La Junta aprueba en un pleno muy crispado un impuesto «de solidaridad» a la banca

El debate generado sobre la situación de los pensiones tras las movilizaciones de las últimas semanas en contra de la revalorización del 0,25% de su cuantía ha llevado hoy la crispación al pleno de la Junta General que hoy debatía sendas iniciativas de Podemos e IU sobre esta cuestión. En los textos aprobados se pide una financiación mixta a través de cotizaciones y presupuestos generales, introduciendo un impuesto «de solidaridad» de la banca. 

La tramitación de la iniciativa de Podemos ha sido seguida desde la tribuna de invitados por una veintena de invitados que han exhibido pancartas y camisetas con leyendas como «No al 0,25», «Pensiones dignas» o «La pensión es un derecho» y han increpado las intervenciones de PP, Foro y Ciudadanos. Los asistentes han recibido dos advertencias del presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, antes de ser advertidos de que, de mantener su actitud, serían expulsados de la tribuna, momento en el que mayoritariamente han optado por abandonar la sesión cuando aún se debatía la proposición no de ley de Izquierda Unida.

La iniciativa de Podemos -defendida por el diputado Enrique López ataviado con una camiseta roja como la que portaban algunos de los invitados- ha sido aprobada, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, en lo relativo a la necesidad de implantar un impuesto a la banca para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. «Debería caerles la cara de vergüenza, tratan a la gente como si fueran imbéciles», ha señalado López tras calificar de «insaciable» y de «insensible» al PP al defender una propuesta que pide además garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC.

No obstante, Podemos, tras rechazar las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, no ha conseguido sacar adelante la petición de derogar las reformas laborales de 2011 y 2013 para contribuir al sostenimiento de las personas públicas al sumar el PSOE sus votos en contra a los del PP y Ciudadanos.

En su turno de intervención, e interrumpida en diversas ocasiones desde la tribuna de invitados, la diputada del PP Gloria García ha reprochado a Podemos que «hace nada» se manifestaban desesperados por «los abuelos» dado que, sin ellos, estarían gobernando y que ahora «cuando van a la baja» intentan «remover el avispero». «No tratamos a los jubilados como imbéciles, pero tampoco los manipulamos», ha apuntado García tras defender que el «gran golpe» a las pensiones lo dio el Gobierno del PSOE en 2010 -«cuando Monedero estaba en Venezuela, y Pablo Iglesias en Teletuerka»- y que el del PP «nunca» las ha congelado y «cuando pueda» las subirá.

Para la socialista Margarita Vega, pese a advertir de que no le gustan «exhibiciones» como la buscada por Podemos al plantear una cuestión sobre la que la Junta no tiene competencias, ha advertido de que la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno en 2013 «alejó la solución y agravó el problema» al permitir que se estableciera una «inadmisible» subida anual del 0,25 por ciento.

En este sentido se ha manifestado también la portavoz de Foro, Cristina Coto, que ha criticado además que Podemos intente «arrimar el ascua electoral a lo que toca» y que la izquierda siempre plantee como solución ante cualquier debate subir los impuestos. Por su parte, Armando Fernández, de Ciudadanos, ha advertido de que el debate sobre un tema «tan serio» requiere de matices, de hacer política en el Congreso para alcanzar un acuerdo de ámbito nacional en lugar de dedicarse a la agitación.

La tensión en la Cámara ha bajado de tono durante el debate de la segunda iniciativa sobre las pensiones, planteada por IU, una vez que los invitados han abandonado la tribuna al inicio de la réplica de Foro a la intervención inicial del portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, en defensa de su propuesta que ha salido adelante en su integridad con el respaldo del PSOE y de Podemos.

Llamazares ha alertado en particular contra el discurso de la insostenibilidad del sistema público pese a que los que estén «quebrados» sean los privados y que, pese a ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actúe «como un comercial» de los mismos. A su juicio, de no afrontarse las reformas necesarias el actual modelo existente en España puede convertirse «en un sistema pobre y asistencial» en el que las pensiones no superen el 45 por ciento del último salario, lo que generaría «una catástrofe social».