Pacto para evitar más casos como el de los ancianos desahuciados que durmieron en un parque

Los juzgados asturianos informarán de oficio a los servicios sociales de los ayuntamientos y del Principado antes de proceder a la ejecución de un desahucio para que realicen un informe en los casos de vulnerabilidad con el fin de evitar casos como los de los ancianos que pasaron dos noches en el Campo de San Francisco de Oviedo. Esta decisión ha sido tomada en la reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

La comisión ha decidido elaborar una nueva cláusula que permita que, ante cualquier planteamiento de lanzamiento por razones de impago de alquileres en materia de rendimiento o ejecución hipotecaria, que los órganos judiciales trasladen la situación rápidamente para pedir un informe a los servicios sociales, según ha explicado Álvaro Cuesta, miembro de la permanente del CGPJ. Tras finalizar la reunión, Cuesta ha precisado que «se está estudiando una fórmula que intente eliminar las mínimas zonas de sombra para intentar afinar todos los mecanismos para poder dar una respuesta inmediata» para evitar casos como el de la pareja de ancianos del Campo de San Francisco.

En este sentido, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha apuntado que los juzgados no conocían la situación por la que atravesaban los ancianos, que no habían pedido ayuda a los servicios sociales. «Lo que no conocemos no lo podemos resolver. Las personas tienen que confiar en que el sistema les protege pero las hay que no confían en ello», ha subrayado, informa Efe.

La consejera ha desvelado que desde el pasado 15 de marzo, fecha en la que se firmó el convenio, «se actuado en no menos de unos diez casos». A su juicio, estas actuaciones demuestran que «el convenio está funcionando muy bien, con la coordinación de las administraciones que están alerta ante casos de vulnerabilidad».

Por su parte, el presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, ha apuntado que en el 95 por ciento de los desahucios no se producen situaciones socialmente dramáticas pero ha indicado que hay que disponer de un mecanismo para aquellos casos en situación de vulnerabilidad. Ha señalado que lo normal es que los ayuntamientos conozcan la problemática de los desahuciados, ya que éstos suelen pedir amparo a los servicios sociales, pero a los ayuntamientos, ha aseverado, se les escapan los casos en los que no tiene contacto directo con los desamparados.

Por ello, ha resaltado la importancia de que los juzgados, cuando van a ejecutar un desahucio, establezcan la rutina de informar a los servicios sociales para que den una información de la situación de los que van a ser desalojados con el fin de dar una solución antes de que se produzca el desahucio. El objeto del convenio es el desarrollo de un protocolo de actuación en aquellos supuestos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de la renta, a juicio de la autoridad judicial se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la conveniencia o necesidad de intervención.