Educación llevará a la Fiscalía las falsificaciones para intentar elegir colegio

Ya había avisado de que no se iba a quedar con los brazos cruzados pero ha esperado a actualizar la normativa para dar el golpe definitivo. La Consejería de Educación trasladará a la Fiscalía de Asturias los papeles falsos presentados por las familias en el proceso de admisión de alumnos en los colegios públicos y privados. En los últimos años, han proliferado las quejas por las argucias utilizadas para entrar en el colegio que quieren y no en los que les corresponde por zona. Se refiere, sobre todo, a la documentación que acredita el lugar de residencia, ya que es uno de los aspectos que más puntúa. Hay más cambios importantes en el texto, publicado ya en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Por ejemplo, describe de una forma más invidualizada las circunstancias de las familias, explica de una forma más detallada qué hacer en casos de padres separados o núcleos monoparentales, reconoce a las familias numerosas y se detiene en mejorar la escolarización de los niños con necesidades educativas especiales.

La resolución, de 26 de febrero de 2018, ordena a los colegios que entregue una serie de documentos a los padres. Este apartado es mucho más amplio que en la resolución anterior. Entre otros puntos, explica que los representantes legales de los niños recibirán un impreso de solicitud en el que se indicará expresamente «que la falsedad, en su caso, de los documentos presentados será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal». La Administración también notificará, para disuadir de cualquier picaresca, que podrá comprobar la veracidad de los datos que figuren en los papeles aportados por las familias. Con estas medidas, la consejería trata de frenar una polémica que se genera en las urbes zonificadas, donde el mapa se reparte para ordenar la matrícula en función de lugar de residencia. En los últimos años ha habido quejas, fundamentalmente, en Gijón. Se habla de niños empadronados fuera del domicilio paterno para poder asistir al colegio que quieren y no al que les corresponde. Esta práctica está relacionada con los centros concertados.

El método de verificación que utilizará la consejería también queda recogida. Su idea es consultar directamente el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) o, en sustitución, los municipales. Solo en los casos en los que se haya denegado la consulta de esta información será necesario que los solicitantes aporten documentos, algo que sí estaban haciendo hasta ahora. Los que se oponga a la consulta o los que prefieran acreditar ellos mismos su residencia deberán incluir un certificado -«un volante histórico con convivencia»- del padrón en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar que conviven bajo el mismo techo.  

No es la única advertencia que recibirán. Educación dicen que los padres tendrán información directa de que si solicitan más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta aquella que opte por el centro donde el alumno de nuevo ingreso ya tenga hermanos con matrícula o en el centro más próximo a su dirección. Si en pleno proceso quiere renunciar, deberá presentar un escrito en el mismo centro en el que cursó la solicitud inicial. 

Nuevos modelos de familia

Hay algún criterio de admisión nuevo. La resolución, a diferencia de la anterior, incluye un epígrafe en el que habla de que entre los aspectos prioritarios está «la condición legal de familia numerosas, familia monoparental y acogimiento familiar». Es decir, que la Administración se actualiza y recoge nuevas realidades familiares. En otra parte de la normativa, explica qué considera monoparental. Señala que son los casos en los que la patria potestad esté ejercida por una sola persona o cuando esté ejercida por dos pero exista orden de alejamiento con una de ellas con respecto a la persona que convive el alumno. Educación tiene en cuenta la violencia de género en el proceso. Todo esto tiene su reflejo directo en el baremo final. Además de los puntos por hermanos, por proximidad del domicilio, también se incluirá puntuación por discapacidad y por estos dos nuevos modelos de familia. 

Del mismo modo, establece qué alumnado tendrá reserva de plazas. Esos son los que procedan de centros adscritos o de referencia, los que tengan necesidades educativas especiales, los que sigan programas deportivos de alto nivel y rendimiento, los que deban utilizar transporte porque en su localidad o municipio no exista un centro o los que compaginen Secundaria con enseñanzas de música y danza.

Necesidades educativas especiales

La consejería describe, con criterios generales, cuál es el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Precisa que son los estudiantes que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades especiales, dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde a las aulas o por sus condiciones personales o de historial escolar. Todos estos epígrafes aparecen reseñados y explica que su escolarización será ordinaria pero garantizando los recursos necesarios para atenderles. Solo se buscarán otras alternativas cuando las medidas de atención a la diversidad en colegios e institutos no deben resultado y siempre que se cuente con el consentimiento de sus tutores.

Para este tipo de alumnado se tendrán que reservar cinco plazas, tanto en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, como en el primero de Primaria y el primero de Secundaria. Indica que no podrá haber más de dos en un mismo grupo.  

Qué persigue la administración

El preámbulo de la resolución incluye los motivos por los que la Consejería de Educación ha decidido actualizar el procedimiento de admisión del alumnado. El primero de todos consiste en adaptar la normativa asturiana a la Ley Wert, que entró en vigor ya en 2013, y que se ha ido aplicado de manera paulatinamente. Al mismo tiempo, el Gobierno del Principado quiere modificar todos aquellos aspectos que la experiencia le ha demostrado que son susceptibles de mejora para conseguir un sistema que tenga «la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible».

Aborda, además, un tema polémico, la libertad de elección de centro. Se trata de una vieja reivindicación del PP. El Gobierno, por el contrario, siempre ha defendido la planificación y el reparto en zonas de influencia de las localidades más pobladas, donde la dirección en la que reside el alumno determine los centros de referencia en los que se puede matricular. Esa filosofía continúa inamovible en este nuevo marco legal. La Administración educativa afirma que su modelo «conjuga la libertad de elección de centro por las familias y el acceso de todo el alumnado en condiciones de igualdad y calidad, al tiempo que una adecuada y equilibrada distribución entre los centros docentes del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo».