Los jóvenes investigadores (precarios) se rebelan contra el Gobierno

La inmensa mayoría de los jóvenes investigadores españoles y asturianos no son ni siquiera mileuristas. Los afectados creen que esto es algo que apenas se sabe y que, por tanto, no interesa resolver. Cansados de esta situación, el último movimiento del Gobierno central les ha puesto en pie de guerra. Tras meses de negociaciones para aprobar un Estatuto del Personal Investigación en Formación (EPIF) que dignifique sus condiciones, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha aparcado todos los avances y ha decidido volver a presentar el documento original. El primero en dar la voz de alarma ha sido el colectivo Precarios.org. En Asturias, la voz cantante la lleva la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias (Afia), que ya se está organizando. Sus peticiones son sencilla, convertirse en trabajadores de pleno derecho, para poder cotizar y cobrar el paro, en caso de perder su puesto. Mínimos como estos, a día de hoy, parecen inalcanzables.

Para el colectivo asturiano Afia esta vuelta atrás del Gobierno ha supuesto un varapalo. Ellos no estaban directamente en las negociaciones y no tienen en su poder el borrador definitivo que el Ejecutivo del PP presentará. Pero saben a través de sus compañeros que ese Estatuto del Personal Investigación en Formación (EPIF) no cumple con sus expectativas más básicas. La mediación de los sindicatos y de la Conferencia de Rectores (Crue) tampoco ha servido de mucho. Consideran que es «una oportunidad pedida» y que todas sus reivindicaciones «son legítimas». En el maremágnum de convocatorias y becas, de diferentes organismos, en diferentes fechas, y con una gran variedad de condiciones, exigen un mínimo orden.

«Tener el salario mínimo sería lo justo», explican los portavoces de los jóvenes investigadores asturianos. Las cantidades que reclaman, por tanto, son modestas. Lo mismo pasa cuando hablan de las horas de docencia. Muchas veces queda en manos del profesor, que los predoctorales den más o menos horas de clase. Otras convocatorias fijan unas horas concretas. «Esto es algo muy importante para nosotros porque cuantas más horas de docencia tengas justificada es mejor para tu futura carrera», comentan. Lo que no entienden es que se les haya dado la oportunidad de hablar, que hayan dialogado y que después no se haya tenido en cuenta ninguna de sus peticiones. «En definitiva, lo que pedimos es acabar con nuestra precariedad», argumentan.

Todavía no saben qué medidas de presión van a adoptar. Primero quieren tener en la mano el borrador para pronunciarse. Pero ya tienen claro que no van a quedarse callados. Estarán en contacto con Precarios.org y no descartan tampoco hablar con los sindicatos y con la propia Universidad. 

Una tomadura de pelo

El malestar no es nuevo. La actual Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación se aprobó en el año 2011. Los investigadores predoctorales vieron en esta norma la oportunidad de dejar de ser vistos como becarios para ser considerados trabajadores de pleno derecho. La diferencia es sustancial. «Este avance tiene una inmensa importancia ya que implica, entre otras cosas, adquirir el derecho a cobrar el paro a cotizar para una futura pensión», explican. Sin embargo, siete años después ese nuevo estatus profesional no se ha concretado. Necesitaba de un marco legal, mediante un estatuto, que sigue sin desarrollarse. Eso era lo que se trataba de hacer ahora y lo que parece haber dinamitado el PP, según denuncian los jóvenes científicos españoles.

Precarios.org matiza que este estatuto tendría que haberse aprobado en 2013, así que el Gobierno está incumpliendo los plazos que marca la propia ley de la ciencia. A mediados de 2017, se sentó a negociar. Esta organización achaca esta decisión «a la presión ejercida por los colectivos predoctorales». En esas conversaciones se abordaron aspectos básicos como la categoría profesional, el salario asociado, el número de horas de docencia, los aspectos relacionados con la conciliación familiar o el derecho a recibir una indemnización al finalizar el contrato. Durante nueves meses debatieron todos estos aspectos. Ambas partes cedieron y llegaron a un punto intermedio, señala esta organización.

«Pero ocurrió algo desconcertante. Nuestra sorpresa llegó cuando desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación nos hizo llegar un borrador definitivo en el que pudimos contemplar que todas las modificaciones surgidas de la negociación había sido totalmente obviadas», denuncia. La versión final es idéntica a la inicial, asegura, así que ninguna de sus exigencias ha sido tenida en cuenta. Alertan del exilio masivo que la precarización puede suponer, unida a los continuos recortes en I+D+i.