El Gobierno quiere diferir la implantación del ciclo 0 a 3

La integración del ciclo de 0 a 3 años en el sistema educativo asturiano es una de las claves de la negociación presupuestaria. Se trata de una de las demandas prioritarias de Podemos para cerrar un acuerdo con el Ejecutivo socialista y cuanta además también con el interés tanto del propio Gobierno como de la tercera parte del acuerdo, Izquierda Unida. Pero aunque el objetivo sea ampliamente compartido (es de hecho también una reclamación de los grupos conservadores de la cámara, aunque en su caso con una apuesta que no tiene lo público como pilar y sino con participación de la iniciativa privada) las discrepancias están en los detalles, en los diferentes modelos de organización y gestión, y no son pocas ni tampoco menores. 

Este martes, el presidente asturiano, Javier Fernández, señalaba que no era un asunto que se pudiera llevara a la práctica «de manera inmediata». La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, destacaba que el compromiso de su grupo pasa por debatir el modelo con las otras formaciones en el parlamento y que el Ejecutivo presente durante el primer cuatrimestre de 2018 un documento para analizar las opciones de la red, que, según citó la agencia EFE, de este modo se buscaría el medio de dar cobertura normativa al nuevo modelo a lo largo de la legislatura. Mientras tanto, a través del presupuesto se seguiría extendiendo la red y se revisaría la cuota que pagan las familias.

En la misma jornada, el portavoz de Podemos en el parlamento, Emilio León lanzó una advertencia: la de que se mantendrían en la mesa de negociación de los presupuestos pero que su apuesta pasa porque «la mejor solución para la escuela de cero a tres años, la más eficiente y económica para resolver los problemas que tiene actualmente la red, es su integración en el sistema público, mantenerla como una etapa educativa voluntaria y gratuita para las familias». 

Un sistema público, gratuito y universal. Son las tres demandas de los morados; sobre la primera hay un consenso más que amplio entre los otros dos interlocutores en la negociación, pero respecto a las tras dos hay todo un paisaje de matices. En la actualidad, el modelo de escuela infantil en Asturias se apoya en centros que dependen de los ayuntamientos pero que son financiados por la administración autonómica. En este sistema trabaja alrededor de 540 maestros, la mayor parte de ellos mujeres. La integración plena en el sistema público de esta infraestructuras tiene un coste aproximado (barajado en varias ocasiones por la Consejería de Educación) de alrededor de 20 millones de euros. Pero el dinero no es el principal problema, ni mucho menos.

Por un lado, los morados quieren hacer de la integración plena en el sistema público una «conquista social» en la que Asturias sea «pionera»; pero los obstáculos no son pocos a la hora de concretar la manera en la que podría llevarse a cabo, especialmente en lo que atañe a una plantilla que pasaría a formar parte del cuerpo público sin pasar por unas oposiciones. Hay un precedente en Asturias, en el ámbito sanitario, que se saldó con una solución no exenta de polémica: la integración de la plantilla del Hospital del Oriente, el Grande Covián (dependiente de una fundación) en el SESPA. Fue en 2011 y un lustro después todavía era fuente de discusión en el ámbito parlamentario. Todavía el año pasado, el consejero de Salud, Francisco del Busto detallaba en la Junta General que mientras el personal del SESPA había pasado un proceso selectivo y tenía la consideración de laboral fijo, los subrogados del Oriente son «personal indefinido con destino fijo en el hospital de Arriondas», con las mismas condiciones, en todo caso, respecto a «horarios, jornadas, retribuciones, permisos y vacaciones».

«Garantías jurídicas», es una de las condiciones que manejan en el gobierno de cara a buscar una solución para el profesorado de infantil si se integra en el sistema público. Garantías de cara a una futura aprobación de una ley orgánica en el Estado que pudiera superar lo que fuera se llevara a cabo en el ámbito autonómico y, también, respecto a los horarios de un servicios que, según insisten, debe combinar el factor educativo con el de la conciliación por parte de las familias de los alumnos. 

La otra cuestión en la que se entrecruzan los matices es la de la gratuidad. Ya en el mismo debate de Orientación Política, el presidente asturiano mantuvo un breve rifirrafe sobre este punto al señalar que no hay nada gratuito sino que los servicios se pagan «o con un impuesto a los ciudadanos o con un precio a los consumidores». No es una cuestión baladí, si bien un monto de 20 millones de euros no supone una carga desproporcionada para las cuentas de la comunidad, hay discusión sobre si un servicio como el de la educación infantil puede dar la misma oferta independientemente del nivel de renta de los padres de los niños, no todos los grupos consideran «justo» que la escuela sea gratuita tanto para familias acomodadas como desfavorecidas. En todo caso, insisten en que la discusión está abierta y la voluntad para llegar a un acuerdo en esta materia que se concrete en los presupuestos es «máxima». Pero está abierto también si aceptar prolongar una solución en lo que resta de legislatura sería satisfactorio para todos los implicados en las conversaciones.