El Principado niega causas estructurales en el recorte de producción de Arcelor

El Gobierno asturiano ha mostrado su desacuerdo con la postura de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las causas que han llevado a la multinacional siderúrgica ArcelorMittal a recortar en 700.000 toneladas su producción en sus plantas ubicadas en el Principado. Según Ribera, hay otras causas estructurales derivadas de la reestructuración que está llevando a cabo en su producción en todo el mundo además de los costes de la electricidad que alega la empresa dado que en la comparativa entre el precio de la energía en España y el resto de la UE «hay una horquilla más o menos similar para la industria electrointensiva» como Arcelor Mittal. «No estamos de acuerdo con la posición de la ministra Ribera», ha señalado, tras la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, que ha incidido en la necesidad de que la industria española disponga de un marco «estable y precedible» de los precios de la energía.

Tras subrayar que el Gobierno asturiano mantiene una «permanente interlocución» con el Ministerio de Industria, Martínez ha señalado que la defensa de la industrial ha sido una preocupación «troncal y continua» del gabinete presidido por Javier Fernández. Así, ha apuntado, el Ejecutivo regional mantiene su exigencias de que se agilice la aprobación del Estatuto de la industria electrointensiva -al que el Principado presentó alegaciones- ante la preocupación por el porvenir del sector dado que el futuro de Asturias «pasa por asegurar su corazón industrial». A su juicio, la «necesaria» transición energética que debe acometer España se tiene que llevar a cabo «de forma progresiva» de manera que «no deje atrás a nadie, ni a la industria, ni a determinados territorios, ni a los trabajadores».

No obstante, ha señalado, el Gobierno asturiano confía en que la medida anunciada por ArcelorMittal sea «circunstancial» y que tenga «la menor repercusión posible» sobre sus plantas de Avilés y Gijón dado que la empresa tiene previsto afrontar inversiones en ambas por importe de 300 millones de euros -100 de ellos previstos este mismo año- que revelan «una apuesta clara» el futuro de estas factorías.

Para el consejero de Industria, Isaac Pola, la decisión de la empresa obedece a un conjunto de factores entre los que el precio de la electricidad es «un argumento significativo y relevante» dado que precio de la energía eléctrica para industria en España se sitúa en un nivel superior al de otros países de la UE y supone «un defecto competitivo para los productos fabricados en ese entorno». Pese a que la medida anunciada por ArcelorMittal no conlleva una reducción de la capacidad de producción instalada en Asturias y que la compañía prevé restablecerla cuando mejore la coyuntura actual, Pola ha señalado que la empresa deberá concretar en los próximos días con los sindicatos su incidencia sobre la plantilla. Así, ha avanzado que la compañía recurrirá al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vigente desde 2009, y ampliado este año hasta 2022, «como medida de flexibilización laboral» y deberá negociar demás su incidencia sobre la industria auxiliar.

Al margen del coste de la electricidad, el consejero ha incidido en otros factores que han provocado esta reducción de más de tres millones de toneladas en su producción en España, Polonia e Italia como el progresivo encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 que paga la empresa y cuyo importe ha pasado de 7,8 euros por tonelada a 25,8 en los últimos 16 meses por maniobras especulativas. Esos costes, ha recordado, no afectan a las importaciones de acero de países extracomunitarios, que han crecido en ese periodo, lo que hace necesario implantar «de forma inmediata» aranceles en sus fronteras por parte de la UE a esos productos dado que no interiorizan ese coste «tan significativo» para hacer sostenible la continuidad de la industria del acero en Europa. A estas circunstancias se añaden, según Pola, el aumento de los precios del mineral de hierro y de otros productos elaborados así como el coste «anormalmente alto» del carbón coquizable que utiliza la industria siderúrgica por el cierre de instalaciones mineras y la posterior concentración de su producción a nivel mundial.