El PP apunta a Areces en la comisión de investigación del Gitpa

El borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre la empresa pública de telecomunicaciones Gitpa elaborado por el PP atribuye responsabilidades políticas al ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces y a los ex consejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco.

La propuesta elaborada por el presidente de la comisión, el diputado del PP Jose Agustín Cuervas-Mons, incluye en esta relación al exviceconsejero Luis Iturrioz y al ex director general de Modernización, José Alberto Pérez Cueto, así como a dos ex directores generales de la empresa, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos y Eduardo González, y a la actual gerente, Argentina González.

La relación de responsables políticos incluida en el borrador, que hoy ha sido trasladado al resto de grupos, se completa con el ex gerente de operación de Gitpa, César Rodríguez, y la Secretaria General Ténica de la Consejería de Empleo, María José Varela.

Además, plantea que el Gobierno ejercite acciones legales contra los responsables de Gitpa que aparecen en los correos electrónicos hallados en la investigación como presuntos autores o partícipes en la manipulación de los contratos de la empresa y que investigue la actividad empresarial y patrimonial de Rodríguez Bañuelso.

Por su parte, el diputado del PSOE Jesús Gutiérrez ha señalado que el desarrollo de la comisión de investigación sobre la empresa pública de telecomunicaciones Gitpa ha constituido «un fracaso» y ha advertido de que las conclusiones de PP y Podemos «casi podían redactarse» cuando se iniciaron los trabajos. En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez ha incidido en que la comisión ha ido «a rebufo de la investigación judicial» con la que, ha subrayado, el Gobierno ha colaborado «desde el primer momento» y que algunos grupos «pensaron que iba a dar muchos titulares, pero se fue diluyendo como un azucarillo».

Así, ha apuntado que «nadie se acordaba» de dicha comisión y que cuando se aprobó la puesta en marcha de otra investigación parlamentaria relativa al ERA -que obligaba a cerrar la primera antes de ponerla en marcha- «había diputados que no sabían si se había finiquitado el tema del Gitpa».

Ausencia de control

La propuesta del PP, que pide reiniciar el proceso de liquidación y disolución de la empresa una vez que sea auditada, señala que hubo una ausencia «total» de control por parte del Principado tanto a nivel jurídico como de gastos sobre su actividad y que la selección de personal se realizó sin los principios de transparencia, mérito y capacidad y sin clarificar las funciones de cada puesto.

Además, incide en la actuación «poco diligente» de los responsables políticos tras conocerse los datos que apuntaba a la existencia de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito y que están siendo investigadas en los tribunales.

Los responsables del Gobierno, asegura el borrador de dictamen, dedicaron más tiempo a ocultar información al Parlamento que a depurar responsabilidades; no adoptaron ninguna medida cautelar y, tras conocerse las irregularidades en 2013 mantuvieron en su puesto a responsables cuya actuación fue «negligente».

El PP considera además que los controles públicos sobre las obras de construcción de las distintas redes troncales de telecomunicaciones fueron también «inexistentes» de forma que, asegura, a día de hoy nadie puede afirmar que las encomiendas de gestión que recibió Gitpa se ejecutaran de la forma prevista ni que las obras ejecutadas se correspondan con los proyectos aprobados.

Tampoco se puede constatar, añade, que las cantidades facturadas al Principado sean las correctas ni que el coste de las obras fuera el razonable a precios de mercado con lo que, concluye, «todo parece indicar que se ha producido un menoscabo para las arcas públicas».

En el apartado de recomendaciones, el borrador pide establecer controles y hacer un seguimiento del funcionamiento habitual de las empresas públicas y fijar para ellas unas normas de actuación y protocolos en cuestiones como el personal, la contratación, la realización de auditorías y la elaboración de unas normas internas de tratamiento de los expedientes.

En el caso de Gitpa, según recoge la propuesta del PP, dichos expedientes no están foliados ni numeradas sus actuaciones ni ordenadas cronológicamente lo que hace imposible un seguimiento «y permite que puedan ser manipulados y modificados».

Por último, pide establecer protocolos de actuación de obligado cumplimiento ante la aparición de irregularidades en sociedades de este tipo y que se revise y modifique la legislación autonómica sobre incompatibilidades, actividades y bienes de altos cargos.

Gitpa está siendo objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades al facturar al Principado cantidades por encima del coste de las obras ejecutadas en la extensión de la red troncal de cable de occidente tras encargarse desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias.