La condonación de la deuda del puerto de Valencia dispara la tensión en Asturias

La decisión del Ejecutivo central de condonar la deuda del Consorcio Valencia 2007, por una cifra de 350 millones de euros; un acuerdo que permitió que Valencia cambiar su voto de la abstención al sentido afirmativo en la última reunión del Consejo de Política Fiscal ha disparado la tensión en varias comunidades autónomas que aprecian un mal precedente a la hora de evitar que haya acuerdo bilaterales entre el estado y las autonomías, en vez de pactos en común, y que ha desatado peticiones de equidad en el saldo de deudas en infraestructuras similares. La tensión varía en grados en función del color político de los gobiernos regionales: es latente en Asturias donde no se quiere abrir un enfrentamiento directo con el Gobierno de Pedro Sánchez, y más explícita en Galicia donde el PP de la comunidad ha reclamado directamente que se haga lo propio con la deuda del puerto de A Coruña, que asciende a a más de 300 millones de euros.

Lo cierto es que en la Administración asturiana no se conocen los detalles del acuerdo alcanzado entre Valencia y el Ejecutivo Central. El Consorcio Valencia 2007 fue creado para organizar la Copa América de aquel año. Estaba participado en un 40 % por el Estado, un 40 % por la Generalitat y un 20 % por el Ayuntamiento de Valencia. Solicitó un crédito al ICO de 310 millones de euros con el fin de adaptar el puerto a las necesidades de la regata. El Consejo de Ministros aprobó en el 2013 la cesión de la dársena al consorcio. La concesión para su gestión y explotación fue gratuita y por un plazo de 35 años. Con su millón de metros cuadrados, la marina valenciana tiene hoy 71 concesiones y autorizaciones. La deuda contraída por el consorcio tras esas operaciones asciende a 350 millones, 31 de ellos de intereses. El hecho de que la Autoridad Portuaria de Valencia no tenga parte en ese consorcio y sí la propia administración central, sirve al Gobierno asturiano para compartir el argumentario socialista de que no pueden trazarse paralelismos con otras comunidades.

En todo caso la consejera Dolores Carcedo ya dio su opinión al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal en que se aprobó el acuerdo. En esas declaraciones destacó que el Gobierno central había mostrado flexibilidad en el planteamiento de los objetivos de financiación y también le urgía a abordar cuanto antes el diálogo para la reforma del sistema para el conjunto de las comunidades. Un día antes de ese encuentro, y ante el anuncio de la Generalitat catalana de que no participaría en la reunión, desde la Consejería de Hacienda se resaltaba «cualquier decisión que afecte a la financiación autonómica y, por ende, a todas las comunidades autónomas debe tomarse en un órgano en el que estén presentes todas, es decir en el consejo. Y no en comisiones bilaterales». 

Por parte del PP asturiano se indicado que es el Gobienro asturiano a quien corresponde reclamar que haya un trato similar al que se ha otorgado a Valencia y afearon al Ejecutivo de Javier Fernández que se mostrara «servil» en su valoración de los resultados de la reunión del Consejo de Política Fiscal. Sin querer entrar en reivindicaciones concretas, fuentes del PP asturiano señalaron que no tendría por qué referirse a una cuestión de deuda de los puertos de Asturias --en el caso del Musel además siendo un muelle comprometido en una investigación en los tribunales-- pero sí citaron que podría reclamarse una condonación de deudas que lastran las cuentas asturianas como la de la Sociedad para la Gestión del Suelo de Asturias (Sogepsa) que asciende a 152 millones de euros o la de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) que suma 107 millones de euros. 

Desde el PP señalaron en todo caso que se remitían también a la valoración ya realizada por el diputado José Agustín Cuervas Mons que acusó al gobierno asturiano de haber hecho «el panoli» en el encuentro del Consejo de Política Fiscal. «Volvemos al camino erróneo de las negociaciones bilaterales porque eso lo hace es acabar con el CPFF. Y ante todo lo que esta pasando Javier Fernández y la Consejera de Hacienda no hacen nada, no dicen nada, acatan todo. Se que el gobierno de Javier Fernández está amortizado y se que ya se va, pero lo que pedimos es dignidad para defender los intereses de Asturias», afirmó entonces Cuervas Mons quien destacó además que mientras comunidades como Valencia consiguen un acuerdo que asciende a 850 millones de euros, Asturias «se queda a la luna de Valencia».