Alfonso Román, investigado por desvíos de fondos en el Colegio de Enfermería

El exdiputado regional del PP y del CDS Alfonso Román López ha sido citado el día 8 a declarar en calidad de investigado ante el juzgado de Oviedo que investiga el presunto desvío de fondos del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa), por valor de 1,4 millones de euros, han informado a Efe fuentes judiciales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha señalado para el próximo día 8 de marzo la comparecencia de Román López, como exvicepresidente del órgano colegial, así como de Elena Losa, hija de Emilio Losa, expresidente del Codepa, ya fallecido, y Bartolomé Navarro, socio de la empresa que edita la revista interna.

Los fondos presuntamente desviados procedían, según las investigaciones, de la publicación mensual de la revista colegial, así como de las actividades de asesoramiento de contenidos, producción e impresión.

Asimismo, el juzgado ha admitido los escritos presentados por el abogado y la procuradora del Codepa para apartarse del procedimiento, siguiendo así las instrucciones de «su cliente», por lo que actualmente el órgano colegial carece de profesionales para defender los intereses de los 7.000 colegiados.

Esta situación ha llevado a la Asociación de Enfermería a presentar un escrito hoy mismo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo donde solicita que se requiera al Codepa para que designe nuevos profesionales, en orden a evitar posibles «indefensiones y nulidades».

La Audiencia Provincial ordenó el pasado año la reapertura de la investigación por el presunto desvío de fondos colegiales tras admitir el recurso de apelación de la Asociación de Enfermería de Asturias frente a la decisión del juzgado que había declarado el archivo y sobreseimiento de la causa por delito de apropiación indebida.

Además, los magistrados de la Sección Segunda admitieron que, en calidad de testigos, se tomara declaración a la extesorera del colegio, Y.J.L. y al asesor externo M.F.V.

La Audiencia señalaba, en un auto, que el importe de los gastos presupuestados a favor de la empresa de comunicación que edita la revista ascendía a 1,4 millones de euros, de los que parte fueron destinados a abonar facturas giradas por el exvicepresidente, así como a la mercantil, de la que era apoderado el fallecido Losa y de la que fue administradora su hija.

Para el tribunal, no aparecen en principio debidamente justificadas la realización de los trabajos y servicios que amparan la emisión de las facturas y, entre otras irregularidades, no se especifican tampoco las fechas, conceptos, ni persona que llevó a cabo el asesoramiento; según recoge EFE.

Tampoco constan la identidad ni la firma del emisor, indicios a los que, según la Audiencia, deben unirse las vinculaciones familiares y lazos de amistad existentes con el fallecido, no existiendo por otro lado constancia documental alguna de la contratación de los servicios.

En estas circunstancias, a juicio del tribunal, no cabe duda de que los hechos que motivaron las diligencias previas tienen, a priori, entidad delictiva pudiendo constituir las infracciones penales por presunto delito de apropiación indebida que ahora investigará el juzgado