El Gobierno tiende la mano a Podemos en anticorrupción y educación para aprobar las cuentas de 2018

Entregado el proyecto de presupuestos de Asturias para 2018 a la mesa de la Junta General, un texto con un monto global de 4.485 millones de euros de los que más del 66% se destinan a gasto social, el calendario corre hasta el 29 de diciembre como fecha límite para cerrar un acuerdo capaz de aprobarlo con una mayoría parlamentaria en la que el voto determinante lo tiene Podemos. El pacto se buscará «hasta el último minuto, hasta el último momento» en palabras de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, quien emplazó a los grupos prioritarios con los que el Gobierno busca ese pacto --los morados e IU-- a encontrar un consenso que, en su opinión, es más que posible. Todo teniendo en cuenta dos aspectos: que la cifra global del presupuesto ya no se puede tocar (modificarla representaría una enmienda a la totalidad y cualquier modificación debe ser restando de una partida para incrementar otra), y también que la base del posible acuerdo que pudiera alcanzarse pivota sobre cuestiones que, en realidad, «exceden el presupuesto» y están fijadas por «políticas de orientación» que los partidos han ido señalando en el transcurso de las últimas semanas.

Si cualquier acuerdo presupuestario siempre es eminentemente político, más allá de la concreción de las cifras, en el proyecto asturiano para 2018 esta cualidad destaca especialmente. El gobierno socialista ha presentado el texto en solitario con la confianza en resolver el acuerdo en el trámite de enmiendas que debe desplegarse a lo largo del mes de diciembre, las demandas planteadas por los grupos, singularmente Podemos, no se refieren tanto a cantidades de inversión como a iniciativas que han destacado en las últimas semanas: mejoras en la política de vivienda pública, la puesta en marcha de una Unidad Anticorrupción, y como medida estrella y principal, el desarrollo de la integración del ciclo de 0 a 3 años en el sistema público de enseñanza. 

Para todas ellas destacó Carcedo «compromisos» del Gobierno. Algunos fijados en el proyecto de presupuestos, otros como parte de un acuerdo que debe plasmarse a lo largo de lo que resta de legislatura. Para la Oficina Anti Corrupción (que Podemos reclama sea dependiente del parlamento y no del gobierno, algo que los socialistas han aceptado) el texto recoge un crédito de 500.000 euros para su puesta en marcha (490.000 de ellos destinados a gasto de personal); respecto a la demanda morada de aumentar la plantilla del Sespa (algo que no atañe al presupuesto), la consejera destacó que «nos comprometemos a aceptar ese planteamiento cuando estén las listas, en el primer cuatrimestre del año, antes de abril); del mismo modo reiteró el «compromiso» del Ejecutivo para asumir el dictamen de la comisión sobre las listas de espera en la Sanidad y la publicación trimestral del gasto sanitario, de salud mental y de hospitalización. En política de vivienda «está reflejado ese incremento y ese impulso al alquiler, a que no haya viviendas públicas sin reparar a final de año y a que las ayudas sean más estables, para que se cobren semestral o trimestralmente y no a final de año», destacó Carcedo quien señaló además que se incluye expresamente a los desahucios de alquiler dentro de los procedimientos de emergencia.  

Pero la cuestión capital será la escuela de 0 a 3 años. En el presupuesto se recoge sobre este punto un aumento de la transferencia al modelo actual (gestionado por los ayuntamientos pero financiado por la comunidad) de 1,8 millones de euros. El plan incluye la apertura de siete nuevas escuelas en otros tantos concejos. Podemos quiere que se establezca un modelo integrado en el sistema público y gratuito pero la consejera advirtió de que «gratuito no hay nada y hay que poner un sistema fiscal para abordarlo». De momento la oferta del Ejecutivo pasa por ampliar y extender el modelo vigente a la par que se concreta un acuerdo entre los grupos para buscar esa integración, una en la que se garantice la conciliación de las familias de los alumnos y con financiación suficiente si se va a extender a la totalidad del territorio (en la actualidad se ofrece en la mitad de ayuntamientos) y que además sea obligatorio y no voluntario; para ello «nos comprometemos a darle la cobertura legislativa necesaria mientras se trata de extender» el sistema actual. Carcedo apuntó que esperan contar con un informe en el mes de marzo sobre sobre el coste que tendría esa red y una vez conocidas las cifras «ir adaptando a ese coste» el presupuesto siguiente, el de 2019. 

La otra pata del acuerdo, Izquierda Unida, había demando un incremento en la cifra inicial destinada al gasto social. Carcedo señaló que, en su opinión, esta demanda también está recogida en el texto porque esta partida «es muy importante en el presupuesto» --el gasto social son 2994 millones, el 66,7% del total-- y apuntó que otras reclamaciones de la coalición relativas a «la ley de garantías y mínimos vitales están recogidas». La consejera destacó además que aumentaban en más de 96.000 euros los fondos destinados a la promoción de la lengua asturiana con 70.000 dedicados a su impulso en en la televisión autonómica.

«El proyecto tiene una opción, una posibilidad» de salir adelante con un acuerdo que, según destacó la consejera, se mantiene «en una negociación abierta, en la que se han producido avances pero no hay nada cerrado todavía». El compromiso político será clave en las semanas que quedan por delante, días en los que se sucederán las comparecencias de cada consejero en la Junta General, los debates en el pleno, y las enmiendas presentadas. Queda por saber si todos los compromisos políticos que sobrevuelan el texto de números concretos serán aceptados por todas las partes implicadas.