Alcoa adelgazó plantilla y producción mientras aceptaba millonarios incentivos

Alcoa está haciendo oídos sordos de momento a todas las voces atronadoras que le exigen la retirada del expediente de despido colectivo para los 686 trabajadores de las fábricas de aluminio primario de A Coruña (con 369 operarios) y Avilés (317), para así cerrarlas ya antes de que acabe el año. Conservaría en España solo el complejo industrial de San Cibrao (Lugo), con 1.172 empleados, donde elabora alúmina y aluminio primario.

La multinacional permanece impasible a declaraciones institucionales y manifestaciones y sigue defendiendo con uñas y dientes que las dos plantas en peligro padecen «problemas estructurales», que están anticuadas y que acumulan años de pérdidas: en los dos últimos, cien millones de euros entre ambas. Y eso que, según la compañía, intentaron salvarlas buscando compradores, que no aparecieron.

Los trabajadores no se creen nada, están seguros de que la empresa lleva años preparando el terreno para el cierre. Y a las pruebas se remiten. Juan Carlos López Corbacho preside el comité de empresa de la fábrica de A Coruña. Lleva trabajando allí treinta años, tiempo de sobra para ver con sus propios ojos cómo iban languideciendo poco a poco la actividad y la plantilla. También recuerda bien cuando en A Coruña se fabricaba alambrón, hasta que a principios de la década actual Alcoa se llevó la producción a su nueva planta de Islandia, que funciona casi en su totalidad con energía renovable, o sea, baratísima. 

Porque, hasta ahora, todas las señales de alarma que había lanzado Alcoa avisando de la mala situación de las plantas -incluida la primera amenaza de cierre de finales del 2014- culpaban al elevado precio de la electricidad en España. Pero ese factor es solo uno más, según la empresa. Para adelgazar esa factura, la multinacional obtuvo alrededor de 500 millones de euros públicos solo durante los últimos cuatro años, que es cuando se benefició de incentivos concurriendo a una subasta competitiva. El dinero que recibió en los 15 años anteriores es casi un misterio, aunque algunas fuentes apuntan a que las pujas recortaron su retribución anual un 30 %. Haciendo un cálculo rápido, resulta una cifra superior a los 3.000 millones en total durante sus dos décadas en España.

Tantos incentivos no han conseguido atar a Alcoa. Corbacho está convencido de que la empresa aplicaba una estrategia para no gastar ni un euro en las fábricas y dejar así que poco a poco se fuesen quedando anticuadas. El presidente del comité incluso tiene dudas serias de que realmente intentase venderlas, porque no hubo proceso público de búsqueda de compradores ni nada. Si realmente hubiera sido así, Alcoa habría dado entrada a competidores directos con su fábrica de San Cibrao, algo que no tendría mucho sentido, razona.

Un mes para negociar

Si no ocurren acontecimientos inesperados, el próximo miércoles 31 comenzará el período oficial de negociación del expediente de despido colectivo, que durará un mes, durante el que la empresa tiene previsto presentar un plan social para los trabajadores. Definirá las indemnizaciones y quizá posibles recolocaciones en San Cibrao. Fuentes de la multinacional declinaron detallar contenido alguno del plan.

La empresa se niega a aplazar el ERE y los sindicatos se levantan airados

El presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, defendió ante el secretario general de Industria, Raúl Blanco, el expediente de despido colectivo para los 686 trabajadores de las fábricas de A Coruña y Avilés, durante la primera reunión oficial tras el anuncio de cierre. El encuentro tuvo lugar en Madrid y asistieron también la directora general de Política Energética y Minas, María Jesús Martín, representantes sindicales, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, y el director general de Industria de Asturias, Manuel Monterrey.

 Bartolomé defendió los argumentos esgrimidos por la compañía: se trata de plantas no competitivas que acumulan varios años en pérdidas. Pero avanzó que la empresa tratará de reducir en todo lo posible el impacto que tendrá el cierre. Para ello, la próxima semana se abrirá un proceso negociador con los sindicatos para pactar un plan social. «Trataremos de alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes», resaltaron fuentes de Alcoa.

La compañía mandó a la reunión a cinco directivos, al frente de los cuales estaba Bartolomé. Pero también se encontraba en el grupo el canadiense Olivier Charest, enviado por la cúpula con sede en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, donde se toman todas las decisiones.

La firmeza en el discurso de Rubén Bartolomé y su negativa a retirar el expediente para negociar encendió los ánimos de los representantes de UGT y de CC.OO., que abandonaron la reunión airados. Estaban el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, y de CC.OO., Agustín Martín. «Han tratado de convencernos, pero no lo han hecho. Se han centrado en razones espurias sin pensar en el daño que harían a los trabajadores. Les esperaremos e iremos a la negociación del ERE porque nos obliga la ley, pero iremos con una actitud muy belicosa y muy radical», señaló Martín.

Incentivos sin definir aún

La compañía con sede en Pittsburgh ya no vincula directamente los ahogos de las instalaciones de A Coruña y Avilés con el elevado precio de la electricidad en España, aunque es uno de los factores que ponen piedras en el camino de la productividad de las plantas. El Gobierno todavía no ha definido de qué incentivos dispondrán las industrias en el 2019 para compensar los elevados precios eléctricos. Este tipo de apoyos son comunes en toda Europa.