política de propaganda».

Por ello, exige una oferta de Empleo Extraordinaria de Empleo que cubra las 3.500 vacantes presupuestadas y sin personal y que están en el origen del 30% de las agresiones, así como la aplicación estricta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a todo el personal penitenciario. «Las agresiones no pueden formar parte de la actividad ordinaria del personal penitenciario, no entran en nómina y además con agresiones la reinserción no es posible», concluye el comunicado sindical.