Así pretenden las comunidades combatir la falta de médicos

Las Administraciones sanitarias miran al horizonte y ya atisban que la falta de relevo entre los profesionales médicos será un problema clave para la supervivencia del sistema público en el plazo de cinco o seis años. Organizaciones sindicales como el SIMPA llevan años alertando de las carencias y exigiendo al Gobierno del Principado que adopte medidas urgentes. La elevada temporalidad y las penosas condiciones de los primeros años, con contratos incluso de días, han llevado a muchos profesionales a abandonar a Asturias e, incluso, España. La edad media de los médicos es elevada y las jubilaciones producirán una sangría difícil de contener. En Asturias, el gerente del Servicio de Salud (Sespa), José Ramón Riera, ya había adelantado por dónde creía que pasaban las soluciones. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no quiere que cada comunidad haga la guerra por su parte y ha montado un grupo de trabajo que ya ha consesuado un borrador al que ahora los consejeros tendrán que dar el visto bueno en el Consejo Interterritorial. Más plazas para la formación de especialistas, incentivar la colocación en puestos poco atractivos, coordinar las diferentes categorías para evitar fugas y competencias desleales entre territorios o hacer un estudio sobre la necesidad de cada área de especialistas son algunas de las propuestas negociadas.

En el Principado, la Medicina de Familia es la que parece tener una necesidad más acuciante. El Sespa ha reconocido que tendría que incorporar a 90 profesionales antes de cuatro años para que los centros de Atención Primaria sigan funcionando con normalidad. Pero Riera también busca anestesistas, pediatras y especialistas en radiodiagnóstico. Entre las opciones que el Gobierno regional barajaba por su cuenta pedir era, precisamente, incrementar las plazas MIR. Otras dos eran mejorar la calidad del empleo y sacar más contratos en la oferta pública de empleo.  La bolsa de alta disponibilidad, en la que se ofrecen beneficios a aquellos profesionales dispuestos a incorporarse con rapidez en puestos poco atractivos, tampoco está funcionando como esperaban. Así que este es otro de los retos que tienen que afrontar.

El MIR

La base acordada por las comunidades esta misma semana, a expensas de lo que decidan los consejeros en el Interterritorial, parece atacar esos frentes en los que se basan las debilidades asturianas. El documento, que ha trascendido, habla precisamente de aumentar las plazas MIR ya para la próxima convocatoria de 2019. Para conseguirlo será necesario flexibilizar antes las condiciones que se exige a los hospitales para poner en marcha unidades docentes. Si no hay más unidades docentes, no podrá haber más plazas mis. Este es un paso previo imprescindible para para aumentar la oferta de Formación Sanitaria Especializada. Este año el examen de acceso tuvo lugar el pasado 10 de febrero. Casi 14.500 médicos graduados optan a 6.513 plazas en toda España. Profesionales dispuestos, por lo tanto, hay.

Las comunidades, como Asturias, han explicado al Ministerio de Sanidad las dificultades que encuentran para poder certificar esas unidades docentes. El proceso lleva mucho tiempo y necesitan algún modo de agilizarlo para poder dar respuesta de manera urgente a la demanda inmediata de médicos en áreas como Pediatría, Familia o Ginecólogo Obstetricia, entre otras. Los Gobiernos regionales reclaman que se concedan permisos temporales y que las peticiones no se estudien por orden de llegada sino por las urgencias de cada disciplina. Esa puerta está ahora entreabierta.

Otras opciones

El primer paso, de todos modos, sería identificar las especialidades deficitarias y esos puestos de difícil desempeño que cuesta cubrir en cada comunidad. Al igual que ya había planteado Riera, el ministerio y el resto de autonomías creen que es necesario buscar la fórmula para incentivar a los especialistas para que ocupen esos puestos. Reconocen la necesidad de coordinar las categorías profesionales entre territorios para evitar fugas, hacer un estudio riguroso por especialidades, actualizar los datos de temporalidad para desarrollar la oferta pública de empleo (ope) o valorar la situación de las incompatibilidades del personal adscrito al sistema público.