Los daños de la fauna salvaje asfixian a los cazadores

Sobre el mapa cinegético de Asturias despliegan cifras. Quiere que los números pongan las cosas en su sitio. Cada vez que un jabalí campa por el centro de Oviedo o de Gijón o destroza un campo, todas las miradas se vuelven hacia ellos. Son conscientes de ello y creen que ese recelo está rodeado de desconocimiento. Por eso el presidente de Fadovisa, Andrés, Álvarez que aglutina a 40 de los 55 cotos regionales de caza activos ahora mismo en el Principado aclara aspectos fundamentales. El número de accidentes de tráfico causados por la fauna salvaje en el Principado se mantiene estable, en torno a 70 al año. A falta de cerrar 2018, también se moverá en esos datos. Tampoco la cuantía que están pagando por daños en la agricultura y la ganadería sufre grandes oscilaciones, a punto de terminar las valoraciones del año pasado, las compensaciones rondan el millón de euros. Mientras tanto, los gastos de los cotos crecen y los ingresos bajan. «Las asociaciones de cazadores son un fiel reflejo de la sociedad asturiana, cada vez somos menos y más envejecidos», explica Álvarez.

La solución que propone esta federación que representa una gran parte del sector modernizar la Ley de Caza, que ya tiene 30 años y que ya no cuadra con las exigencias ni de una sociedad digital ni con los requerimientos del siglo XXI. Su listado de peticiones es inmenso. Los cazadores quieren que se modifique el protocolo, que se aligere de burocracia y que se especifique mucho más el pago de las indemnizaciones, para evitar reclamaciones innecesarias que generan papeleo y gastos innecesarios. Ese nuevo baremo estaba anunciado para principios de 2018 pero todavía no ha llegado.

El Principado tiene, de hecho, en marcha una, a iniciativa de Foro. Esta misma semana, la Junta General ha comenzado a debatir la reforma. El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha reconocido que la actual normativa cinegética necesita mejoras importantes, «Más que un parcheo», ha reconocido ante la cámara. Pero no está de acuerdo con la propuesta de Foro porque contravienen numerosas directivas, convenios e internacionales y hasta la ley de procedimiento administrativo. Las comparecencias también han servido para demostrar con datos las impresiones de Fadovisa. En 1986 Asturias contaba con 32.000 licencias de caza, frente a las 11.000 que hay en la actualidad, es decir casi un tercio menos. Así, al menos, lo ha explicado Carlos Nores, profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo.

Los cazadores reivindican su papel fundamental en el control de la fauna salvaje no protegida. Cuando aparecen jabalís en el centro de las ciudades pero se cazan 10.000 o 12.000 ejemplares al año, algo está fallando, cree Andrés Álvarez. «Que se imaginen qué pasaría si los fotos desapareciese y nadie cazase. Sería un desastre», argumenta. Hay riesgo de que las sociedades comiencen a renunciar a la gestión de los cotos regionales por problemas económicos? El presidente de Fadovisa señala que el riesgo existe aunque, por el momento, está controlado. Sus 40 cotos tienen, más o menos, las cuentas al día, con sus seguros de responsabilidad civil en regla y sus presupuestos ordenados. Pero nadie garantiza que en el futuro siga siendo así.

Accidente de tráfico

Esos 40 cotos amparados bajo el paraguas de Fadovisa registran una media de 70 reclamaciones al año por accidentes de tráfico causados por animales salvajes, mayoritariamente jabalís. En 2018, a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, llevan 41. Los ejercicios 2016 y 2017 se cerraron con 71. En 2015, fueron 77. La gran excepción fue en 2014, cuando se registraron 148. El dirigente de Fadovisa señala que no tienen claro qué pasó justo ese año. Del total, una parte se solventa con acuerdos y una pequeña parte llega a los juzgados. El colectivo no tiene datos desagregados para saber cómo ha quedado cada una de ellas. «Está claro que dentro de todo el volumen de siniestros que se registran en la región, estos suponen un porcentaje mínimo», argumenta 

Lo que sí quiere dejar claro Andrés Álvarez es cómo está la legislación en este aspecto. Los cotos tienen la obligación de pagar mientras se está celebrando una batida o en las 12 horas posteriores. Fuera de ese margen de tiempo, no tienen que abonar ningún tipo de indemnización. Además, especifica que se tiene que comprobar que la batida se celebró. No sirve con analizar los permisos. Además, solo pagan si el siniestro tienen lugar en una carretera autopista que esté dentro del territorio gestionado cinegético gestionado por un coto privado. Los gestionados por las administración son cosa de las arcas públicas.

