La industrias que reciban ayudas eléctricas deberán mantener la actividad por tres años

El Gobierno impondrá a las empresas electrointensivas que reciban ayudas obligaciones para que mantengan el empleo y su actividad productiva, según anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo aprobó este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en el que se incluye una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

Maroto señaló que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%.

La ministra destacó que es «relevante» vincular las ayudas a estas obligaciones para «mantener el tejido productivo y dar continuidad» a la industria, evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones.

En los últimos meses, el tejido industrial español ha visto como varias multinacional han anunciado el cierre de plantas en el país, como Alcoa, con sus plantas de A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700 trabajadores; Vestas con su fábrica de Villadangos del Páramo (León), que finalmente será relanzada por Network Steel; o la cementera Cemex.

Maroto subrayó que esta medida permitirá que las empresas «se arraiguen con el territorio» y que las ayudas concedidas tengan por objetivo «generar y mantener el empleo».

El objetivo de las medidas incluidas en el decreto es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación el sistema y los mercados de electricidad.

Además, el Gobierno procederá a prorrogar la vida útil de las instalaciones de cogeneración, que benefician especialmente a la industria.

Redes de distribución de energía cerradas

En concreto, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

Asimismo, la normativa establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

Estatuto del consumidor electrointensivo

Además, el real decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Para estas, empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado, señala el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.

Así, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores a escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

Por otra parte, también se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.