«La orden para que el geriátrico recibiese fondos mineros vino desde arriba, del Gobierno del PSOE»

Una de las preguntas que surgieron cuando a mediados del pasado 2017 saltó la Operación Hulla y se empezó a centrar la atención en la residencia geriátrica de Felechosa fue cómo se había modificado el real decreto que regulaba la concesión de fondos mineros a las entidades sin ánimo de lucro para que el Montepío de la Minería lograra los más de 30 millones en los que presupuesto la residencia geriátrica de Felechosa cuando esa disposición estipulaba en un principio que sólo se podía conceder un 1% del coste del proyecto. El que fuera gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, Juan Miguel Benítez, daba pistas en la declaración que el pasado 9 de octubre realizaba tras ser citado por la Unidad Central Operativa (UCO) al manifestar que ese cambio «vino impuesto desde arriba, por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español». Ahora tanto él como el exsecretario de Estado de Energía y presidente del IRMC (2008-2011), Pedro Luis Martín Uribe, han sido llamados, entre otros, por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, encargada del «Caso Hulla», para que realicen una declaración testifical el próximo 10 de diciembre.

Benítez ha señalado al exlíder del SOMA como «una persona con mucho poder» al ser preguntado por la UCO «si ha tenido relación profesional con José Ángel Fernández Villa». A esta pregunta, el exgerente del IRMC ha manifestado que «su trato con él siempre ha sido en el marco de las comisiones de seguimiento del Plan de la Minería» y que durante las mismas Villa «hacía alardes del poder que tenía», además de matizar que «sus intervenciones en esas reuniones se caracterizaban por los malos modales y por sus exigencias, sin importarle la presencia del secretario del Estado de Energía (presidente del IRMC) en las mismas». «Era una persona con mucho poder (ya que había sido senador por el Partido Socialista, llegando incluso a comentarse que él era la persona que elegía al presidente del Principado de Asturias», declaraba Juan Miguel Benítez.

«Hubo algo extraño»

Fue al ser preguntado si consideraba que hubo «algún tipo de irregularidad en la concesión, supervisión o reclamación de la subvención que el IRMC concedió al Montepío para acometer el proyecto de construcción de la residencia de la Felechosa, Aller» cuando el mismo ha dicho que en dicha concesión «cree recordar que hubo algo extraño» haciendo referencia al real decreto que hubo que modificar para poder financiar íntegramente el proyecto del geriátrico, «y eso vino impuesto desde arriba, por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español», ha manifestado el ex gerente, que añade en su testifical «que bajo su punto de vista, fue Villa el que hizo los contactos necesarios para que desde arriba dieran las instrucciones necesarias para modificar la disposición mencionada».

A esto añadía en su declaración su consideración de que «el Montepío les ocultó cierta información desde el inicio» porque había «ciertos aspectos de la residencia que no cumplían los requisitos para considerarse como proyecto subvencionable», y precisa el hecho de que la misma esté abierta al pública en general «ya que el SPA es una instalación de la que puede hacer uso cualquiera».

Juan Miguel Benítez insistió mucho en su declaración ante la UCO en los reparos del interventor a liquidar el convenio para la construcción de la residencia de Felechosa y, por tanto, a la oposición de este a abonar al Montepío de la Minería la última cuota de la subvención. «El interventor se oponía totalmente al paso de la última cuota de la subvención», manifestó el mismo, que reconoció que personal del sindicato «ejercían de intermediarios» para tratar «de buscar una solución». A esa preocupación del interventor, «porque recibía presiones por parte del personal de los sindicatos, ya que su criterio era que el convenio no se podía liquidar», vinculó el exgerente en su declaración ante la UCO algunos correos electrónicos que le fueron mostrados y que por aquel entonces le remitió el Jefe de la Unidad de Infraestructuras, Manuel Gómez-Cano. Así, señaló que creía que a este «lo llamaba Postigo para presionarlo», no así Villa «pues era una persona que se encontraba muy por encima de Manuel Gómez-Cano».

El exsecretario de Estado de Energía y presidente del IRMC, Pedro Luis Marín Uribe, es otro de los testigos que la juez de la Operación Hulla ha citado para el próximo 10 de diciembre. Uribe pasaba a testificar ante la UCO unos días antes que Juan Miguel Benítez y el mismo era preguntado también «para que explique lo que recuerde de la reunión que se celebró en julio de 2008, en la que se pudo negociar la modificación del real decreto 1112/2007, de 17 de julio, por el que se establecía el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón». El que fuera secretario de Energía entre 2008 y 2011 manifestó que «únicamente pudo estar presente durante 2 horas en dicha reunión» y que recordaba que los sindicatos «se enfadaron notoriamente» cuando les trasladó que tenía que abandonar la misma. No obstante, precisó «que las negociaciones relativas al real decreto las tuvieron que llevar a cabo con el Vicepresidente/director del IRMC, por aquel entonces Jorge Sanz Oliva, y con el gerente, Carlos Fernández Álvarez» y que no recordaba «que hubiera ningún tipo de problema con la tramitación de la citada disposición», aunque sí indicó ante la UCO «que quien hizo fuerza para que se llevara a cabo la modificación fue el sindicato de José Ángel Fernández Villa».

Pedro Luis Marín Uribe explicó también que en una ocasión le preguntó al gerente, Carlos Fernández, antecesor de Benítez, «que cual era el motivo de la fijación» de Villa con el proyecto de Felechosa, y que creía recordar que este le dijo «que quería que su padre -el de Villa- disfrutara de una residencia como la de la Felechosa».

Por otra parte, el exsecretario de Energía respondió «que no» a la pregunta de «si alguna vez recibió algún tipo de presión o instrucción, por parte de algún alto representante de la Administración General del Estado, con el fin de que se concediera al Montepío la subvención de 30 millones de euros para acometer el proyecto de la residencia de la Felechosa o para que se modificara el real decreto». De igual modo, dijo desconocer si el exlíder del SOMA «fuera una persona con capacidad para poder acceder directamente a altos cargos de la Administración General del Estado, como el Ministro de Industria o el presidente del Gobierno de la nación». «Manifiesta que lo desconoce, aunque cree que el ministro nunca se reuniría con Villa sin que estuviera presente el declarante», dice textualmente la testifical de Uribe.

Preguntado también «si alguien le presionó para que el convenio se materializara lo antes posible» para la construcción del geriátrico, manifestó «que a él no le llegaba ningún tipo de presión. Que en las reuniones sí hacía fuerza José Ángel Fernández Villa, en nombre del SOMA-FITAG-UGT, para que se llevaran a efecto las propuestas que planteaba, pero particularmente a él no le sometieron a ningún tipo de presión».