El «caso Niemeyer» llega al banquillo (con petición de aplazamiento)

El 'caso Niemeyer' tiene hoy por fin hora en los tribunales. Lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a iniciarse de hecho. Fernando Burgos, abogado del principal encausado -el exdirector de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso-, ha anuncido su intención de pedir un aplazamiento del inicio de la vista, aduciendo que su reciente incorporación a la defensa, que se producía la última semana, no le ha permitido leer los más de 20.000 folios del sumario. El caso ha tenido una última semana extremadamente agitada, con la emisión de una orden de busca y captura contra Grueso, a quien el juez declaró prófugo después de constatar que no se hallaba en ninguna de las dos direcciones que el acusado había facilitado para recibir la citación a juicio. Además, Grueso contrató in extremis al prestigioso letrado Fernando Burgos después de romper con su segundo abogado, la asignación de una letrada de oficio y un choque colateral entre el Colegio de Abogados y el magistrado encargado del caso.

Decida lo que decida este, Grueso será trasladado esta mañana desde la prisión de Asturias donde se halla recluido desde la pasada semana y se sentará en el banquillo junto a otros cuatro acusados: José Luis Rebollo, primer secretario de la Fundación Niemeyer; la exmujer de Grueso, Judit Pereiro; el que fuera jefe de producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, y el agente de viajes de El Corte Inglés José María Vigil. A todos ellos se les implica en diverso grado en delitos de estafa, malversación o cooperación necesaria en un delito societario en una trama de emisión de facturas falsas o alteradas que presuntamente encabezaba el expresidente de la Fundación Niemeyer.

Para él se pide la mayor pena, hasta de 11 años de prisión, además de una multa de 24.000 euros que aún podría ser mayor de esa cantidad y una inhabilitación de 10 años para trabajar con administraciones públicas.  Los cargos contra él son, en concreto, los de delitos continuados de malversación en concurso medial con falsedad, un delito societario y un tercero de insolvencia punible. Las penas solicitadas por la Fiscalía para el resto de los imputdos son de ocho años de cárcel para José María Vigil; 2 años y 3 meses para José Luis Rebollo;  2 años y 6 meses para Judit Pereiro y año y medio de prisión para Marc Martí.