El Salario Social se amplía con nuevos complementos

Complementos vitales para menores, personas con discapacidad o dependencia o para el alquiler de la vivienda. Esta es una de las mejoras que el Gobierno del Principado quiere introducir al Salario Social. Lo hará a través de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que está comenzado a tramitar. No es la única novedad. El Gobierno regional pretende configurar un Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que ordene y agilice la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. También introducirá cambios para mejorar la atención de los menores tutelados, regulará las ayudas de emergencia y tratará de mejorar la coordinación entre administraciones. Destaca, además, el hecho de que la ley garantizará el derecho a una vivienda digna y adecuada.

La consejera Pilar Varela aseguró a principios de diciembre que esta ley era una prioridad para su departamento y que pretendía tenerla lista en el mes de mayo. Dos meses después, ha abierto el anteproyecto a consulta pública. Es decir, todas las personas y colectivos interesados podrán presentar sus aportaciones en el plazo de un mes, antes del próximo 7 de marzo.

El propósito

El anteproyecto refleja los trazos gruesos de esta normativa que ya está en fase de tramitación. En primer lugar, pretende ordenar, organizar y agilizar. El documento reconoce que es necesario crear un sistema de garantías debido a la heterogeneidad que existen en los apoyos que las administraciones prestan a las personas que atraviesan situaciones de especial dificultad. Así que habla de salvaguardar los derechos de los beneficiarios y de cubrir sus necesidad de acuerdo a los principios de igualdad y eficacia. Un pilar importante seguirá siendo el Salario Social. El Gobierno reconoce que es el principal instrumento con el que cuenta para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Pero ya ha cumplido diez años de funcionamiento y tiene que adaptarse «a las nuevas realidades».

La consejería reconoce que la llegada de la crisis hizo saltar muchas costuras y mostró aspectos mejorables. «La experiencia adquirida en la gestión de prestaciones sociales básicas, la falta de desarrollo de sistemas de información uniformes que faciliten el diseño de políticas públicas útiles y la dispersión y variedad de la normativa y de los procedimientos» son algunos de los elementos del día a día que se pueden corregir y que justifican la necesidad de embarcarse en esta reforma legal. Cuenta con el soporte del Acuerdo por la competitividad económica y la sostenibilidad social 2016-2019 firmado con los agentes sociales y la patronal. Aquí se recoge la inversión social, que combina los derechos vitales, con la inversión y la idea de fomentar el desarrollo íntregro de la persona, con una perspectiva amplia en la que la mejora se vea incluso a varias generaciones vista. Es decir, que no solo cambie la vida de ese asturiano sino también fije un rumbo mejor para sus descendientes.

Hasta aquí la motivación y las bases. En los objetivos se desarrolla un poco más qué tiene en mente la Consejería de Servicios y Derechos sociales. El primer paso sería crear ese Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Aquí se integrarían todas las prestaciones que reciben los asturianos en situación de vulnerabilidad. Esa ordenación de los recursos permitirá agilizar la tramitación y compaginar de una manera más efectiva las ayudas económicas y los servicios.

No obstante, el Salario Social seguirá siendo el referente. Entre las mejoras que el Ejecutivo asturiano quiere introducir está la atención a todos los integrantes de los núcleos familiares beneficiarios, a través de lo que llama complementos vitales. Así podrá ver qué necesitan los menores o las personas con discapacidad o dependencia o si es necesario completar el alquiler de la vivienda. La idea es que «participen de su condición de verdaderos derechos subjetivos» y, sobre todo, «que no estén sometidos a limitaciones presupuestarias».

En el caso de los menores tutelados por el Principado, señala que el acogimiento familiar es la prioridad sobre el acogimiento residencial. Para conseguir que más familias participen en estos programas y contribuyan al bienestar de los niños y adolescentes. El método que la administración pretende utilizar es recoger las garantías jurídicas necesarias y conseguir abonar a los acogedores las compensaciones económicas de manera directa y ágil.

Otro propósito es que el acceso a una vivienda digna y adecuada sea un derecho reconocido por ley. Al menos, esto quiere hacer la consejería. Esto supone que extiende a toda la población «el derecho a acceder a una vivienda de titularidad pública o a las ayudas públicas previstas para ese fin». Aquí también quiere simplificar. Buscará un procedimiento más directo. También se detallará la adjudicación por emergencia social.