El Real Decreto contra la pobreza energética confirma la apuesta del Gobierno por la descarbonización exprés

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, relativo a las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno estatal «para la transición energética y la protección de los consumidores ha resultado ser, además de un protocolo para garantizar el suministro eléctrico a los usuarios en situación de vulnerabilidad, una declaración de intenciones a favor de la descarbonización exprés de España por la que siempre ha abogado el Ministerio de Transición Ecológica. En varios puntos de la introducción a dicha norma, se habla de la apuesta que se está haciendo en nuestro país al haberse iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización o la descentralización de la generación, entre otras medidas. Este Real Decreto se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer sábado, dos días antes de la nueva reunión programada entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y los sindicatos, quienes defienden la continuidad del sector y de las centrales térmicas de forma estratégica para garantizar un suministro eléctrico autóctono.

El apunte más claro de que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) quiere dejar a un lado el mineral lo recoge el apartado tres de la introducción del Real Decreto, en el que se hace referencia expresamente a que «la decidida apuesta por la descarbonización de la economía que ha asumido la UE, con España a la cabeza, llevará aparejada necesariamente una señal de precios orientada a la sustitución de las tecnologías energéticas más emisoras». De igual modo, en el apartado seis de la misma introducción se habla de que «la apuesta por una transición energética es indispensable y urgente» y en el siete se señala que «en el capítulo III (del Real Decreto) se introduce una serie de actuaciones normativas encaminadas a acelerar la transición a un economía descarbonizada, de forma que se eliminen de manera inmediata las barreras normativas que impiden a los agentes tomar las decisiones necesarias para que la referida transición se lleve a cabo con la mayor celeridad».

En el Real Decreto «de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores» se justifica que «la energía es un bien esencial para la sociedad» y que «para los hogares y las familias, la energía es un bien imprescindible para satisfacer las necesidades básicas». Sin embargo, añade el texto que «los precios finales de la energía han sufrido unos incrementos muy significativos en las últimas semanas» como consecuencia, según cita, de dos factores: «por un lado los elevados precios de las materias primas (gas natural, petróleo, carbón) en los mercados internacionales y, por otro, el incremento en la cotización de los derechos de emisiones de CO2 como resultado y anticipo de las decisiones adoptadas en la UE y, en un contexto más amplio, a nivel global tras la cumbre de París». La introducción del Real Decreto incluye los precios de los combustible fósiles, entre ellos, el del carbón, cuya media anual «ha pasado de 53 euros/tonelada en 2016 a 76 euros/tonelada en los nueve primeros meses de 2018, registrando valores cercanos a los 85 euros/tonelada en los últimos días», aunque unas líneas más adelante se indica que el carácter estructural de la actual situación de precios podría situar por encima de los 100 dólares/tonelada la cotización del carbón.

Es por ello que en el Real Decreto se contempla, además de las medidas urgentes para proteger a los consumidores de electricidad «ante unas expectativas de precios finales elevados y sostenidos en el tiempo», que «complementariamente, se pretende acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética». Así, uno de los capítulos del título III habla de «la integración de electricidad de fuentes de energía renovables, con el objetivo de asegurar que se lleven a cabo y se culminen las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de penetración de renovables asumidos en 2020».

Esa «decidida apuesta por la descarbonización de la economía» en la que España quiere estar «a la cabeza» choca con la defensa del sector de la minería y de las centrales térmicas que han hecho los sindicatos mineros en cada una de las reuniones de la Mesa del Carbón, y más en las cuatro últimas, con Pedro Sánchez ya a la cabeza del Gobierno estatal. Justamente, el pasado jueves los sindicatos recibían el documento que el IRMC se comprometió a elaborar en el encuentro con las centrales del pasado 27 de septiembre, un documento que no ha trascendido pero que al término de aquella reunión esperaban que aportara soluciones al sector después de obtener ese día «el compromiso político firme» de la ministra de Transición Ecológica y del secretario de Energía.

Desde UGT FICA esperan que la nueva reunión, a la que están convocados los sindicatos el próximo lunes a las cinco de la tarde en la sede del ministerio, sirva para «concretar planes de actuación en la línea de las propuestas sindicales».