Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León activan un frente común de 7,5 millones de habitantes

Los presidentes de Asturias, Castilla y León, Aragón y Galicia han suscrito este lunes una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno central «de manera urgente» un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el «consenso multilateral» ya que temen que la proximidad de «tiempos electorales» ante la elecciones autonómicas y municipales de 2019 dificulten ese consenso.

El acuerdo ha sido suscrito por Juan Vicente Herrera (PP), Javier Lambán (PSOE), Javier Fernández (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), que representan a cuatro comunidades autónomas que suman 7,5 millones de habitantes y el 36% del territorio y que cuenta con gobierno «de distintos signo pero que comparten vínculos históricos y similares características económicas y sociales y con unas relaciones de vecindad que fundamentan unos intereses comunes y que son los intereses de España».

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha reconocido que la financiación «es una cuestión controvertida» en cualquier país descentralizado del mundo y ha pedido que las cuestiones que tienen que ver con el nuevo modelo se hablen «más» en el Senado y «menos» en los medios de comunicación, al tiempo que ha reconocido que las cuatro comunidades firmantes tienen un planteamiento «que tiene que ver con la idea de España».

Así, ha insistido en rechazar un modelo donde la financiación «descanse» en la capacidad fiscal de cada comunidad ya que, tal y como ha explicado, «una transferencia no es de unos ciudadanos a otros, no es un regalo, ni un subsidio, es un derecho» porque todos los ciudadanos pertenecen «a un mismo espacio público compartido que se llama España».

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido el encargado de desgranar esta declaración institucional sobre el modelo de financiación y sobre los retos demográficos que han suscrito «desde el convencimiento de que los intereses comunes se defienden más eficazmente en el marco de un nueva política de cooperación y en el marco de la Conferencia de Presidentes», un organismo que esperan sea convocado en breve.

Sobre el modelo de financiación, Herrera ha aseverado que es «urgente y prioritario» un nuevo modelo que busque el «imprescindible consenso multilateral» aunque ha reconocido el temor a que la proximidad de «tiempos electorales» impida ese consenso, al tiempo que ha aseverado que se trata de «garantizar que las comunidades presten en niveles similares unos servicios y garantizar, a su vez, el acceso de los ciudadanos en las mismas condiciones con independencia» de su lugar de residencia.

Para ello, Herrera ha apelado a la necesidad de «corregir déficit de financiación» pero desde la base de que «ninguna comunidad diga que sale perdiendo» por lo que considera que hay que dotar al nuevo sistema «de más recursos, desde el principio» y vincular los recursos del futuro a los ingresos tributarios totales.

Pero además, estas cuatro comunidades consideran que el modelo debe de partir del coste real y efectivo de la prestación de cada servicio en cada territorio por lo que, «con respeto al criterio poblacional», defienden que se tenga en cuenta variables como «la orografía, la baja densidad, la dispersión, el envejecimiento y la baja natalidad» además de que se tienen que valorar los grupos de edad a partir de los 65 años, porque esto también «determina las necesidades de gasto» y se tiene que incorporar la Ley de Dependencia.

Reequilibrio

Se trata de que la nueva financiación «tenga en cuenta objetivos como el reequilibrio entre las zonas más pobladas y las que tienen más declive poblacional», con mecanismos de apoyo a la liquidez pero teniendo en cuenta que el volumen de deuda de cada territorio «no se debe al mejor o peor trato del modelo, sino a la gestión realizada y al esfuerzo de cada uno de ellos» y que sea un sistema «que respete la igualdad de trato entre todas las comunidades».

En cuanto al reto demográfico, estas cuatro comunidades ya firmaron en 2013 una declaración institucional a la que se sumaron posteriormente Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja además de que crearon el Foro de regiones Españolas con desafíos demográficos.

En la declaración suscrita este lunes, Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia reclaman al Gobierno que presente el proyecto de la estrategia contra la despoblación que tiene que partir de las aportaciones realizadas por los expertos de cada Comunidad, además de que consideran de gran importancia que se ponga en marcha una estrategia territorial contra la brecha digital para conseguir los objetivos fijados por Europa en cuanto a la extensión de la banda ancha.

Al respecto, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que es necesario reforzar las estructuras rurales y que es «vital» el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas, por lo que estas cuatro comunidades reclaman al Gobierno que no haya municipios sin una cobertura mínima de 30 megas y que la mitad de los hogares cuente con una cobertura de 100 megas, algo que para el gallego «se puede conseguir» lo que, según sus propias palabras, «ayudará a que el medio rural, ese espacio vacío, vuelta a tener población».

Asimismo, Nuñez Feijóo ha recordado que estas cuatro comunidades autónomas tan sólo son superadas en población por Andalucía, al tiempo que ha aseverado que esta declaración institucional sobre financiación y reto demográfico recoge propuestas que no sólo benefician a estos cuatro territorios sino al conjunto de los españoles, aunque ha dejado claro que la «lógica de este encuentro sería incomprensible para quienes quieren transformar los límites autonómicos en fronteras y los desencuentros políticos en zanjas insalvables».

Al respecto, el presidente gallego ha subrayado que este acuerdo «no nace de una improvisación» ya que estas cuatro comunidades llevan años trabajando de forma conjunta, lo que ha dado sus frutos, y como ejemplo de ello es el hecho de que Europa «ha hecho suyo el problema demográfico» o que se haya dado un impulso al Camino de Santiago, ya que se ha pasado de tres mil compostelas entregadas en 1987--a quienes culminan el camino-- a 300.000 el pasado año.

Asimismo, ha defendido un modelo de financiación que parta del coste efectivo de los servicios prestados al tiempo que ha apelado a la necesidad de abordar el reto demográfico como una prioridad política y considera que políticas de conciliación y discriminación positiva en fiscalidad pueden tener efectos positivos aunque reconoce que España "ya va tarde".

Para Alberto Núñez Feijoo, los acuerdos suscritos este lunes en León son útiles porque están hechos desde la razón y el sentido común.

Por su parte, el presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, ha destacado que «difícilmente» se podrían reunir en España cuatro comunidades «con un acentuado carácter histórico» al tiempo que ha defendido el espíritu de consenso y el valor constitucional de todas ellas.

Para Lambán, estos acuerdos tienen que inscribirse en políticas y soluciones de Estado porque aunque la despoblación tienen un efecto «brutal» en Aragón es un problema «del conjunto de España o de buena parte de ella», como es el norte del país, al igual que el modelo de financiación, que debe plantearse «en la dimensión del Estado» porque se trata de financiar el Estado del Bienestar en su conjunto.