Este tipo de accidentes no están siendo demasiado lesivos para la contabilidad de los cotos. Al menos los amparados por Fadovisa cuentan con un seguro de responsabilidad civil de hasta un millón de euros que les cubre todo este tipo de incidentes. Se trata de un requisito importante para poder presumir de una economía saneada.

Daños agricultura y ganadería

Otra cosa bien distinta son los daños causados por los animales salvajes en la agricultura y ganadería que también se encuentra dentro de los terrenos cinegéticos. En estos casos existe un protocolo que hay que seguir y un baremo que es necesario acatar. El margen no parece demasiado grande. En este punto es donde las sociedades de cazadores consideran que urge una actualización. Lamentan la complejidad del protocolo y el exceso de burocracia. Tampoco comparte el baremos para cuantificar los daños, creen que tendría que ser mucho más detallado, porque evitaría conflictos entre ganaderos, agricultores y cazadores. Andrés Álvarez pone un ejemplo: «No es lo mismo que un jabalí entre en un campo de maíz bien plantado, con un buen cierre, a que entre en un huerto pequeño, sin cierre y mal plantado. Tal y como está ahora todo es maíz y se paga por igual, en función de la extensión».

Estos datos no hay seguro que los cubra, así que los cotos hacen una provisión de fondos en su presupuesto para estar cubiertos. Las cantidades suelen ser estables y ronda el millón de euros. Poco se desviarán en 2018 de esa cifra. De hecho, el presidente de Fadovisa cree que terminará por debajo. Eso es lo que le han comentado las compañías. Cada coto recibe una media de 50 a 60 expedientes por daños al año, lo que suma algo más de 2.000 reclamaciones al año dentro de esta asociación. De esas 2.000 reclamaciones, apenas el 9% llega a los juzgados por falta de acuerdo.  

Su propuesta es que la revisión del baremo baje incluso más el número de casos judicializados. Está convencido de que puede haber una propuesta más justa para las partes. Así, considera que se podría tener una base para la indemnización por la superficie y el tipo de cultivo y luego que se vayan introduciendo índice correctores. De acuerdo con el ejemplo anterior, un buen cierre destrozado en una finca tendría que pagarse de alguna manera. Del mismo modo que piensa que quizá no haya que pagar lo mismo a un agricultor profesional que a alguien que mantiene un huerto por hobby. Son ideas que pone sobre la mesa.

Urge la reforma

Los cotos urgen una reforma. «No podemos continuar con una ley de caza del año 89», denuncian. Explican que nada tiene que ver esta ley con las necesidades actuales, con la implantación de nuevas exigencias a la sociedades gestoras, tanto en la contabiliad como en la ley de protección de datos. No se trata solo de aspectos meramente cinegéticos sino también de la gestión de estos espacios que ocupan buena parte del territorio regional. La administración reconoce que esos 55 cotos regionales de caza que suman algo más de 690.000 hectáreas y suponen, la mayor parte de la superficie regional, principalmente en las áreas bajas y de media montaña. La sociedades suelen asumir la tarea por plazos de cinco a diez años, pero se corre el riesgo de que la presión sea tanta que comiencen a desistir. No están al borde del abismo, reconoce el presidente de Fadovisa, pero lo ideal sería prevenir ya. 

Incluso se podrían buscar nuevas fuentes de ingresos, ya que en la actualidad sobreviven con las cuotas de sus socios, sin ayudas ni subvenciones de ninguna administración. Una posibilidades que manejan es que se flexibilicen los permisos y que se consiga a traer a cazadores de fuera que también dejen dinero en el Principado. Para todo esto es imprescindible una nueva ley.