Varios países de la UE tienen participación pública en empresas (y no son comunistas)

A medida que se agravaba la crisis desatada por Alcoa al anunciar unilateralmente el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña, los trabajadores, pero también agentes sociales y partidos políticos reclamaron que la intervención de los poderes públicos llegara no sólo a la mediación con la compañía, si no también más allá. Dado que la empresa es la única productora de aluminio del Estado, los empleados señalaron que podría considerarse un monopolio y en el caso de que no cediera en su decisión de clausurar las factorías sugirieron que se nacionalizara si no se encontraba un comprador. Pero la medida fue descartada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien indicó que España no es una economía estatalizada. «¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista», afirmó la ministra en un acto celebrado en Santiago de Compostela, el pasado mes de noviembre, a preguntas de la prensa.

Pero lo cierto es que la participación del sector público en empresas estratégicas no es algo anormal en el entorno europeo. En Francia, el Estado tiene participación en 81 compañías, entre ellas, France Telecom, que es el principal operador del país; Renault, que una de las empresas más destacadas en la producción de automóviles; también tiene parte en Air France, la compañía aérea; y en la principal compañía eléctrica del país, Electricité de France.

En Alemania, la participación del Estado llega también al principal productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Dentro de la UE es Polonia el país que tiene un mayor índice de propiedad estatal de empresas, seguidos de Rumanía, Suecia, Lituania, Francia o Irlanda. Hay que descender, sin embargo, hasta el puesto 31 para encontrar a España, que afrontó un intenso proceso de privatizaciones en la década de los 90 a finales del siglo pasado. 

Además de en el caso de Alcoa, en distintos procesos de cierres planteados por diversas empresas, como en el caso de las centrales térmicas de Iberdrola, se ha señalado, y este último caso lo hizo el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, que hay un artículo en la Constituicón (que esta semana ha cumplido su 40 aniversario) que posibilita la intervención de la economía en función del interés general. Se trata del artículo 128, recogido en el título VII de Economía y Hacienda, y señala explícitamente en su punto uno que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general»; y en su punto dos que «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Las palabras de Magdalena Valerio no fueron bien recibidas ni siquiera por el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, quien afirmó que quizás la ministra quiso decir que «la nacionalización no lo ve como una solución muy razonable», ya que podría abrir la puerta a que ocurriese lo mismo con otras empresas. «No se si era eso lo que quería decir, pero sinceramente las declaraciones no me parecieron muy afortunadas. Creo que ella misma igual se da cuenta de ello, igual lo que quería decir era eso. Yo creo que hay soluciones diferentes que se pueden aplicar mucho más rápido, como forzar una venta», señaló el dirigente del socialismo asturiano.

Tampoco sentaron bien sus palabras a los responsables de Izquierda Unida y Podemos de Asturias. El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, recordó entonces el artículo 128 de la Constitución y acusó a la ministra de confundir el comunismo con la Carta Magna. Llamazares criticó que la ministra renunciara a esa posibilidad «cuando la empresa no renuncia al ERE de extinción», y exigió al Ejecutivo centra plantear una propuesta nacional y ante la Unión Europea que garantice «la continuidad» de la actividad del aluminio.

Por su parte, el portavoz morado, Enrique López, adujo que si no hubo problema para intervenir a los bancos y puede que también a las autopistas, no tendría que haberlo con una actividad industrial «potente y que da beneficios». «Si la postura de la empresa sigue siendo cerril, el Gobierno puede plantear instrumentos disponibles para intervenir total o parcialmente y de manera temporal o definitiva», añadió.