El Gobierno ofrece a los mineros prejubilaciones a los 48 años

La reunión que mantuvieron los sindicatos con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) en la tarde de ayer culminaba después de casi tres horas con «avances» pero aún sin concreciones sobre el marco que regulará el sector de la minería a partir del 31 de diciembre de 2018. Entre los planteamientos que el Gobierno estatal puso encima de la mesa estuvo el ofrecimiento de buscar formas de «flexibilizar» la devolución de las ayudas al cierre para aquellas empresas que quieran continuar más allá de la fecha estipulada en la Decisión 787 de la UE para el fin de la minería, aunque la propuesta no incluye estipular en el nuevo plan un hueco térmico para el mineral autóctono. De igual modo, el Ejecutivo ha ofrecido prejubilaciones a los 48 años como una de las medidas del plan social. Los responsables sindicales reconocen que se han dado pasos en la negociación, aunque la falta aún de precisión en otras cuestiones los mantiene prudentes y escépticos en tanto que lo que quieren pactar es un plan global que, sobre todo, vele por el empleo. La próxima cita que han fijado para continuar con la negociación del futuro del carbón será el martes 16 de octubre.

Tanto el SOMA-FICA-UGT como CCOO han percibido que «se están dando pasos» en las propuestas realizadas por el IRMC, y aunque consideran que esos planteamientos «facilitan el debate», desde ambos sindicatos dicen que «queda bastante por hacer» a la vez que valoran que «parece que hay voluntad de llegar a un acuerdo» por parte del Gobierno estatal. No obstante, para el responsable del área de minería de CCOO de Industria de Asturias, Jaime Martínez Caliero, «faltan hechos concretos y palpables» con los que se garantice un futuro para el carbón autóctono.

Caliero ha confesado al término de la reunión que salía «con una sensación entre dulce y amarga» por la propuesta del IRMC respecto a «flexibilizar» la devolución de las ayudas al cierre a aquellas empresas que las hayan recibido durante estos años y a partir del 31 de diciembre de 2018 quieran continuar. La falta de compromiso del Gobierno de incluir en el plan un hueco térmico para el carbón nacional la entiende como que «no hay voluntad política» de asegurar un futuro para la minería. Esto obligará a las empresas que continúen extrayendo carbón a negociar de forma bilateral con las centrales térmicas la venta del mineral. Esto preocupa también al dirigente del SOMA, José Luis Alperi, que aunque entiende que se está dando una alternativa al carbón autóctono flexibilizando la devolución de las ayudas, también cree que «tiene enemigos muy potentes», ya que apostilla que en la actualidad su precio es la mitad del que tiene el carbón de importación.

Los sindicatos se han hecho eco de la oferta del Gobierno de llevar a cabo prejubilaciones a los 48 años y bajas indemnizadas. Sin embargo, Alperi no ha querido centrarse en esa cuestión «porque hay gente que no se va a poder acoger y nosotros queremos mantener los empleos hasta que se generen otros complementarios». En la reunión se habló de poder destinar trabajadores del sector a la restauración medioambiental para así poder continuar con empleo en los territorios y se ha incorporado en la negociación las subcontratas y los excedentes mineros. Así, la propuesta de CC OO es la creación de un ente gestor público para proteger «a los trabajadores que no tengan derecho a un plan social».

Este será uno de los puntos que traten en la reunión que han programado para el próximo martes 16 de octubre «porque aunque han visto difícil crear ese ente, no han cerrado las puertas», ha dicho Martínez Caliero, que ha insistido en que la pretensión de los sindicatos es «dar cobertura al mayor número de trabajadores posible» y lograr un plan de reactivación «con compromisos reales y dotaciones importantes para una transición justa desde el 2019 hasta el 2017».