Los concejos asturianos podrán gastar 100 millones de su superávit

Los alcaldes españoles llevan varios meses protestando y, al fin, Cristobal Montoro ha dado su brazo a torcer. Aunque solo en parte y a falta de conocer la letra pequeña. La administración local ha sido la que mejor ha hecho los deberes durante la crisis económica, obligada en parte por la asfixia a la que le ha sometido el Ministerio de Hacienda en los últimos años. Pero a pesar de cumplir sistemáticamente -en conjunto- todos los requisitos legales, su buen hacer no ha tenido recompensa. Incluso les ha penalizado, ya que la inmensa mayoría de los concejos han conseguido entrar en beneficios pero no se les ha dejado gestionar ese dinero. Ahora, Montoro ha anunciado que permitirá gastar el superávit de 2017, una cantidad que, a falta del cierre definitivo, supondrá en Asturias una cifra de entre 75 y 100 millones.

La demanda de los alcaldes tenía tintes de ultimátum, ya que pretendían que el ministerio encontrara una solución para este problema en el plazo de dos semanas, dada la situación de parálisis inversora que sufren algunos municipios y la necesidad de tener un margen de tiempo para que se puedan reinvertir durante este ejercicio y el siguiente los 5.000 millones de superávit generados por las políticas de control del gasto hasta el 2017 en el Estado. Finalmente, hubo acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda. Según explica Ignacio García, presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el ministro se ha comprometido a aprobar en un plazo de 20 días un real decreto que se ejecutará por el procedimiento de decreto ley, por lo que, en principio, su aplicación será rápida.

García, también alcalde de Navia, señala que todavía no es definitiva la cantidad de la que podrán disponer los ayuntamientos asturianos debido a que no se han cerrado las cuentas de 2017. A pesar de ello, y si se tienen en cuenta los números de otros años, se situará entre 75 y 100 millones. Esa es la cantidad de 2017, pero García recuerda que «el corralito» total se sitúa entre 450 y 500 millones. «Llevamos seis años con beneficios, de ahí esa cantidad», señala. Por eso, asegura que «una vez abierto el melón, seguiremos trabajando para conseguir que nos deje utilizarlo todo». Para ello, sería necesario modificar la ley de estabilidad presupuestaria y poder así disponer el superávit acumulado.

El presidente de la FACC también pide que esos 100 millones «puedan destinarse a cualquier gasto de las administraciones locales». García cita una ley reguladora de la Hacienda local, del año 2012, para que estas cantidades se consideren «inversión financiera sostenible» y que pueda destinarse a las partidas que los concejos consideren. «Hemos demostrado que gestionamos bien», afirma el presidente, quien recuerda que «lo que queremos es gastar el dinero de los vecinos porque eso va a suponer una inyección en la economía local que supondrá la reactivación de la economía de cada pueblo».

Críticas a Montoro

Ignacio García reconoce que la medida supondrá un pequeño alivio para las arcas municipales, pero critica la actuación de Montoro. «Llevamos dos o tres meses pidiendo una reunión con el ministro y ni nos había contestado. Después de la concentración de alcaldes, ese mismo día, ya nos citó para la reunión de ayer», explica, motivo por el que sentencia que «la presión sirvió para algo». 

Oviedo celebra que se limiten los instrumentos que asfixiaban al municipalismo

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha declarado que en la cumbre de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han dado «los primeros pasos» para limitar los cuatro instrumentos que están «atenazando» al municipalismo: la regla de gasto, el techo de gasto, la tasa de reposición y las limitaciones de endeudamiento. López ha explicado que en dicho encuentro, que ha reunido a varios alcaldes de ciudades españolas, se han señalado las medidas que están «asfixiando a los ayuntamientos» en un momento en el que la ciudadanía demanda «servicios sociales y municipales».

Sobre este asunto, ha apuntado que espera que en dos o tres semanas se anuncie el decreto ley que permitiría a los ayuntamientos dedicar el superávit a inversiones sostenibles, un primer paso para hacer posible que el gasto «retorne» a la ciudadanía a través de inversiones. Otro de los objetivos del encuentro ha sido definir el compromiso de una revisión de la regla de gasto durante este primer semestre, que permitiría a los consistorios aplicar la nueva regla de gasto para este ejercicio, lo que sería «una liberación», ha subrayado.

Además, ha incidido en que se ha puesto sobre la mesa la eliminación de la tasa de reposición, para que los ayuntamientos puedan aplicar los ingresos con autonomía municipal y financiera, y que la única limitación sea la capacidad económica de acuerdo con su nivel de endeudamiento y su equilibrio presupuestario. Desde su punto de vista se está comenzando a avanzar para acabar con esta «asfixia», que permitiría incrementar la respuesta a la ciudadanía y devolver los ingresos que recibe en forma de servicios públicos y municipales que mejorarían «la calidad de vida de los ciudadanos».

Gijón pide «cautela»

La concejala de Hacienda, Ana Braña, ha acogido con «cautela» el anuncio del Ministerio de Hacienda de permitir a los ayuntamientos usar su superávit, al haber aún muchas cuestiones que faltan por concretar y al no contar si quiera con un plazo definido. Braña se ha quejado, no obstante, de que el superavit deba utilizarse solo para inversiones, en lugar de dar capacidad a los municipios para que lo destinen a lo que crean más conveniente. Como ejemplo, ha apuntado que se podría usar para construir una escuela infantil pero no para pagar al personal de la misma.

Asimismo, ha apuntado que desde el Ministerio no se les supo dar respuesta a qué iba a pasar con los ayuntamientos que, como el caso de Gijón, deben presentar un Plan Económico y Financiero. A este respecto, ha indicado que espera en uno o dos días tener ya cerrado el dato del superávit del ayuntamiento y, en el caso de las empresas municipales, aunque no están obligados a liquidar el ejercicio hasta el próximo 31 de marzo, se quiere adelantar esta fecha. Pese a todo, cree que no daría tiempo a llevarlo al pleno del próximo mes de marzo, por lo que probablemente se haga en el de abril, salvo que se considere conveniente celebrar una sesión plenaria extraordinaria. La idea, sin embargo, es poder disponer del Plan Económico Financiero en la primera quincena de marzo para su presentación a los grupos de la oposición.

Avilés dispondría de 3 millones

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, calcula que el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda para la utilización del superávit de los ayuntamientos en los presupuestos municipales de 2017 podría reportar unos tres millones de euros para el concejo.

«Es algo muy necesario porque los ayuntamientos tenemos dinero que no podemos ejecutar y muchas necesidades que no podemos afrontar por las restricciones que nos impone el Gobierno central», ha explicado la regidora local. «En el caso de Avilés supondrá aplicar durante este año una cantidad de dinero aún por concretar pero que estará en torno a los tres millones de euros», ha calculado Monteserín, que, no obstante, esperará a ver «la letra pequeña» del real decreto para comprobar a qué ámbitos de inversión se puede destinar esa cantidad. «Somos los receptores de los problemas de los ciudadanos en primera instancia y las dificultades en al aplicación del presupuesto son nuestro principal preocupación», ha declarado.